Industriales advierten posibles incumplimientos ambientales de Chile ante la OCDE

La apertura de fronteras para la exportación de residuos peligrosos y eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos más señalados tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.

La apertura de fronteras para la exportación de residuos peligrosos y eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos más señalados tras la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.

La empresa Recicladora Ambiental (RAM), que se dedica al reciclaje industrial de baterías de auto fuera de uso y residuos plomados de la minería, entregó una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, para advertir la posibilidad de que Chile no cumpla los acuerdos internacionales que ha suscrito si se libera la exportación de residuos peligrosos.

Los directores de la firma, Antonio Carracedo y Federico Fanta, plantearon su preocupación por el modo en que el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo la elaboración del reglamento de la Ley REP para la exportación e importación de residuos, donde no se contempla una consulta pública abierta conforme a las recomendaciones regulatorias de la OCDE, ya que sólo han sido convocados a su discusión los potenciales exportadores de las baterías fuera de uso, sin compartir el texto del futuro reglamento.

Igualmente, señalaron que la eventual derogación del Decreto Supremo Nº 2 del Ministerio de Salud, que se seguiría al reglamento, y que prohíbe la exportación de baterías de plomo fuera de uso, implicaría además el fin de la industria del reciclaje en Chile -uno de los objetivos buscados con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor- poniendo en riesgo la eventual entrada de cualquier otro actor al mercado.

La carta subraya además que el decreto que se pretende eliminar “ha sido exhibido en el informe de Chile para la Evaluación de Desempeño Ambiental 2016 de la OCDE como uno de los pocos logros alcanzados por el Estado en materia de gestión de residuos” y que su promulgación “es la única acción que el país ha podido mostrar en cumplimiento de alguno de los cinco instrumentos de la OCDE relacionados con movimientos transfronterizos de residuos”.





Presione Escape para Salir o haga clic en la X