El negocio de las Isapres se inició en 1980 junto con la Constitución Política de Chile que puso a competir a la salud pública y privada. Lo establecido en el artículo 19 – 9 de la Carta Magna dice que “es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

Este sistema administrativo de salud hoy está en crisis, ya que los holdings que controlan las Isapres son también los dueños de las clínicas. Según lo permite la ley las aseguradoras de salud y prestadores de servicio pueden ser controlados por las mismas personas.

Asimismo, lo descrito en la Constitución hoy no se cumple, ya que las personas no pueden elegir libremente ingresar a estas instituciones, ya que los montos que cobran son más altos y excluyentes para las mujeres en edad fértil, niños menores de dos años y para la tercera edad.

Por otra parte, cada año más de 185 mil usuarios de las Isapres demandan a las compañías por alzas unilaterales en sus planes, recurso de amparo que generalmente obtiene fallos favorables a los clientes, puesto que este reajuste en la mayoría de los casos se basa en que las clínicas han aumentado el precio de sus prestaciones en vista que dichas instituciones son parte del patrimonio de las aseguradoras.

La salud de la dictadura

Las relaciones de poder que han tejido los grandes conglomerados de las Isapres se encuentran blindadas, pero esta burbuja de protección será investigada, ya que la Contraloría General de la Republica emitió un dictamen que obliga a la Superintendencia de Isapres a investigar la integración vertical del negocio y en específico la relación que existe entre Cruz Blanca, Banmédica y Másvida.

El sociólogo Manuel Antonio Garretón cree que “hay un mundo oscuro, gris en la relación entre Isapres, clínicas y el mundo farmacéutico en que hay tipos de arreglos, relaciones y flujos que se ignoran. Todo esto está impidiendo el acceso a una salud de calidad y a un control por parte de la ciudadanía, ya que la salud, al igual que la educación, es considerada un negocio, más que un servicio público en términos del derecho de la salud”.

Un ejemplo de esto es el megacontrol que tiene la aseguradora Banmédica, perteneciente al grupo PENTA. Este conglomerado es dueño además de Clínica Santa María, Clínica Dávila e Isapre Vida Tres, así como también les pertenece el centro médico Vidaintegra, entre otras inversiones asociadas a la salud.

Si se desglosa esto, el mismo grupo controla Clínica Santa María, Clínica Dávila, Help, Clínica Vespucio, Clínica Bíobío, Clínica Ciuidad del Mar, Vidaintregra y Home Medical Clinic. Así como también, la fundada en 1986 Vida Tres, iniciativa de las clínicas Alemana, Las Condes e Indisa.

La integración vertical refiere a la expansión de un negocio sobre toda la cadena de valor que se genera en una industria, en este caso el holding Penta es dueño de Banmédica que percibe el 7 por ciento de la renta de sus afiliados y es dueña de los centros médicos, laboratorios y clínicas donde sus usuarios se atienden.

El abogado Carlos Tagle, que ha demandado por años a las isapres por el alza unilateral de sus planes dice que “cuando las isapres hacen la adecuación de los valores de los planes, que siempre son al alza, ellos alegan que las clínicas han subido los precios, y claro, si ellos son los dueños de los centros médicos y clínicas es muy fácil hacer esta operación. Con esto las aseguradoras justifican su alzas, pero el dinero queda en el mismo pantalón, solo se cambia de bolsillo”.

Asimismo, el jurista especificó que “la ley debería regular el hecho que una persona pueda ser accionista o dueño de una aseguradora y también pertenecer al directorio de las clínicas, ya que si son los dueños de los dos, cualquier modificación o alza puede desequilibrar todo el sistema”.

Esto es justamente lo que por años ha planteado el Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón, cuando se refiere a los enclaves autoritario que aún siguen presentes en esta prolongada transición que aún no termina. “El gobierno de Michelle Bachelet prometió una cantidad de reformas fundamentales, entre ellas la reforma a las Isapres, y esto no se cumplió y eso no se ha podido hacer en parte, porque la Constitución no lo permite y cada vez que hay una reforma profunda, los sectores de derecha van a reclamar al Tribunal Constitucional, institución  hecha para preservar el modelo económico – social y que define las cosas casi por empate con el voto del presidente, por lo tanto, está hecho para que no se pueda cambiar el modelo socio-económico”, profundiza el académico de la Universidad de Chile.

