Durante el pasado mes de septiembre, en medio de la huelga de hambre y negociación con el Gobierno de los imputados en el ‘Caso Iglesia’, Yolanda Melihuén Sandoval (59), verdulera en las calles de Temuco, llegó hasta las oficinas del Consejo de Todas las Tierras para entregar una carpeta con documentos relevantes.

El dirigente de la organización y actual candidato a senador, Aucán Huilcamán, recibió personalmente los archivos y quedó de contactarse con la mujer. No los revisó de inmediato, debía viajar al día siguiente a Europa, por lo que recién al regresar de su periplo se percató del contenido de los papeles: el contrato de arriendo del terreno en que se encuentra el templo siniestrado en el ‘Caso Iglesia’, el que daba luces de un negocio no muy transparente.

El 29 de julio de 1987, ante el notario público Venancio Lisboa Echeverría, comparecieron Yolanda Melihuén, dueña del terreno, y Manuel Fuentealba Castillo, pastor de la ‘Iglesia del Señor’ de Padre las Casas desde hace 28 años. Este templo hoy es de alta connotación pública, puesto que fue incendiado durante junio de 2016, dando inicio al caso que mantiene en prisión preventiva a cuatro comuneros mapuche: Alfredo Tralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, quienes están ad portas de enfrentar un juicio oral.

El contrato de arriendo suscrito aquella vez, por 0,65 hectáreas, planteaba los siguientes términos. Primero, que el precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, sería de $200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.

Luego, se estipuló que el plazo de arrendamiento sería de 99 años a partir de aquel día de julio de 1987, los que serían prorrogables de manera automática por otros 99 años, es decir, el contrato tiene una vigencia de 198 años.

También el documento plantea que de fallecer las partes, ya sea Melihuén o Fuentealba, el contrato no expirará y continuará con los respectivos herederos. Por último, estipula que al terminar la vigencia del negocio, la parte arrendadora deberá pagar el costo de cada construcción que se haya levantado en el terreno, por el valor que tengan a la fecha en que se realice el pago.

Recuperar la tierra

Desde hace años que Yolanda Melihuén intenta terminar con el arriendo del terreno, del cual ella es vecina, pero no le ha resultado fácil. Su nivel de educación, el que se entiende en términos formales y útiles para realizar trámites legales, es escaso. Es analfabeta, e incluso, según señalan personas que la conocen, a la hora de firmar un papel puede tardar minutos.

Existió una causa en tribunales civiles que buscaba invalidar el contrato, sin embargo no llegó a buen puerto para Melihuén. La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó la nulidad en 2009 y actualmente el caso se encuentra archivado. A los antecedentes de este juicio no pudimos acceder, debido a que no se encuentra la totalidad de la documentación en la consulta de causas en línea del Poder Judicial.

Sin embargo, la avanzada no se ha detenido, menos actualmente que su terreno figura constantemente en los medios de comunicación por el mediático caso que involucra al templo y a comuneros mapuches.

Por lo mismo, en un nuevo intento, Yolanda Melihuén recibió ayuda para enviar una carta a Matías Sanhueza, presidente del Consejo de Pastores de La Araucanía, con tal de entregar detalles de su situación, esperando que la organización evangélica empatizara y la ayudara.

En la misiva la mujer relata que tras firmar el acuerdo se le negó una copia del contrato, la que después de mucho insistir, se le entregó recién cuatro años después, momento en el cual se enteró, gracias a que alguien le leyó el documento, de que el arriendo no era por 99 años, sino que por el doble de tiempo.

Acusa también que vivió constantes trabas incluso con sus mismos abogados durante las demandas, lo que habría dilatado las causas facilitando la prescripción.

“Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme”, señala la mujer en la carta.

Contactada por nuestro medio, Yolanda Melihuén manifestó que al momento de ir a firmar el contrato, ella no sabía que era por 198 años ni tampoco conocía los otros términos. Aparte de arrendador y arrendatario, no hubo testigos ni alguien de confianza de Melihuén que pudiera leer el documento escriturado.

En el terreno actualmente, a metros de la comunera, vive el pastor Fuentealba y las familias de sus hijos, quienes por contrato no pagan un arriendo mensual. Radio Universidad de Chile contactó a una de sus hijas, pero no quisieron entregar su versión como familia.

¿Es legal el contrato?

El marco jurídico en el cual se firmó este arriendo es el Decreto Ley 993 que rige el arrendamiento de predios rústicos. Bajo este marco no se establecían límites de tiempo de arriendo.

Aunque a estos contratos sí se les puede poner término de manera anticipada bajo algunas situaciones. Por ejemplo, el no pago de arriendo o el uso indebido del terreno. El cuestionamiento que hacen algunos como Huilcamán es que la comunera es analfabeta, por lo que era un aprovechamiento hacerla firmar un contrato sin testigos.

El de Yolanda no es un caso puntual. A inicios de los años noventa, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas revisó los contratos de arriendo de los terrenos de mapuches en la Región de La Araucanía.

“Una situación muy grave está sucediendo en varias localidades de la IX Región, ya que en forma fraudulenta, pero legal, inescrupulosos están arrendando tierras indígenas por un lapso de 99 años, enajenándolos –a través de esta fórmula- de su propiedad”, dijo por aquel entonces a un medio de prensa el hoy fallecido subdirector de la Comisión, Víctor Hugo Painemal.

El dirigente también añadía que “existen casos en que a los propietarios los han hecho creer que el contrato es por cuatro años, en circunstancia que es por 99 y les han cancelado 250 mil pesos, por casi un siglo de explotación de tierras. Es una situación de compra fraudulenta. La ley prohíbe la venta de tierras indígenas a quienes no lo sean, pero a través de este sistema se están apropiando de igual manera”, indicaba.

Painemal llamaba a que los notarios no aceptaran este tipo de casos, puesto que era común que los comuneros fueran analfabetos.

Actualmente Yolanda Melihuén, respaldada por Aucán Huilcamán, apela al Consejo de Pastores de La Araucanía a que conversen con la familia Fuentealba, para que lleguen a un acuerdo en el cual puedan dar término al contrato. Aún no reciben respuesta.

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