“No es posible que la causa por extorsión hacia Peralino quede empantanada por el veredicto del caso Luchsinger- Mackay”. Así lo planteó para este reportaje la werken (mensajera en mapudungun) de la machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros.

El miércoles 25 de octubre pasado fue la última audiencia del juicio oral de la causa que buscó esclarecer la muerte de la pareja de parceleros, Werner Luchsinger y Vivian Mackay, en el Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco. Había mucha expectación mediática y, desde temprano, comenzó a congregarse gente a las afueras del recinto. Los familiares de los comuneros mapuches acusados esperaron hasta que los gendarmes dieran la autorización de ingreso y, mientras, colgaron lienzos en la reja del lugar aludiendo a la libertad de la machi y de los otros diez prisioneros. Y cuando llegó la familia de los Luchsinger también hizo lo suyo: colgaron una bandera chilena en medio de todas esas pancartas y se escuchó decir: “Chile es uno y la Justicia igual para todos”.

Después de una audiencia que duró no más de 15 minutos, esa mañana los tres ministros del Tribunal pusieron fin al encarcelamiento de 1 año y 7 meses que cumplía la mayoría de los imputados en el caso. Entre los flashes y las grabadoras, salió la machi Francisca junto a su vocera, los Catrilaf, los Tralcal y José Manuel Peralino Huinca. Este último acompañado por su hermano Alejandro Peralino, presidente de la comunidad Santos Curinao II, de Vilcún.

Pero José Peralino siempre ha estado en una posición compleja y así sutilmente se advirtió al salir de la audiencia. El gendarme le preguntó: “Peralino, ¿vai a salir?” y, a la primera, no obtuvo respuesta. Todos celebraban el fallo, pero ¿cuál sería la reacción con el que en un comienzo había delatado, con el que permitió que siguiera adelante el montaje y, por ende, quien se llevó muchas veces el apelativo del “sapo del caso”? Una imagen que, sin duda, fue reforzada comunicacionalmente por algunos medios de comunicación.

Ese era un temor, el motivo de su duda, hasta que al fin le dijo al gendarme que iba a salir y se quedó a un costado de la reja con sus dos hermanos. Los que se acercaron fueron contados con las manos: un par de periodistas, abogados defensores que le comentaron, por ejemplo: “Oye, no andí diciendo que no te saludamos, si siempre te damos la mano como corresponde. Usted también es víctima de esto”, y algunos dirigentes mapuche que le tomaron su número ante cualquier noticia sobre su causa particular. Pero los abrazos efusivos no fueron la regla para él.

Por lo mismo, lo primero que dijo José Peralino al consultarle su opinión sobre el veredicto, fue: “Hicieron un chantaje muy grande (…) Yo dije: va a llegar el día donde demostraremos nuestra inocencia y vamos a salir todos libres”. Y, agregó: “Quiero mandarle un mensaje a todos los que hablaron mal de mí, sé que fue mucha gente que lo hizo. Que no escuchen por ahí cualquier cosa que digan de uno por los medios y que se vengan a informar a tribunales”.

Los apremios

Durante los dos meses de juicio oral- iniciado el 21 de agosto pasado-, la tesis de la Fiscalía se basó en la confesión que hizo José Manuel Peralino Huinca, en 2013, como testigo protegido. Con esa declaración era posible afirmar la existencia de una reunión previa entre los comuneros mapuches para coordinar el supuesto ataque en la granja Lumahue del matrimonio Luchsinger y vincularlos directamente con su muerte. En 2015, declaró nuevamente como delator compensado ante los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo,  que también habrían escuchado los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) Guillermo Vilches y Claudio Leiro. Sin embargo, lo que hasta ahí la Fiscalía manejaban como el piso de su acusación fue desmentido más tarde por el propio Peralino en el Tribunal, denunciando presiones por parte de los policías. Pero el fiscal Arroyo negó cualquier apremio y confirmó la veracidad de la primera declaración hasta la última audiencia de la que participó.

Distinto de la versión de los persecutores, Peralino dijo que esa reunión no duró más de 5 minutos, no hubo registro de audio o video, no le leyeron sus derechos y los PDI se quedaron afuera – por lo mismo, se reconocieron como “testigos de oídas”-. Desde ahí y hasta el mes pasado, cumplió con arresto domiciliario hasta que los ministros levantaron las medidas cautelares para todos los mapuches.

