El pasado 18 de enero, el Tribunal Ambiental rechazó la medida cautelar que había sido presentada por la concejala Maite Birke, esto, bajo el argumento de que la detención de las obras de Alto Maipo “no resulta efectiva ni proporcional a los antecedentes presentados”.

La solicitud de la concejala PPD buscaba que se detuviera el proyecto hasta que se investigara lo ocurrido en el sector de Las Lajas, ya que en la zona hay un acuífero que se recarga con 26 litros por segundo y Alto Maipo está botando al río 40 litros por segundo.

Frente a la decisión del Tribunal, Birke decidió presentar un recurso de reposición ante la Corte para que se vuelvan a revisar los antecedentes del caso, pues aseguró que lo que acusan está basado en reportes que la misma empresa ha entregado. En esa línea, la autoridad dijo que con esta nueva acción esperan que el Tribunal Ambiental pueda solicitar más antecedentes para evaluar su decisión, pues el rechazo inicial solo se basó en los documentos que la empresa presentó en su defensa y no en datos externos.

“Le da todo el beneficio a lo que la empresa expone, sin ni siquiera preguntarle a la máxima autoridad que es la Dirección General de Aguas, sin ni siquiera investigar un poco sobre los datos que nosotros entregamos, ya que toda esta información la tomamos directamente de los mismos informes que la empresa entrega. Los argumentos que nosotros tenemos están completamente respaldados con lo que la empresa de alguna manera va informando, entonces lamentamos mucho que el Tribunal no se informe“, dijo.

El recurso de reposición será presentado este miércoles con apoyo de la Defensoría Ambiental. Según explicó la concejala Maite Birke, iniciar acciones legales contra la empresa no ha sido una tarea fácil, y en el transcurso del proceso han podido notar que la autoridad ambiental no favorece a la ciudadanía, pues la cantidad de requisitos que se solicitan para hacer avanzar una causa judicial agotan a las organizaciones y dificultan su participación.

“La institucionalidad tiene que estar para defender el derecho de un medio ambiente libre de contaminación, que incluso está en nuestra Constitución, y eso no se cumple. No sé que puede hacer un ciudadano para poder defender ese derecho, porque no es tomado en cuenta, el trámite para pedir información ha sido super difícil, todo es engorroso, todo es difícil, hay que contratar un abogado externo. Cómo hace la ciudadanía si no tiene un político que lo represente, la institucionalidad no ayuda en nada a la ciudadanía”, comentó Birke.

Por otra parte, Marcela Mella, vocera de la Coordinadora No Alto Maipo, dijo que lamentan que las obras sigan activas, y que los tribunales ambientales deberían velar por proteger el medio de un posible perjuicio y no solo reaccionar cuando el daño ya está hecho.

“Es una reafirmación más de que nuestro modelo es reactivo y no predictivo, porque lo que debería primar acá como un sentido común y de bienestar colectivo es, precisamente, que ante una duda respecto del daño que podría causar  el proyecto Alto Maipo al acuífero se deberían paralizar las obras”.

Además, Marcela Mella concordó con la concejala Maite Burke en que el sistema de justicia ambiental es de difícil acceso para las comunidades, e indicó que “quienes reclamamos o nos oponemos a un mega proyecto, como es Alto Maipo, somos los que tenemos que demostrar que tenemos la razón, y el equipo técnico de una organización ciudadana como la nuestra está en una situación de absoluta desventaja respecto del equipo de ingenieros y gerentes de Alto Maipo (…) Siempre ha sido muy dispar la relación entre las fuerzas de un mega proyecto que cuenta con todo el respaldo político del Estado versus la comunidad que se opone”.

Desde la Coordinadora, además, comentaron que la situación que ocurre en el sector de Las Lajas se repite en dos esteros más del Cajón del Maipo, por lo que el desabastecimiento de las napas subterráneas es un hecho inevitable con este proyecto, el que ya lleva cerca de un 70 por ciento de avance y podría estar activo en 2020.