El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, calificó como un “claro error” la idea impulsada por la Comisión Asesora del Gobierno que pretende modificar el Código Penal en materia de delitos sexuales.

Los cambios que traería el anteproyecto han generado polémica, especialmente los concernientes a la rebaja de condenas por transgresiones de carácter sexual, donde influiría “el grado de resistencia de las víctimas”.

Por otra parte, el planteamiento pretende rebajar la edad de consentimiento en dos años, por lo que ya no sería desde los 14 años como lo es en la actualidad, sino que a los 12 años.

Para el abogado constitucionalista, Jaime Bassa, la tendencia y la vida actual demuestra que, por el contrario, se deben aumentar las penas por violación y subir la edad de anuencia en niños, niñas y adolescentes.

“El contexto social actual nos está empujando a aumentar los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes, y no a disminuirlos. Probablemente hay que regular de alguna manera las relaciones sexuales libres y consentidas que existen entre menores de edad, pero rebajar la edad de 14 a 12 años parece a todas luces un error, es más razonable cambiar las reglas entre adolescentes, pero manteniendo la edad de indemnidad sexual o, incluso, subiéndola”, afirmó.

El abogado constitucionalista apuntó sus críticas a la Comisión Asesora del Ejecutivo que pretende modificar el Código Civil, la que fue originalmente creada en 2013 durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera y que a principios de año fue nuevamente convocada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Jaime Bassa indicó que ninguno de los nueve integrantes que forman parte de esta instancia consultiva es mujer. Según el jurista, una variable fundamental para analizar estas propuestas.

“El hecho que tengamos una comisión de nueve personas, todos hombres, que estén decidiendo una cuestión tan significativa e importante como el valor del consentimiento para la tipificación de violación, de una conducta de agresión sexual, me parece súper determinante y condiciona la discusión, porque probablemente si hubiera habido alguna mujer entre esas nueve personas, o si hubiese sido una comisión paritaria, la instancia podría haber entendido el punto sobre una violación por abuso o una violación por fuerza física, porque necesariamente ambas son violaciones”, subrayó.

A considerar, otro dato de contexto: la Ley de interrupción Voluntaria de Embarazo en tres causales, específicamente, el motivo de violación.

El académico de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, descartó alguna relación directa entre ambos temas. Sin embargo, aclaró que afectaría este derecho de las mujeres.

“Al no tipificar algunas conductas como violación, eventualmente aquellos embarazos no podrían quedar cubiertos por la Ley que despenaliza el aborto en tres causales. Pero eso yo creo que sería un efecto indeseado de la propuesta actual y no una intención positiva de disminuir las hipótesis en las cuales se puede interrumpir voluntariamente el embarazo”, argumentó.

Destacar que, recientemente ,el propio Ministerio de Justicia tuvo que salir a desmentir el anuncio sobre un anteproyecto de ley que fijaría nuevas penas según grados de resistencia en delitos sexuales.

A través de un comunicado, la secretaría de Estado aseguró que son solo consultas encargadas al grupo de expertos para elaborar una propuesta sobre la materia y que “no necesariamente es la opinión del Ejecutivo”.