“Cuando me agarraron me tuvieron sólo en el cuartel de la PDI. Me subieron a una camioneta y me dejaron aparte. Después me dijeron ´firma un papel y de esa manera vay a salir libre´. Pero ahí tenía que volver a echarles la culpa a todos. Había muchos policías, pero yo les dije que iba a hablar en el tribunal. Me dijeron ´no hueón, si aquí no mandái tu´”, relató. Según su testimonio, fue el jefe de los PDI, Raimundo Villegas, le ofreció “socorro” e incluso una casa fuera del campo si firmaba ese documento donde ratificaba su versión de los hechos. “Cuando yo le decía que iba a hablar en el tribunal, él se ponía rojito y entonces se acercaba más a mí. Yo le decía reconoce hueón que es mentira si mira cómo te estái poniendo”, comentó a nuestro medio.

Previo a que comenzara la audiencia pública de formalización, el 30 de marzo de 2016, Peralino tuvo breves diálogos con los policías. Antes de llegar al tribunal, cerca de las 8 de la mañana, recuerda que Vilches se le acercó por detrás, lo tomó con fuerza y él le dijo: “Haga lo que haga, espóseme no más. Aprete más o no, no pienso firmar esa declaración. Y ahí me hizo esa herida antes de entrar a la audiencia. El Vilches fue”, reconoció. Ante esas palabras, su hermano Alejandro, que durante esta entrevista se encontraba al lado de José, asentía y en sus propias muñecas mostraba el tamaño de las heridas.

Pericias deficientes

El 14 de julio de este año, el abogado defensor de José Peralino, Pablo Villar, le envió un correo electrónico al fiscal nacional, Jorge Abbott, con motivo urgente. En ese documento al que tuvimos acceso, el profesional solicitó expresamente a la máxima autoridad del Ministerio Público el cambio del fiscal a cargo de la causa, Cristian Voullieme. Esto, porque el persecutor ostentaba el cargo de titular en la causa donde Peralino era víctima y, a la vez, participaba en el equipo de alta complejidad que lo investigaba como imputado. Es decir, se transgredía toda imparcialidad. Y en ese mensaje también recalcó especialmente que se trataba de una materia de lesa humanidad. Pero la respuesta fue negativa.

Días antes, Voullieme había ordenado el sobreseimiento de la causa. Su posición de concluir con la indagación dejaba en evidencia una serie de arbitrariedades como, por ejemplo, que hasta ese momento la defensa no tuviera acceso a una copia actualizada de la carpeta investigativa – hoy maneja la misma versión de hace cuatro meses atrás-. Así también, la decisión pasaba a llevar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que presentó una querella criminal por el delito de apremio de agente del Estado y que fue remitida al Ministerio Público para que se iniciaran nuevas diligencias. Pero la actitud del fiscal de cerrar la investigación a como diera lugar se evidenció en otro correo electrónico, enviado durante esa misma semana de julio, donde la parte defensora de Peralino solicitaba llegar a un acuerdo y suspender la audiencia de sobreseimiento para exponer una metapericia, que hasta ese momento estaba en etapa de elaboración. Sin embargo, la respuesta de Voullieme fue: “No estoy de acuerdo en la suspensión. Atte. CV”, sin ninguna justificación. Todo lo anterior fue desestimado por el Tribunal de Garantía de Temuco que ordenó reabrir la indagatoria.

Lo que hasta ahora ha manejado la Fiscalía es el peritaje realizado por el SML a José Peralino que concluyó la inexistencia de apremios o tormentos por parte de los policías. Sin embargo, en ese documento se transcribe un relato de los hechos y luego se exponen las conclusiones sin utilizar la metodología del Protocolo de Estambul, la guía validada internacionalmente para investigar eventuales casos de tortura. Sobre esto, una información que se maneja es el análisis de la doctora Ruth Vargas Foreman, psicóloga que trabaja en el Centro de Tratamiento para Víctimas de Tortura en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón y quien ha sido perito en Protocolo de Estambul ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La experta dicta capacitaciones y charlas para los profesionales del SML, INDH y el Colegio Médico, encargados de emitir informes para este tipo de indagaciones. Precisamente, ella cuestionó el trabajo hecho por el SML y confirmó que a todas luces se evidenciaba una conducta por tortura psicológica.

A eso se sumaría la metapericia a cargo de la psicóloga Felicitas Treue que podría definir el rumbo del caso. La profesional tiene una extensa trayectoria en el tema y actualmente se desempeña como asesora del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en México. Su trabajo ad honorem para esta causa será entregado oficialmente en unas semanas. Adelantándose a la entrega de los resultados, el abogado defensor de Peralino, Pablo Villar, señaló a nuestro medio que este metaperitaje arrojó tres conclusiones donde se explicitan las deficiencias metodológicas en las pericias realizadas por el SML.

