La preservación del medio ambiente se alza como uno de los conflictos en los cuales no existen muchas certezas sobre la orientación de las políticas del nuevo gobierno. La sustentabilidad y el desarrollo económico parecen manejar contradicciones que probablemente complicarán al futuro mandatario. En esta área el gobierno entrante tendrá una valla inmediata. Para el 14 de marzo está agendada la reunión que sostendrá la firma dueña del proyecto Dominga con el Servicio de Evaluación Ambiental.
Dominga es el proyecto minero que en agosto pasado costó la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía del gobierno de Michelle Bachelet. Su rechazo, por motivos principalmente ecológicos, fue la detonante para que los secretarios de Estado Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes dieran un paso al costado. La extracción de concentrados de hierro y cobre habrían despertado el rechazo de la mayoría del Comité de Ministros (compuesto por los titulares de Energía, Hacienda, Medio Ambiente, Salud y Agricultura) por su cercanía con una reserva natural (que conserva a 80% de la población mundial de pingüinos de Humoldt) y por las dudas que generaba su verdadero impacto ambiental.
José Ramón Valente, el futuro ministro de Economía, es uno de los que acaba de tener su reunión con el mandatario en su casa de veraneo. El economista ha señalado que efectivamente fue uno de los temas tratados durante la conversación y al ser consultado sobre el destino del proyecto en cuestión Valente no le cerró la puerta: “Dominga es un proyecto grande. En mi opinión un proyecto interesante, pero obviamente fue rechazado por alguna razón y lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan a ese proyecto que está en el tribunal ambiental y ver si es que efectivamente puede ser rescatado”.
La reunión que sostuvieron Marcela Cubillos, próxima ministra de Medio Ambiente, y Sebastián Piñera alcanzó a dar algunas luces sobre las intenciones del gobierno en la materia. La ex parlamentaria señaló que “queremos que el cuidado y protección del medio ambiente salga de una discusión o dicotomía en que se oponga al desarrollo, sino que podamos conjugar que Chile tenga un desarrollo sustentable, un desarrollo económico fuerte, pero siempre cuidando una efectiva protección al medio ambiente”. Sobre los dichos de Valente Cubillos puso paños fríos afirmando que “este no es un tema en el que tenemos que estar adelantando hoy día una opinión porque en materia judicial las respuestas se dan en las instancias judiciales, en los plazos judiciales y en las formas que determinan los tribunales”.
Desde Greenpeace Estefanía González, coordinadora de campañas y océanos, reconoce que Dominga efectivamente será una de las preocupaciones principales del futuro mandatario, pero también amplían el espectro de aristas considerando también el fenómeno de marea roja que hoy golpea a la región de Los Lagos y de Aysén: “Acá el gran peligro es que venga la retroexcavadora y que se echen atrás todos los compromisos que se tomaron durante este periodo. Desde Greenpeace creemos que son fundamentales dos cosas: primero, hacerse cargo de las crisis ambientales que hoy estamos teniendo en Chile. Van a tener que asumir una región de Aysén y Los Lagos con una crisis sanitaria por el brote de marea roja y la sobreproducción de la industria salmonera. ¿Qué medidas que van a tomar? ¿Cómo van a apoyar a los pescadores artesanales? ¿Qué medidas aplicarán con las salmoneras que están contaminando las aguas? Este gobierno va a entrar con dos regiones completamente afectadas, con crisis sanitaria, con la marea roja más tóxica que ha habido en los últimos años en Chile. Por otro lado, van a tener la conciliación del proyecto minero Dominga, una figura que jamás se ha ocupado en la legislación chilena”.
La inédita conciliación a la que hace referencia se explica de la siguiente forma. El Tribunal Ambiental de Antofagasta convoca a un proceso de conciliación en el que participan tres partes: Andes Iron, que rechazó la determinación de no llevar a cabo el proyecto, el ministerio del Medio Ambiente, que a través de su Servicio de Evaluación Ambiental rechazó el proyecto y, finalmente, la parte llamada “terceros interesados”, que incluye a organizaciones locales y otra medioambientales como Oceana. El 14 de marzo el Tribunal hará entre de un borrador de conciliación, el que se someterá a evaluación de las tres partes. Si el documento alcanza un consenso unánime, se puede seguir con el proceso, pero desde Oceana explican que dicho escenario es prácticamente imposible. Según indican al interior de la ONG, la única forma de dar el visto bueno es que el Tribunal insista en rechazar el proyecto, escenario que no obtendría la aprobación de la parte de Andes Iron. Si el borrador entregado señala la aprobación del proyecto, es probable que tanto el ministerio como los “terceros interesados” rechacen el texto.
Esto significa que, independiente de quién esté a cargo de la cartera de Medio Ambiente para el 14 de marzo, probablemente siempre existirá una parte que rechace el consenso.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de la Fundación Terram maneja otro tipo de preocupaciones. Una de las principales urgencias según la bióloga es la de que las autoridades operen apegándose a la ley. Además, subraya la necesidad de que se modifique el proyecto de ley que intenta: “No generar procedimientos administrativos curiosos o irregulares, sino que respetar la ley. Apegarse a la ley y ordenarle a sus ministros -todos los que tienen alguna competencia ambiental- que se apeguen a lo que hoy día está en la ley y que sigan los procedimientos de acuerdo a la legislación ambiental y al derecho vigente. El primer desafío es cumplir la legislación ambiental y sectorial y no innovar. El segundo tema es crear un sistema de áreas protegidas públicas terrestres y marinas distinto del proyecto de ley que está hoy en el parlamento, que es un proyecto que solo destruye la biodiversidad en Chile”.
Parece ser que una de las grandes inquietudes desde el mundo ambientalista dice relación con si este gobierno continuará con la línea de desarrollo sustentable que intentó proyectar el periodo de Michelle Bachelet. Liberona así lo manifiesta y Rodrigo Catalán, director de conservación de World Wildlife Fund (WWF), así lo reafirma. Catalán insiste en que las señales que den Piñera y Cubillos durante sus primeros días son claves para descifrar la orientación de su mandato y, además, enumera las situaciones que deberán ser atendidas durante los primeros meses del oficialismo: “Lo primero es una señal política de que vamos a seguir una línea de desarrollo sostenible, un desarrollo que no sea a costa de nuestro medio ambiente. De ahí se derivan una serie de otras medidas mas o menos urgentes. Una de ellas es la institucionalidad de áreas protegidas y diversidad. El proyecto está a punto de salir. Hemos crecido mucho en superficie de áreas protegidas y necesitamos una institucionalidad para eso. Otro tema es la Conaf pública, que también quedó a punto de salir. En un escenario de cambio climático, con incendios forestales, donde se necesita restaurar las cientos de miles de hectáreas que se quemaron. Necesitamos una institucionalidad forestal fuerte para prevenir y combatir los incendios”.
Otro de los temas urgentes será la modernización del Servicio Nacional de Pesca, que también cuenta con un proyecto de ley en el Congreso que no alcanzó a ver la luz durante la actual administración.
Según Catalán “hemos tenido grandes impactos y conflictos por la salmonicultura en Chiloé y Aysén y hay un desplazamiento de las salmoneras hacia Magallanes. Ahí hay una señal muy importante sobre cómo se va a regular la voluntad del sector privado de expandirse a Magallanes. A eso el gobierno tiene que ponerle atención. Son temas importantes social, ambiental y económicamente”.
Así, con proyectos en el horno del Congreso, Sebastián Piñera tendrá que dar cuenta de si la dirección de su discruso pro crecimiento económico irá o no acompañado de un cuidado y protección del medio ambiente.