El programa del programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar), perteneciente al Servicio Nacional de Menores (Sename) fue puesto en marcha el 2013 y su objetivo  era el mejoramiento en la  calidad de las residencias. Posteriormente se agregó un área relativa a la Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) destinada a los menores infractores de ley.

Ese cambio  originó la creación de los diálogos ciudadanos. “Se realizaban charlas sobre la prevención de abuso sexual de menores. Estas eran dadas en colegios, universidades, plazas ciudadanas y juntas de vecinos”, dijo la comisario Ana María Fuentes Fuentes,  una de las funcionarias policiales encargadas de esta investigación. A lo anterior agregó que tales exposiciones se realizaron en  establecimientos del sector oriente de Santiago. Para llevar a cabo estos diálogos se ejecutaron nuevas contrataciones y se crearon nuevas áreas, por lo que  el programa original “fue mutando desde su inicio a lo que terminó en 2016” explicó la comisario Fuentes.

Otra de las encargadas de las indagaciones es la comisario  Gabriela Lineros quien expresó que con estas charlas “claramente no se cumple el objetivo del programa. Ahí estamos viendo una aplicación pública diferente, en que los dineros solicitados y entregados que eran para un objetivo, a sabiendas de eso, se utilizaron en otro tipo de contratación”.

“Cuando comienza la investigación de Ascar, lo primero es conocer el programa. Para ello es el análisis y las diferentes entrevistas. Una vez que se tiene detalle de todo, uno comienza a interrogar desde abajo y luego va ascendiendo para determinar responsabilidades”, señaló Gabriela Lineros a La Tercera.

En el marco de estas declaraciones, se llegó a quien es hoy el único imputado por la causa de posible malversación de fondos públicos: Javier Lagos Rosales quien  ingresó como coordinador del programa Ascar, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, en 2015. Marcos Emilfork, el fiscal regional de Los Lagos es el encargado de conducir la investigación decidió tomar la declaración de Lagos en calidad de imputado por el delito ya mencionado por la eventual administración pública diferente que se le dio a parte de los $ 3.100 millones destinados a contrataciones.

Según publicó La Tercera, el administrador público señaló  que su responsabilidad “fue coordinar el programa para el cumplimiento de las metas y ello se cumplió, como lo prueba el conjunto de documentos que entregamos en forma periódica”.

Consultado respecto de las asesorías contratadas con cargos a los fondos del programa, Lagos señaló que “todos los funcionarios contratados para la fiscalización de centros de menores cumplieron el rol por el que se les remuneraba. Toda la gente que estuvo bajo mi coordinación hizo su trabajo de forma eficiente y eficaz.” Añadió que el programa Ascar “permitió que el Estado, a través del Sename, destinara recursos para llevar a cabo la mejora de la calidad de las residencias de protección”. También explicó que en 2016,  en el marco del desarrollo de las actividades de la iniciativa; se  logró crear un modelo de asesoría técnica,trabajado conjuntamente con  Unicef y Sename.

Uno de los puntos que buscó aclarar el ex funcionario del Ministerio de Justicia fue la eventual responsabilidad que se le ha imputado en el manejo de los fondos. Recalcó que su relación con el Estado correspondió a un contrato a honorarios, al igual que todos quienes trabajaron en el programa relacionado con el Sename. “Llevamos a cabo los lineamientos y énfasis que nos indicaban los jefes de la División, según la instrucción de cada ministro o ministra de la cartera en su época, muchas veces con bastante recarga por las otras tareas que siempre supone un ministerio tan amplio como es Justicia”.

Javier Lagos también manifestó que no tomó conocimiento de contrataciones de asesorías para el ministro o  subsecretarios con recursos de Ascar, ni tampoco de pago de “favores políticos” mediante el enrolamiento de personas para ejercer funciones dentro del mismo programa.  “No vi nada en ese sentido. A las personas que fueron puestas bajo mi coordinación las hice trabajar al máximo, como a todos los profesionales que ya formaban parte del programa”.

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) ya ha recopilado información en la causa gracias a las declaraciones de 158 personas que prestaron servicios en el marco de Ascar.  Ahora están preocupados de cotejar las mismas con los documentos de respaldo para verificar si se cumplieron las funciones descritas en los decretos de contratación.

“Si alguna persona declara que no trabajó en Ascar y que le pagaron, que se haga responsable de sus dichos” enfatizó el único imputado. Lagos aseguró que confía en que su declaración ante el fiscal Emilfork le permitirá dejar de ser considerado como presunto responsable de la desviación de fondos públicos.

Parlamentarios de  Chile Vamos han señalado que  José Antonio Gómez y Javiera Blanco deben responder por las situaciones ocurridas durante sus gestiones. El ex ministro Gómez ya solicitó al Minsiterio Público prestar declaración voluntaria, mientras el Consejo de Defensa del Estado estudia la posibilidad de pedir a Blanco que se inhabilite en caso que el órgano decida hacerse parte de la causa.