“Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, es el nombre del reportaje de la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascale Bonnefoy, quien denunció mediante este artículo la quema de archivos que almacenaban información de los principales organismos de inteligencia que operaron en dictadura.

Según indicó la periodista, estos archivos fueron destruidos el año 2000, “mientras el Ejército negaba su existencia ante el requerimiento de jueces que investigaban causas de derechos humanos”.

Durante ese tiempo el tema estaba en el centro del debate por la permanencia de Augusto Pinochet en Londres y la instalación de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, que buscaba discutir el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en dictadura.

¿Qué fue lo que ocurrió el año 2000?

A fines del año 99 el director de inteligencia del Ejército, el general Eduardo Jara, dio la orden a la mayor Mercedes Rojas, quien era jefa de la sección Archivo del Departamento de Contrainteinteligencia del Ejército, de revisar unos 50 rollos de microfilmes aproximadamente que estaban guardados en una bóveda especial y climatizada, donde también se almacenaban otros archivos.

Esos 50 rollos fueron traspasados desde la Central Nacional de Informaciones (CNI) a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), después de su disolución en el año 90. La orden era revisar estos microfilmes para ver si había algo pertinente en derechos humanos, porque estaba en funciones la Mesa de Diálogo, cuyo objetivo era recabar antecedentes sobre detenidos desaparecidos. Además, se había acumulado centenares de querellas en contra de Pinochet que estaba en Londres. Era un punto bien álgido, donde por primera vez desde el retorno a la democracia estaba la oportunidad de abrir juicios y hacer investigaciones serias.

Según las declaraciones judiciales, se demoraron alrededor de dos meses en hacer la revisión y se concluyó  que no había nada relevante, que lo archivos estaban estorbando en la bóveda. Fue ahí cuando el general le dio la orden de incinerarlos.

La mayor Rojo fue con dos suboficiales de la sección archivos de la DINE a la escuela de inteligencia de Nos para tirar los microfilmes a un horno. Ellos dicen que no quedaron copias, ni siquiera las de seguridad.

Una de las cosas muy extrañas es que todo fue verbal y nada quedó por escrito. Se supone que en el servicio público cuando se destruye algo debe quedar un informe.

Sí, debe quedar un acta de incineración. Acá no hubo nada y la razón que dan parece un poco ridícula. Ellos dicen que como estos archivos venían de la CNI en realidad no eran archivos oficiales del Ejército, entonces no se requería oficializar su incineración.

De todos modos, al final de la dictadura se firmó un decreto de ley del año 89 que permite a la Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa quemar sus archivos si así lo estiman conveniente, en vez de pasarlos al Archivo Nacional como toda la administración del Estado cada cinco años.

Ese decreto sigue vigente y hace un par de años los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson presentaron un proyecto de ley para abolirlo, con la intención que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa tuviera la obligación de traspasar sus archivos al Archivo Nacional. Sin embargo, la iniciativa sigue ahí durmiendo en el Congreso.

Desde el Ejército podrían decir que lo hicieron legalmente, pero es un tema político, ético, moral e histórico, destruir esta posible evidencia.

No conocemos el contenido de esos microfilmes, pero podríamos deducirlo ¿Qué es lo que habría allí? ¿Por qué es tan grave que esos archivos se hayan quemado?

Esto surgió a raíz de la investigación por la muerte de Eduardo Frei Montalva. El ministro Alejandro Madrid empezó a tomar declaraciones y a preguntar sobre la información que tenía la CNI respecto de la muerte del ex presidente. De ahí comenzaron a hablar de estos archivos y qué había sido de ellos, pero es una investigación que no se completa porque el ministro Madrid estaba preocupado del asesinato de Frei.

Varias de las personas que declararon dicen que estos archivos eran meramente administrativos, aunque fuese así, el personal, sus datos y el funcionamiento de la CNI sigue siendo información relevante.

Por otro lado están los ejecutivos de Kodak, que les vendieron los equipos y materiales necesarios para hacer las grabaciones, además de capacitar a partir del año 77 a los miembros de la CNI. Ellos dicen que vieron copias con nombres tachados, que eran como carpetas sobre hechos y personas, que había muchos planos, prensa y cédulas de identidad.

También hay otra declaración muy importante de un suboficial en retiro, que no me quiso hablar. Él comenta que cuando llegó a la división de informática de la CNI escuchó de un empleado civil que estaba encargado de codificar la información, que Manuel Contreras había retirado tres rollos referidos al asesinato de Orlando Letelier algunos años antes. Eso ya no tiene nada que ver con asuntos administrativos de la CNI.

Según un ejecutivo de Kodak ellos comenzaron a microfilmar a partir del año 77, apenas comenzó la CNI, lo que les llegó de la DINA. Entonces no solamente es lo de la CNI. Al parecer en su último periodo la DINA tenía equipamiento pero era muy básico.

En resumen, no sabemos exactamente lo que contenían esos microfilmes, pero cualquier cosa es importante. Puede haber información sobre el destino de desaparecidos, nombres de personal de la CNI o listas de operaciones. Lo relevante es que lo quemaron y lo hicieron el año 2000.

Cuando esto ocurrió el comandante en jefe del Ejército era Ricardo Izurieta y era la época en la que decían que no tenían más información, algo que se repite hasta hoy ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto?

Según jueces y detectives, con los años el Ejército ha sido un poco más colaborador con la información que por muchos años negó que existía. Lo mismo ocurre con los consejos de guerra, los sumarios y fichas de las fiscalías militares del año 73. Esas cosas están guardadas.

Tal vez ha habido mucha tibieza en exigir que lo entreguen. Yo tiendo a pensar que no todo fue destruido. Ningún organismo de inteligencia, que se digne de ser, va a destruir todos sus archivos. Creo que Contreras se quedó con algo, al igual que la DINA. Hay responsabilidades en todo esto. Izurieta está fallecido, entonces no podemos preguntarle qué pasó en ese periodo. Él reemplazó a Pinochet y estaba cuando se quemó todo esto.

Cuando se hizo la incineración en Nos el director de la DINE le informó al jefe del Estado Mayor, Patricio Chacón, quien tendría que haberle informado también a Izurieta. Yo no creo que se haya destruido todo esto para desocupar espacio.

¿El poder civil no ha podido o no ha querido lograr que las cosas sean de una manera distinta en este tema puntual?

Tal vez ambas cosas. Tú lo puedes exigir, el ministro Alejandro Solís de la Corte de Apelaciones hace unos ocho años atrás exigió ver los archivos que tenía la DINE. A él lo invitaron y cuando lo entrevisté para este artículo me dijo que le habían expuesto cosas sobre Bolivia, Perú y después le mostraron una bolsa de basura y de dijeron despectivamente que si quería revisaba eso. Hasta ahí llegó con la DINE.

Ahora él es el coordinador de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, debería ser el intermediario para lograr algo. Es cierto que existe una nueva generación de oficiales, pero está toda la nebulosa del pasado y no sabemos quién se quedó con qué.

Me ha llamado mucho la atención el poco interés que existe sobre este tema. Las autoridades y el Ejército no dirán nada si nadie les pregunta. Cuando estaba preparando el artículo pedí comentarios al programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y no quisieron referirse al tema.

Yo no sé si este país está muy cansado de hablar de la dictadura, pero nadie parece tomarle el peso al hecho de que se quemaron los archivos de la represión el año 2000, en medio de la Mesa de Diálogo.