Al manejar este nuevo antecedente se abriría un nuevo escenario para la parte querellante, quienes insistirán en que se realicen nuevas indagatorias, que se formalicen a los imputados y que asuma el caso un fiscal de la recién creada Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público. “Si la Fiscalía persevera en no cambiar de persecutor y en sobreseer la causa, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, precisó el profesional, aclarando que este sería la vía a seguir una vez agotadas todas las instancias nacionales.

Hay que destacar que el video de la audiencia donde se observaban las heridas en las muñecas de Peralino, y que fue exhibido en el juicio oral del caso Luchsinger, para esta causa particular no fue solicitado por el fiscal Voullieme y desde el tribunal señalaron que el registro fue borrado por antigüedad. El persecutor fue contactado para este reportaje pero hasta el cierre de esta edición quedamos a la espera de su respuesta.

Lectura de sentencia

Respecto de los dos testimonios que prestó Peralino, el presidente de los magistrados del TOP, José Ignacio Rau, fue enfático en el veredicto del caso Luchsinger: “La declaración de 8 de noviembre de 2013 adoleció de vicios de legalidad que impide otorgarle mérito probatorio. En cuanto a la declaración de octubre de 2015, no se acreditó la vulneración a las garantías constitucionales en los términos planteados por las defensas, razón por la que esa información fue válidamente introducida a juicio a través de las declaraciones de los testigos de a oídas pero tendrán que ser objeto de ponderación en la sentencia”.

Pero hasta aquí las pericias que se realizaron para indagar los apremios a Peralino- tanto del SML como el peritaje independiente- no entraron en juego. Si bien los jueces estimaron que Peralino como única fuente de información, y todas las actuaciones policiales que se realizaron a partir de su testimonio, configuraba una prueba insuficiente para dictar condena contra los mapuches, a la vez señalaron que no habría sido vulnerado. Posiblemente se entendería como una estrategia para no “contaminar” la otra causa abierta respecto del caso.

El abogado de la Defensoría Penal Mapuche, Pablo Ardouin, aclaró que en el juicio oral se planteó que las declaraciones de Peralino fueron ilegales porque existió una coacción inherente al prestar su testimonio, no por un tema de apremios ilegítimos. “Que existieran lesiones fue un aspecto que nos sirvió para contextualizar, pero eso no tenía importancia para las declaraciones porque técnicamente en ese momento no habían ocurrido y cuando fue agredido él no declaró inculpatoriamente. Existieron ilegalidades de otro tipo que nosotros sí sostuvimos, como por ejemplo que fuera aislado por parte de los funcionarios policiales”, precisó.

Sin embargo, en la lectura de la sentencia que está agendada para las 11 horas del próximo martes 14 de noviembre, se despejarán precisamente las argumentaciones de los jueces del TOP de Temuco respecto de este punto, lo que también dará luces para seguir en esta causa paralela.

“Una causa que no puede pasar desapercibida”

“Fue una persona utilizada para llevar a cabo un montaje”, así describió Ingrid Conejeros la posición de José Manuel Peralino Huinca dentro del caso Luchsinger -Mackay. Sostuvo que en algún momento se le asoció a una persona que trabajaba con los policías, pero que esa imagen cambió una vez que Peralino desmintió su acusación y relató los hechos desde las presiones y la extorsión de los PDI. “Todos los lamngen se dieron cuenta que era una víctima más porque lo estaban involucrando como una autor material del hecho y no sólo como un testigo. Es decir, podría haber obtenido una condena menor pero de todas maneras sería inculpado”, indicó.

Pese a lo anterior, Ingrid comentó que “no se puede dejar de decir que a José Peralino se le miró como a un mapuche que no actuó bien porque permitió que el montaje avanzara. Más que nada por dejarse manipular y no hacer algo antes. Pero luego se comprendieron esas manipulaciones”.

El foco ahora está puesto en vigilar esta causa particular para que no pase desapercibida ante el veredicto absolutorio que dictó el Tribunal. Para Ingrid es necesario entender que no se pueden forzar los lazos porque en esta causa se detuvieron a personas que tenían muy poca relación entre sí, pero que se fueron conociendo durante el proceso judicial. “La machi Francisca conocía a José Peralino y a José Tralcal pero tampoco tenía una relación fuerte con ellos, sino que eventualmente se veían”. Pero ahora existe claridad sobre el apoyo que le deben brindar por las graves vulneraciones a los derechos humanos que representa el caso.

Un clamor de todos los imputados, incluyendo a José Peralino, es que destituyan a los fiscales Alberto Chiffelle y Luis Arroyo, que llevaron adelante el caso Luchsinger- Mackay y que defendieron una hipótesis basada en graves falencias técnicas e indagatorias. “Fue un gran daño producido no sólo en las personas sino que en las familias, y eso obedece a una persecución. No fue un error o una falencia ocasional”, concluyó la werken Ingrid Conejeros.