Fue el año 2012 cuando se anunció por primera vez el plan de concesionar algunos parques nacionales del país. Pan de Azúcar y Radal Siete Tazas eran los primeros que aparecían en la lista. Sin embargo, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, la medida no se concretó.

El plan inicial buscaba comenzar en octubre de ese año, terminaría el año 2014, y tenía como fin incrementar las concesiones para duplicar la oferta de servicios y productos turísticos en 2020. Ese es el mismo objetivo que ha planteado ahora el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward.

La iniciativa se concretó el pasado 16 de julio en el Parque Nacional Siete Tazas de la Región del Maule, con la entrega de 2.7 hectáreas del sector El Radal a la Corporación Municipal de Molina, y 36 hectáreas del parque inglés El Bolsón y las Siete Tazas a una empresa privada particular de la zona.

El anunció ha causado rechazo desde diversos sectores, tantas organizaciones ambientalistas, parlamentarios de oposición, y habitantes de la zona del Maule se han manifestado descontentos con la iniciativa, pues aún se está tramitando la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que momentáneamente deja desprotegidos los sectores que posiblemente puedan ser intervenidos en pro del turismo.

La diputada RD Catalina Pérez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, señaló que tomar medidas como estas mientras en el congreso aún se tramita el proyecto que crea este servicio es incorrecto, ya que sin una institución de protección es el Estado el que debe hacerse responsable de la gestión de los sectores naturales y no derivarlo a entidades privadas.

Además, la parlamentaria criticó que se pongan intereses económicos por sobre la protección de la biodiversidad: “Cuando se pone el turismo por sobre la conservación de la zona no ponemos el foco donde debe estar. Más allá de que solo se de la administración, el tema es hacia donde se enfoca la protección”.

Catalina Pérez lamentó que la decisión de cómo administrar los parques pase por el Ejecutivo, ya que “creemos que va a seguir poniendo el centro en el provecho económico que se puede sacar del turismo, más que en la protección”.

Por su parte, el director ejecutivo de la organización Fiscalía del Medio Ambiente, Ezio Costa, también comentó que no es el mejor momento para entregar estas licitaciones, pues la tramitación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas implica que una vez que este se instaure existirán nuevas condiciones para una concesión, lo que podría generar problemas y choques futuros.

“Las concesiones previas probablemente van a tener ciertas provisiones o normas que van a durar más allá de la existencia del Servicio, y en otras van a tener que regirse a la nueva norma”, explicó.

Además, indicó que no se debe perder el foco de la razón por la que ciertas zonas de biodiversidad están protegidas, ya que si se toma esa decisión es justamente para cuidar especies y ecosistemas en riesgo y “la primera obligación del estado es asegurarse que esos ecosistemas puedan seguir sustentándose en esos espacios y no que sean lugares de turismo intensivo”.

A esto agregó que una vez que se entrega una concesión, Corporación Nacional Forestal (Conaf) debe cumplir con un rol contralor y evitar el libre albedrío y, por otro lado, se debe incluir a las comunidades aledañas, ya que en muchos casos estas se relacionan culturalmente con las zonas, por lo que siempre debe ser evaluado el impacto que se puede generar para tomar las acciones de mitigación necesarias.

Desde el Gobierno, en la firma de la concesión del Parque Nacional Siete Tazas, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, aseguró que el modelo se quiere seguir aplicando en conjunto con la Subsecretaria de Turismo, Conaf y con el Ministerio de Agricultura, no solo porque les parece una buena idea, sino porque también está vinculado a las modificaciones a la Ley de Turismo.

Además, luego de las diversas críticas que recibió a través de redes sociales por la entrega de los sectores a privados, en una entrevista a través de Facebook Live con Francisco Saavedra, el ministro afirmó que la concesión se entregó estableciendo estándares de conservación adecuados para la zona, y que el principal objetivo es poder brindar mejores servicios a los turistas, como por ejemplo baños y estacionamientos, los que deben ser de carácter público y gratuitos al igual que la entrada al parque que hoy se debe cancelar.

Según explicó solo se cobrará por el consumo dentro de las instalaciones propias que instauren las organizaciones que se quedaron con la licitación, es decir, solo se exigirá pago en los restaurantes o zonas de alojamiento que se decidan implementar dentro del parque.

En la misma línea, la autoridad dijo comprender las críticas y dudas que se han generado pero aclaró que la entrega corresponde a menos del 1 por ciento del área total del parque, y dio su palabra de que en caso de que las organizaciones no respeten o protejan la biodiversidad, incumpliendo el contrato de licitación, esta será revocada.

La abogada Macarena Soler, de la ONG Geute Conservación Sur declaró que, sin conocer los detalles de esta concesión en particular, generalmente no existen problemas en fomentar el turismo. Sin embargo, para que este sea el correcto se debe garantizar un plan de manejo, actividades ecoturísticas, el respeto por las comunidades aledaña y someter las propuestas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

“El turismo no necesariamente va a dañar al parque, sino que puede ser beneficioso. El tema es cómo se hace”, señaló. En la misma linea, explicó que en muchos países los parques funcionan bajo esta modalidad, pero siempre tomando las precauciones necesarias.

Este no es el primer parque en el que se acepta el ingreso de organizaciones privadas, pues en el caso de Rapa Nui, el parque es coadministrador por la comunidad isleña Mau Henua, licitación que fue entregada en el gobierno de Michelle Bachelet, y que según el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, ha demostrado ser un éxito.