Ocho gendarmes en la sala, varios de ellos del equipo de Traslado de Alto Riesgo. Dos familiares por imputado, camarógrafos, periodistas de televisión y radio y observadores de Derechos Humanos. Ese fue el panorama en una sala del Centro de Justicia de Santiago el pasado 7 de enero a las 11.30 de la mañana.

En la ocasión, se amplió el plazo de investigación y se informó a los imputados Rubén Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos que el Ministerio del Interior interpuso una querella por Ley de Seguridad del Estado en su caso, en la que se les imputa por la instalación de barricadas en la línea férrea del tren central de Santiago a la altura de Pedro Aguirre Cerda, en el trayecto que une Nos y Santiago, con la intención de obstaculizar la vía férrea y provocar riesgo de descarrilamiento.

En la audiencia, el fiscal Álex Meza volvió a reiterar que los hombres son acusados por estos hechos y que vulneraron el artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles con lo que pudieron provocar un serio incidente con su supuesto actuar.

Según denuncian los acusados y sus familias el proceso ha estado marcado por irregularidades, sumado a que aseguran son inocentes y que esta detención y su vinculación con los hechos responde a una persecución política por militar en el Movimiento Juvenil Lautaro.

Los cercanos comentaron que no hay pruebas en su contra más que dos encendedores que portaban el día de los hechos cuando fueron detenidos lejos de la línea férrea. Además, han pasado gran parte del proceso de investigación en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad, a pesar de que la pena por el delito que fueron formalizados la primera vez no significaba prisión efectiva de ser condenados.

Los tres jóvenes son acusados de encender barricadas en la linea férrea del metrotren que une Nos y Estación Central.

Respecto de este caso, el abogado defensor de los jóvenes, Lorenzo Morales, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile que “desde el inicio del proceso cuando nos sentamos en la formalización, la fiscal a cargo nos dijo que íbamos a quedar con arresto domiciliario parcial, cuando comienza la formalización ella recibe un llamado y  me pide perdón porque no va ocurrir aquello, van a quedar en prisión preventiva, ¿llamado de quién? ¿quién es el titiritero detrás de esto?”.

“Nos parece mal porque después sabemos que la policía estaba articulando, particularmente el OS9, toda esta diligencia. Pedimos los audios de Cenco sabiendo que quizás no íbamos a conocer la verdad, pero arribamos a la verdad, sabemos que un teniente del OS9 lo hizo (la detención). Pedimos las cámaras de la 59 comisaría porque cuando estaban detenidos los empezaron a amedrentar, a decir el nombre de los familiares. Nos parece que el Estado de Derecho, aunque la fecha en que se dio la detención era el 30 de octubre (bajo estado de excepción constitucional), se tiene que salvaguardar, se tiene que saber en la opinión pública lo que ha pasado en este caso”.

Además, el abogado de la Defensoría Popular dijo que “estamos pidiendo hace 60 días que se entregue un informe de Labocar que se ha escondido, lo hemos pedido todos los días que hemos venido, si está escondido o no está escondido, no sé. Yo lo digo con bastante responsabilidad porque a esta altura, 60 días, un informe que se hizo el mismo día, que no se ha levantado ningún acta, nos parece raro porque ahí se podría ver si hay informe de hidrocarburos o no y podría  excluir la participación de mis representados”.

Agregó que ni siquiera el fiscal ha tenido acceso a dicho documento, lo que le parece que no corresponde considerando que debe ser él quien guíe el trabajo investigativo en las policías: “El fiscal ha cedido bastante en su relación con Carabineros”, afirmó.

Abogado Lorenzo Morales.

En tanto, Valeska Cornejo, pareja de Rubén Rivas, indicó a nuestro medio que “la principal vulneración es algo objetivo. La ley, el Código Penal dice que una medida cautelar no puede ser mayor a lo que arriesgas si eres condenado y partiendo desde ahí están todas las irregularidades y vulneración de derechos”.

Junto a ello explicó que para la familia esto responde a una persecución política por la militancia en el Movimiento Juvenil Lautaro: “Recibieron amenazas a sus familias con nombre, con apellido, entonces qué podemos esperar nosotros. Estamos con impotencia por nuestros compañeros y temor por nosotros porque si existe una amenaza a las familias qué podemos esperar ¿tenemos que estar con cuidado?”.

“Hubo varios detenidos en el perímetro de las barricadas y ahí hicieron como una selección de este sí, este no, y los chiquillos quedaron detenidos ¿por qué? por ser militantes del Movimiento Juvenil Lautaro”, comentó.

Valeska Cornejo explicó también que lo que más les preocupa ahora, además que los hombres estén en la Cárcel de Alta Seguridad, es que “no tenemos la garantía de que vamos a tener un juicio justo para nuestros compañeros”.

Según explicó el abogado Lorenzo Morales, este caso “inaugura la prisión política en Chile” en democracia y que, junto a otros en que las investigaciones también dicen relación con hechos vinculados al estallido social, en los que el Ministerio del Interior ha tomado parte como querellante, generan un escenario preocupante.

“Muchos muchachos, más de 55 que están en Santiago Uno, corren riesgo sus vidas, está complejo el escenario porque ellos arriesgan bastante pena, no en el caso de nosotros. Nosotros arriesgamos una pena de tres años y un día y estamos presos, ninguna persona que en Chile arriesga esa pena está preso. Por eso digo que se inauguró la prisión política con este caso, me parece grave, el Ministerio Público cedió a la presión del Ministerio del Interior y vamos a llegar hasta las últimas instancias”.

El caso y la medida cautelar de prisión preventiva en estos imputados y otros como el del profesor acusado de romper un torniquete en la estación de metro San Joaquín, quien también estuvo privado de libertad por el hecho, contrastan con las medidas que han sido impuestas a funcionarios policiales vinculados a hechos delictivos posterior al 18 de octubre.

Ejemplo de ello es el de los seis carabineros de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda – misma en la que los tres imputados en el caso presentado en esta nota fueron detenidos – quienes este lunes vieron revocada la prisión preventiva por torturas, abuso sexual agravado y apremios ilegítimos y quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario total para cinco imputados, y arraigo y firma mensual para otra.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, misma que en una ocasión ratificó la prisión preventiva de Rubén Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos.

A esta situación se suman también la revocación de la misma medida cautelar a otros cinco funcionarios de Carabineros que habían sido formalizados por el delito de torturas en contra de un manifestante en Ñuñoa el 21 de octubre, quienes quedaron a partir del pasado lunes con firma semanal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Igual ocurrió con el cabo Mauricio Carrillo Castillo, acusado de atropellar a un manifestante en Plaza Baquedano. El funcionario policial fue formalizado por cargos de cuasidelito de lesiones graves y quedó con firma mensual.

Respecto de los desórdenes públicos desde el Gobierno, el ministro del Interior Gonzalo Blumel dijo hace algunos días: “Quiero hacer un llamado a todos quienes creen en la democracia, a quienes creen y tienen la convicción de que la paz social depende fundamentalmente de defender el orden público, a que nos unamos contra estos delincuentes”, y que esperan tener resultados de las investigaciones judiciales lo antes posible.

En tanto, el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, comentó que, a pesar de la complejidad de los casos, se llegará hasta las últimas instancias para aclarar las investigaciones judiciales post estallido social.  Mientras que en la causa contra Rubén Rivas, Gilberto Mendoza y Esteban Bustos se extendió el plazo de la investigación en 40 días más y el próximo 21 enero se revisará su medida cautelar.