En conferencia de prensa el vocero de gobierno (s), Omar Jara, descartó contradicciones en la presentación de una querella por la presunta implantación de pruebas falsas y la interposición de un  recurso de apelación ante la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Temuco que sobreseyó a los ocho comuneros mapuche y, la vez, iniciar un recurso de queja contra el mismo tribunal por no reabrir la causa.

La querella se presentó en el Juzgado de Garantía de Temuco por “los delitos consumados de obstrucción a la investigación y falseamiento de instrumento público y de cualquier otro ilícito que se determine durante el transcurso de la investigación”, mismos delitos que investiga la Fiscalía.

“Como querellantes, esperamos que todo lo que ha rodeado esta investigación se esclarezca lo antes posible y se sancione a los responsables”, señaló el ex gobernador de Valparaíso.

Agregó que “han surgido dos antecedentes concretos en las últimas 48 horas que nos llevaron a esta decisión. Un informe recibido desde el Juzgado de Garantía de Temuco, que fue entregado por la defensa de los imputados en la audiencia del 9 de febrero y una  reunión entre el fiscal regional con el abogado del Ministerio del Interior”.

El ministro subrogante enfatizó en que en La Araucanía efectivamente se han cometido ilícitos, que éstos han tenido víctimas y han provocado daños a la propiedad, por lo tanto, el gobierno espera que las investigaciones lleguen a su término “con resultados que indiquen expresamente la culpabilidad o inocencia de los imputados”.

Durante la conferencia de prensa, Jara interpeló a las instituciones que están a cargo del procedimiento penal “y a todos los sectores a seguir trabajando en el marco de sus responsabilidades legales y constitucionales, en un marco de respeto mutuo y representando las diferencias a través de los mecanismos institucionales y conductos regulares”.

Finalmente remarcó que “el Gobierno tiene el deber de buscar la verdad, de buscar la justicia para las víctimas. En esta tarea, el Gobierno no está a favor ni de Carabineros ni del Ministerio Público”.

Al cierre de esta edición, el Poder Judicial no había informado respecto de la admisibilidad de la acción iniciada por el Gobierno.