El año que está por terminar tal vez sea el peor para Cristina Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015. La justicia decidió el martes 27 inculparla por segunda vez en el año. Esta vez se le acusa de haber otorgado obras millonarias en favor del empresario Lázaro Báez, hombre muy cercano a la pareja Kirchner. “Asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos” son los cargos por los que deberá responder.

El magistrado Julián Ercolini subrayó que se “encuentra acreditado” que Kirchner y los otros hoy por él procesados “habrían formado parte de una asociación ilícita (…) destinada a cometer delitos”. Fue también preciso con las fechas: “entre el 8 de mayo del 2003 y el 9 de diciembre de 2015”. Durante ese tiempo Cristina Kirchner se habría apoderado “ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial” en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia del Sur.

Tras conocer el fallo, Fernández de Kirchner respondió por Twitter. Dijo que la “asociación ilícita fue la figura penal creada por gobiernos de facto utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”.

El beneficiario de las maniobras por las que la expresidenta deberá comparecer en un proceso es el empresario Lázaro Báez, detenido desde abril pasado. Báez, empleado del Banco Nación el la provincia de Santa Cruz, creó una empresa, grupo Austral, una semana antes que Néstor Kirchner, presidente de Argentina entre 2003 y 2007 y esposo de Cristina, asumiera la presidencia del país. Hombre cercano al presidente, Báez se convirtió en el empresario más beneficiado por los trabajos públicos en esa provincia. El grupo Austral ganó licitaciones por 2,200 millones de dólares durante el mandato de Kirchner. La cifra implica que Austral se adjudicó en 78,4% de los concursos para adjudicar obras.

El juez Ercolini dictó también un embargo por 10,000 millones de pesos -alrrededor de 630 millones de dólares- de Cristina Fernández, y ordenó se procese a otros ex funcionarios de su administración. El tribunal que juzgue a la exmandataria deberá determinar si las licitaciones de las que Báez fue beneficiario fueron lícitas o no.

La fecha para el juicio oral no ha sido determinada. Este nueva causa contra la exmandataria es la más complicada que deberá afrontar, sobre todo en lo político porque deberá lidiar con ella durante 2017, año electoral decisivo.