El lunes 20 de abril, el Gobierno anunció el nombramiento de un nuevo cargo en el aparato de la administración pública. Se trata del cordinador de seguridad en la macrozona sur que recayó en Francisco Merino, ex director del Serviu Biobío durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
“Hemos nombrado a Francisco Merino como Coordinador de Segridad en la Macrozona Sur con un solo objetivo: poder mejorar la coordinación entre las distintas instituciones públicas que tienen roles en materia de seguridad. Hoy participa también la jefatura de la Defensa Nacional, junto a Carabineros, la PDI y la Fiscalía y lo que hemos querido es que podamos disponer de una persona cuya función principal sea favorecer las coordinaciones necesarias de todas estas instituciones para poder perseguir estos gravísimos delitos que se han venido cometiendo en la provincia de Arauco y otras áreas de la macrozona sur”, explicó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, consultado por nuestro medio sobre las funciones de esta nueva institucionalidad.
Los hechos a los que hace referencia el secretario de Estado están señalados en una querella que el Ministerio del Interior ingresó en el juzgado de Garantía de Cañete y que ocurrieron el pasado 13 de abril. Según lo que expresa el documento, un grupo de 30 personas encapuchadas y provistas de armas de fuego de alto calibre, habrían disparado en contra de un vehículo policial mientras éste concurría a revisar una interrupción de tránsito, a la altura del kilómetro 30 de la ruta P72-S, que une Cañete con Tirúa. Paralelamente, en el puente Lleu Lleu otro grupo de personas detonó un artefacto explosivo ubicado en un vehículo, lo que comúnmente se conoce como “autobomba”, dañando un transformador de electricidad y afectando el suministro para más de 3 mil hogares. Fue el propio subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien viajó hasta la provincia de Arauco para presentar la querella por los delitos de colocación y detonación de artefacto explosivo y homicidio frustrado a carabineros en acto de servicio, invocando la Ley Antiterrorista.
Ese es el contexto en el que se efectúa este nombramiento y, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, se espera que gracias a esta nueva institucionalidad, el Ministerio del Interior tenga directa relación con lo que sucede en terreno.
La diputada Andrea Parra, representante del Distrito 22 de la región de la Araucanía y miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja, conversó con Radio Universidad de Chile sobre las razones que habría tenido el Gobierno para designar, en este momento, el cargo de coordinador de seguridad.
“Efectivamente es una figura nueva, pero eso responde a un conflicto muy complejo que está ocurriendo en Tirúa y que el Gobierno ha mantenido bajo perfil. En ese sector hay un verdadero polvorín hoy en día, con luchas armadas entre grupos de origen mapuche y en el que la CMPC ha jugado un rol en términos de colaborar en que ese conflicto se haya producido. Evidentemente el Gobierno está respondiendo enviando a una persona para que pueda hacerse cargo de este tema, pero el conflicto es mucho más agudo y complejo de lo que sabemos”.
Por su parte, desde el Gobierno, el Consejero Regional por la Provincia de Concepción, Luis Santibáñez (UDI), aplaudió la decisión del Ejecutivo y aseguró que este nuevo cargo “garantiza que el Ministerio del Interior, y en particular el subsecretario Galli, tenga una relación directa con el conflicto en Arauco sin la intermediación de actores políticos que, ante intereses particulares, desvirtúen la información de la gestión de autoridades locales”, según consignó el Diario Concepción.
Constructor civil y férreo piñerista
Francisco Merino Díaz estudió Construcción Civil en el Instituto Profesional Virginio Gómez de la Universidad de Concepción, y es Magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, trabajó en el Serviu como Jefe de Proyectos Urbanos. Desde allí saltó a la dirección del mismo organismo tras la salida de Sergio Jara, en febrero de 2013, en pleno proceso de reconstrucción post terremoto, cargo que ejerció hasta marzo de 2014.
Durante la campaña presidencial de 2017, ejerció un activo rol en la región del Biobío en favor de la candidatura de Sebastián Piñera. Previo a ello apoyó la candidatura a concejal de Vitacura de Juan Francisco Galli en 2016.
De acuerdo a su perfil de Linkedin, desde 2017 hasta este año se desempeñó como Gerente General de Evoluciona, empresa orientada a proyectos de inversión inmobiliaria. También aparece como Coordinador Regional de la Fundación Avanza Chile, Biobío, el think tank de tendencia de centro-derecha formado después de terminado el primer gobierno de Sebastián Piñera y en cuyo directorio figuran nombres como Andrés Chadwick, Cecilia Pérez o Cristián Larroulet.
Conocido el nombramiento de Merino, las reacciones no tardaron en llegar. Así es como el senador Alejandro Navarro criticó la decisión del Ejecutivo de instalar en un puesto de tanta relevancia a alguien que “que no tiene experiencia alguna en materias de delincuencia”.
En un sentido similar se expresó la diputada del PPD y ex gobernadora de la provincia de Malleco, Andrea Parra quien, además, cuestionó la falta de información que hay sobre los conflictos que se están dando en la provincia de Arauco.
“Es difícil enfrentar conflictos de esta envergadura con personas que no tengan experiencia en el tema y no conozcan el mundo local. Sin duda es un error nombrar personas que no tengan ese perfil, pero creo que es absolutamente indispensable abordar el conflicto porque en los próximos días lamentaremos muertes, pues ya hay antecedentes de ataques armados y de fallecimientos. Yo espero que el Gobierno transparente lo que está ocurriendo en Tirúa y lo enfrente con personas que tengan el perfil y la capacidad para hacerlo”.
El coordinador de seguridad de la macrozona sur ejercerá sus funciones en el área abarcada por las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Su labor debe estar coordinada con el de los intendentes y gobernadores, y según ha señalado el Ejecutivo, su objetivo es acercar el trabajo de seguridad del Ministerio del Interior al de los gobiernos regionales.