Conocidas como áreas  mineras, las regiones de Atacama, Tarapacá y Antofagasta están idealizadas en el país como una zona de oportunidades económicas. Las cifras de ingresos no distan mucho de ese imaginario colectivo, pues según la encuesta Casen 2017 las tres zonas se encuentran dentro de las regiones con mayor ingreso por trabajo: Antofagasta cuenta con 974.641 pesos de ingreso, lo que la ubica en el segundo lugar solo superada por la Región Metropolitana.

Por su parte, Atacama tiene un promedio de 725.667 y Tarapacá 773.928 pesos, todas muy cerca del ingreso promedio nacional que según dicha encuesta se encuentra en 776.999 pesos.

Sin embargo, a pesar de las prometedoras cifras en lo que a sueldos refiere, la realidad de la pobreza en las tres regiones se aleja mucho de las estadísticas centradas en lo monetario. La región de Antofagasta es la única región del país que entre 2013 y 2015 registró un alza en el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos, aumentando de 4,0 a 5,4 por ciento. Si bien en 2017 ha vuelto a disminuir, no ha logrado volver a su mínimo histórico.

Las cifras de pobreza multidimensional indican que los ingresos de las regiones no garantizan el fin de las carencias en los hogares, pues Tarapacá y Atacama están por sobre el promedio nacional, que es de 20,7 por ciento, de acuerdo a la nueva forma de calificar la pobreza en distintos niveles con 24,9 y 23,2 por ciento, respectivamente.

Además, son las zonas del país con mayores problemas habitacionales, pues según el Censo de 2017, Tarapacá encabeza la lista de las regiones con mayor hacinamiento, con un 12,5 por ciento, seguida de Arica y Parinacota con un 9,6 y Antofagasta con un 9,1 por ciento.

Según cifras elaboradas para el programa Chile Propietario del Ministerio de Bienes Nacionales, la Región de Antofagasta es la tercera del país con mayor número de campamentos, mientras que Atacama y Tarapacá fueron las regiones donde más se abrieron nuevos asentamientos desde 2011, con 25 y 14 respectivamente.

María Ignacia Fernández, directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – Rimisp, comentó con nuestro medio que, si bien esta situación se arrastra desde hace tiempo, se ha hecho visible hace poco pues la medición de la pobreza multidimensional ha permitido evaluar la situación de las regiones del norte más allá de las cifras netas del ingreso.

Respecto de las causas de esta situación, Fernández señaló que los sueldos son elevados por la labor minera en el sector, pero que esto solo retribuye a quienes tienen actividad directa con esta industria, y no se permea al resto de la población, la que no ve beneficios económicos de la minería.

“Yo creo que el problema de la minería en el norte tiene que ver con dos cosas, uno con una lógica muy poco territorial, son capitales internacionales o nacionales que en el fondo ocupan el territorio para la extracción más que para generar ningún proceso en el propio lugar donde están. Ahí está el mineral y operan ahí pero no devuelven nada en el lugar donde están”, explicó la socióloga.

Además, dijo que es erróneo pensar que porque las regiones tienen altos índices de ingresos por trabajo los problemas de la zona están completamente resueltos. “En términos generales siempre se dice que el ingreso permite acercarse a todas las dimensiones del desarrollo, pero esto muestra que no es así, entonces se da cuenta de que un modelo de crecimiento que solo se centra en eso, en el crecimiento, y no en una mirada más integral, más sostenible, de derecho, no necesariamente redunda en el bienestar de las personas”.

María Ignacia Fernández señaló  que, para mejorar la situación actual del Norte Grande, es necesario que se haga un fuerte esfuerzo en crear políticas públicas sobre la superación de la pobreza con acciones que generen ingresos a quienes tienen más carencias y así asegurar bienes y servicios para los grupos más vulnerables.

En esa línea, agregó que es importante trabajar en la descentralización y mejorar las atribuciones para todas las regiones del país, de forma en que cada zona pueda ser una contraparte activa contra las industrias y empresas que se instalen en cada lugar, y así asegurar que al menos una parte de los recursos que ahí se generan sean retribuidos al mismo lugar y a sus habitantes.

Por su parte, Andrés Letelier, Director Ejecutivo de CREO Antofagasta, plan dedicado a enfrentar el desafío de crecimiento que tiene la ciudad, comentó que, si bien se cree que Antofagasta, por ser parte de las comunas con actividad minera y con altos ingresos tiene asegurada su base económica, el lugar tiene “un alto déficit especialmente en los temas de equipamiento, en la calidad de los barrios, en el acceso a bienes y servicios en distintos sectores”.

Al igual que la directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – Rimisp, Letelier señaló que la poca retribución de los ingresos que produce la región a la misma zona influye en la necesidad que se tiene de diferentes bienes y servicios.

“Generalmente el modelo de distribución o de inversión está alojado a nivel central, entonces gran parte de la inversión pública en la ciudad, en la región, se define en Santiago. Apenas el 12 por ciento de la inversión en la región está en manos de las autoridades locales, y eso hace que la riqueza que generan las regiones se distribuya a nivel país y no necesariamente corresponde que las zonas que generan ingresos va a recibir todos los beneficios”, explicó Letelier.

Para la diputada del Partido Radical por la zona, Marcela Hernando la situación se debe mejorar mediante nuevas políticas públicas que estén hechas en función de la realidad de cada región.

“La pobreza no solo debe medirse en relación a los ingresos o los promedios que son los que salen en este tipo de encuestas, el costo de la vida también influye bastante. Esto es una cosa que venimos peleando hace tiempo, que los ministerios se hagan cargo en sus indicadores de lo que es el IPC regional”, afirmó.

La parlamentaria comentó que el medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de forma sectorial permitiría medir el costo de vida y acceso a servicios que tiene cada región, dando cuenta así de que en lugares como el Norte “los ingresos por más que sean más altos que el resto del país no dan cuenta del acceso o de la calidad de vida que puedan tener los habitantes”.

Además, explicó que uno de los problemas que más está afectando a la zona es la cesantía y la precariedad laboral para quienes trabajan en la zona, aun cuando la situación laboral de la minería ha tenido mejoras en los últimos años.

En el pasado mes de mayo se conoció un informe de la Gerencia de Estudios de la Sociedad Nacional de Minería en Chile (Sonami) en el que se indicó que la remuneración imponible de la minería pasó de 1.196.000 en diciembre de 2016 a 1.284.000 pesos en diciembre de 2017. Sin embargo, la amplitud de estos ingresos por sobre el promedio nacional de 753 mil pesos, no se condice con la empleabilidad de las regiones mineras.

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al trimestre de enero-marzo de 2018 registró que 211.000 personas trabajan en la minería, pero son precisamente las regiones vinculadas a esta industria las que mayor desempleo registran en el país. Antofagasta tiene un 10.9 por ciento de desempleo, mientras que Tarapacá un 9.4 y Atacama un 8.7 por ciento, todas sobre el 6.9 de promedio país.