Para el abogado Carlos Tagle, a lo que deberían apuntar  los legisladores es a “que áreas específicamente sensibles como la salud, no estén en manos de la misma persona o un mismo grupo económico, porque así es muy fácil inflar el valor de la salud. Además, es necesario especificar que la salud es un área que está garantizada por la constitución a todos los chilenos y hoy ese derecho está siendo vulnerado”.

Hilando más fino, existen nombres que saltan a la vista cuando se hacen las asociaciones dentro de esta mega industria financiada por los chilenos de clase media. Uno de los accionistas de Banmédica, Gonzalo Ibañez, es también presidente de Clínica Santa María y Clínica Dávila. Un personaje clave dentro de este negocio millonario que tal como sus compañeros de la Universidad de Chicago llegaron en los años de dictadura a privatizar los servicios básicos del país.

Reforma con freno

La reforma a las Isapres es un proyecto históricamente olvidado. La Presidenta Michelle Bachelet ingresó a su segundo gobierno y conformó una comisión asesora presidencial que tenía como encargo emitir un informe con propuestas para reformar el sistema de aseguradoras de salud.

El informe de la comisión fue entregado al ejecutivo en octubre de 2014 y con una nueva edición en septiembre de 2015. Además, esta misma comisión elaboró el proyecto de ley que reformaría este sistema. Andras Uthoff, quien apoyó la campaña de Michelle Bachelet y fue miembro de esta comisión como economista experto, con decepción dice que una vez que este grupo terminó la redacción del informe y buscaron impulsarlo se encontraron con el freno del Ministerio de Hacienda.

Según Uthoff  “el ministerio de hacienda está en una coyuntura difícil y el Ministro no quiere tocar a ninguna industria, quiere recuperar las inversiones y el crecimiento, aunque sea a costa de la seguridad social y eso es lamentable. El informe que nosotros elaboramos en la comisión atacaba todas estas cosas, prohibía el crecimiento vertical, exigía mayor regulación, pero lamentablemente todo esto lo paró el Ministro de Hacienda”.

El economista además agregó que luego que terminó su trabajo en la comisión lo contrataron para impulsar el proyecto, pero renunció puesto que se aburrió de “calentar el asiento”. “No estoy disponible para estar cobrando por hacer nada, esperando que se tomen decisiones que se debieron tomar hace años atrás, yo no cobro para estar esperando que se tomen la decisión correcta”, declaró el economista.

En el mismo tenor el diputado Juan Luis Castro, quien es parte de los autores de un proyecto de ley que busca sancionar el crecimiento vertical de las isapres dice que “las condiciones del país ameritan que haya una nueva ley, la gente está cansada de los abusos permanentes en los precios de los planes y en la indefensión cuando necesitan a las isapres sobre todo los adultos mayores, las mujeres en edad fértil y los niños menores de dos años. Los grupos más vulnerables tiene los precios más altos del sistema”.

A esto el parlamentario del Partido Socialista agregó que “existe un compromiso de la Presidenta de la Republica que está en su programa de gobierno, hay una comisión presidencial que elaboró un informe completo en 2014, están las bases para poder reformar el sistema privado de salud y a mi juicio no hay razón para que haya una nueva postergación a otro gobierno cuando hay una sociedad que clama todos los días  por resolver sus problemas de salud, con un sistema que está plagado de letra chica, plagado de cláusulas abusivas y sobre todo por el gasto enorme que tienen que hacer los usuarios por un sistema de salud que no responde cuando más lo requiere”.

El temor de Andras Uthoff es que “este proyecto avance en una mala dirección y como el proyecto que nosotros construimos está parado por Hacienda, lo más probable es que lo que emane de ahí sea favorable a la industria y eso sería nefasto. Es decir, uno puede hacer una ley corta dejando muchas cosas amarradas para que a la industria no le ocurran grandes cosas: cuestionar la integración vertical, la selección de riesgo, mancomunar recursos, que más gente pueda acceder al sistema. Cosas que hoy no se hacen y que tienen esto convertido en un sistema que da buena salud para los ricos y muy mala para los pobres”.