Bajo el lema “la tierra para el que la trabaja”, el presidente Eduardo Frei Montalva inició el proceso de reforma agraria, lo que permitió la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Con la ley se logró expropiar más de 1400 predios agrícolas y se pudieron organizar cientos de sindicatos con más de 100 mil campesinos participando en ellos.

Sin embargo, con la llegada de la dictadura cívico militar la esperanza de los campesinos de obtener las tierras se esfumó rápidamente, pues en los sectores rurales se vivió con crudeza la represión a los trabajadores que participaban de las movilizaciones. Con el paso de los años se ha podido saber que en muchos casos los mismos latifundistas, dueños de los terrenos, entregaron listas a los militares y carabineros para que se pudiera identificar a quiénes se debía detener y, de alguna forma, castigar a los campesinos que reclamaron la propiedad de la tierra que trabajaban.

Tamara Carrasco, historiadora e investigadora de la reforma agraria y del caso Paine, conversó con Radio y Diario U.de Chile y explicó cómo la Reforma Agraria es, historiográficamente, el antecedente del Golpe Militar.

“A medida que se desarrolla el proceso de reforma agraria muchos latifundistas comienzan a expulsar, a despedir a sus trabajadores, entonces en ese tránsito lento se promueven muchas tomas de terreno. La derecha y los latifundistas utilizaron  las ocupaciones de terreno como la razón para reprimir posteriormente a los trabajadores una vez que ocurre el golpe de Estado”.

Tal como lo explica la historiadora, con la llegada de la dictadura de Augusto Pinochet los latifundistas vieron la oportunidad de recuperar las tierras que hasta entonces habían entregado a los trabajadores.

Con la llegada de las Fuerzas Armadas al poder muchos campesinos fueron detenidos, torturados, fusilados y desaparecidos. La justicia ha identificado y procesado a civiles que participaron activamente de delaciones e incluso fueron autores materiales de fusilamientos, como es el caso de Juan Francisco Luzoro, ex presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine, condenado a 20 años de presidio como autor de los  homicidios calificados de  Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, y por el delito frustrado de homicidio de Alejandro del Carmen Bustos González; ocurridos solo una semana después del Golpe de Estado.

Juan Francisco Luzoro, único civil condenado por crímenes de DD.HH.

Paine es una de las comunas que, a nivel nacional, registra mayor número de campesinos desaparecidos. En ese lugar está ubicada la Hacienda Liguay de propiedad de la familia Pérez Cruz, célebre por estos días por un video en que se observa a Matías, uno de sus miembros, expulsando a un grupo pequeño de personas de la las orillas del Lago Ranco argumentando que ellas se encontraban en propiedad privada.

“Los Pérez Cruz llegaron al sector del Maipo en 1963 y compraron el fundo Liguay,  que tenía más de 500 hectáreas, sin embargo no cumplía con las 80 hectáreas de riego básicas que requería la reforma agraria para iniciar expropiación” relata la historiadora Tamara Carrasco, “ellos son espectadores de lo que sucede dentro de la comuna de Paine en este período particularmente. Por tanto, ellos no sufren la expropiación de su predio, pero participan de lo que ocurre con los vecinos que están siendo expropiados respecto del proceso de reforma”.

Entre los meses de septiembre y octubre de 1973, en Paine se produjeron detenciones masivas de campesinos, las que se hacían durante la noche y de forma muy violenta. Los uniformados y militares llegaban a las casas solicitando información y retenían a los hombres asegurando a las familias que solo serían interrogados por un par de horas y luego volverían a sus hogares. Sin embargo, muchos jamás regresaron. En el fundo Liguay, de la familia Pérez Cruz, fueron detenidos dos jóvenes de 18 y 19 años, Francisco Calderón Nilo y Víctor Zamorano González. Junto a ellos, en el mismo procedimiento fueron detenidos otros 15 campesinos de diferentes fundos, y trasladados hasta otro predio en la cuesta de Chada. Ahí fueron ejecutados.

Víctor Zamorano González y Francisco Calderón Nilo

Memorial Cuesta Chada construido por el único sobreviviente de las ejecuciones

Aunque los Pérez Cruz no han sido investigados ni se ha comprobado ninguna participación de sus miembros en la delación o tortura de los trabajadores de Paine, sí actuaron como lo que el mismo presidente Sebastián Piñera ha denominado “cómplices pasivos” aquellos que “sabían y no hicieron nada o no quisieron saber”.

“Francisco Calderón Nilo y Víctor Zamorano González,  los jóvenes que vivían en el fundo Liguay, nunca más fueron vistos por sus familiares. ¿Qué ocurre con la familia Pérez Cruz? Nunca hubo una denuncia, nunca hubo una voz de alerta, nunca hubo una colaboración, un acercamiento a las familias respecto del destino de estos jóvenes, no obstante que ellos vivían al interior de las tierras de Liguay como trabajadores de la familia. (Los Pérez Cruz) Se desentienden de lo que sucede en este episodio represivo”, comentó Tamara Carrasco.

En esa línea, la investigadora del caso Paine aseguró que la familia Pérez Cruz “configura, por tanto, un panorama que se inscribe dentro de lo que es la situación de cómplices pasivos. Personas que según la definición del propio actual Presidente de la República “tuvieron la posibilidad de hacer algo, de participar o de influir en cambiar el destino de tantas personas que fueron torturadas, detenidas, ejecutadas y desaparecidas, sin embargo, ellos prefieren mantenerse como espectadores” asevera la investigadora del caso Paine.

Memorial de Paine que recuerda a los 70 hombres asesinados por la dictadura en 1973

En la actualidad hay más de cincuenta civiles siendo investigados por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos al amparo de la dictadura cívico militar. Gran parte de ellos lo hicieron vinculados a funcionarios de Carabineros o incluso como reservistas de alguna de las ramas de las FF.AA.  70 personas fueron secuestrados y asesinados  en la pequeña comuna de Paine, el rol que los dueños de los fundos de la zona cumplieron en la desaparición de esos hombres es otro de los temas pendientes para la justicia chilena.

Foto referencial @memorialdepaine