Una nueva sesión tuvo lugar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados: rectores del Consejo de Rectores, parlamentarios y la Ministra de Educación se reunieron para analizar diferentes puntos de vista sobre el proyecto de Reforma a la Educación Superior y el protocolo presentado por el Ejecutivo.

Los primeros en exponer fueron los representantes de las universidades públicas no estatales del Consejo Rectores. El presidente de la Red del G-9 y rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, resaltó la trayectoria, avances en investigación y el nivel de calidad que aportan al país las casas de estudios que él representa. El bloque, además, se quejó que la reforma contemple una excesiva injerencia de los gobiernos de turno en el Consejo de Aseguramiento de la Calidad.

Elórtegui también tubo palabras para referirse a las públicas diferencias exhibidas por los rectores del G-9 con sus pares de las universidades del Estado. La polémica desatada por las formas de financiamiento no parece tener fin: la autoridad solicitó que se fortalezca a todas las universidades del Consejo de Rectores, no solo las pertenecientes al Estado.

En tanto, el vicepresidente del Consejo de Rectores y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, instó a debatir sobre el sistema universitario en su conjunto y su contribución para el desarrollo de Chile.

Para el representante del CRUCH, está pendiente un marco regulatorio que distinga entre el propósito de tener un sólido sistema de educación superior y lo que se ha hecho llamar “la industria de la educación superior”.

En esa línea, Valle afirmó que deben elevarse las exigencias para el aporte privado al sistema de educación, al tiempo que el Estado reconozca a las universidades que se han consolidado a partir de sus proyectos institucionales:“No podemos pensar el sistema de educación superior solo desde las estatales, o solo desde el Consejo de Rectores, o solo desde las universidades que no pertenecen al CRUCH. Todos caeríamos en un error gravísimo si no somos capaces de reconocer los efectos estructurales que tiene el sistema hoy. En la actualidad, el sistema no responde a las necesidades de, por ejemplo, desarrollar más ciencia básica en el país”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, diputado Alberto Robles, se refirió a las exigencias que deben cumplir las instituciones a la hora de recibir fondos estatales y la disposición de las públicas no estatales a someterse a controles. En ese sentido, llamó a las universidades que “dicen tener un rol público” se dejen fiscalizar por el Estado, porque si se “decidiera financiar por igual a las estatales de las que tienen un rol público, no es posible plantear que las platas públicas no tengan control” y agregó que ésta “es una garantía de un control proactivo”.

Al respecto, el rector de la Universidad de Antofagasta y vicepresidente del Consorcio de Universidades Estatales, Luis Alberto Loyola, reclamó que el Aporte Fiscal Directo para los planteles que él representa debiera ser controlado y transparente, pero a la vez, no impedir la gestión institucional. Su llamado es, por un lado, elevar los montos de dinero para lograr cubrir los gastos de operación y, por otro, que se dé cierto margen de libertad para que la Contraloría no esté fiscalizando cada uno de los mínimos movimientos.

En términos generales, los rectores del CRUCH coincidieron en que la Reforma a la Educación Superior debiera focalizarse más en el subsidio a la oferta, especialmente para aquellas universidades que cumplen roles sociales.

De este modo, se anticipa el debate que se espera se profundice en el Congreso, una vez que se apruebe la idea de legislar la indicación sustitutiva que despachará del Ejecutivo.