Los resultados del experimento finlandés llegan en un momento en que la crisis provocada por la nueva pandemia de coronavirus reaviva el debate mundial sobre la necesidad de crear un ingreso básico para los ciudadanos.
Según las proyecciones del Banco Mundial, se prevé que la pobreza mundial aumente por primera vez desde 1998. A finales de año, según la evaluación de las Naciones Unidas, alrededor de 500 millones de personas – o el 8% de la población mundial – deberían ser empujadas a la línea de pobreza por la pandemia Covid-19. La proyección se basa en los cálculos del escenario extremo de una disminución del 20% en los ingresos o el consumo en todo el mundo.
En la actual crisis del Covid-19, los ingresos básicos de emergencia adoptados por varios países son de carácter provisional y están destinados únicamente a la parte más vulnerable de la población. El concepto de renta básica universal tiene un carácter permanente e incluye a todos los ciudadanos: se trata de crear un nuevo contrato social para una sociedad más justa y sostenible, en un mundo cada vez más desigual y automatizado en el que la escasez de puestos de trabajo engrosa la legión de pobres.
“La adopción de un ingreso básico universal podría aportar más seguridad a los ciudadanos en una situación de gran inseguridad en medio de la pandemia de Covid-19”, dijo Mina Ylikännö, investigadora principal del Instituto Nacional de Seguridad Social de Finlandia (Kela), al presentar los resultados del experimento durante una conferencia transmitida por la web.
Menos estrés y depresión
El experimento finlandés fue realizado entre 2017 y 2018 por los estrategas de Kela en colaboración con investigadores de diferentes organizaciones del país. Dos mil personas desempleadas, de entre 25 y 58 años, recibieron 560 euros al mes del Estado – libres de impuestos, y sin ninguna contrapartida o requisito para buscar un trabajo.
El resultado final del estudio muestra que los participantes del experimento trabajaron seis días más que el grupo de control del proyecto, formado por 173 mil desempleados del país que recibieron en el período los beneficios sociales tradicionales. Mientras que los beneficiarios de los ingresos básicos trabajaron un total de 78 días entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, los miembros del grupo estudiado trabajaron 72 días.
Los resultados también muestran que los participantes en el estudio tenían menos síntomas de estrés y depresión, menos dificultades de concentración y mejores condiciones de salud que el grupo de control.
Las conclusiones finales del experimento se asemejan en gran medida a los resultados preliminares presentados en febrero del año pasado. En 2017, durante el primer año del estudio, el 18% de los participantes encontraron un trabajo, aproximadamente la misma tasa registrada entre los miembros del grupo estudiado.
En 2018, el 27% de los beneficiarios del experimento trabajaron, contra el 25% del grupo de control. Los resultados del segundo año pueden haber estado influidos por una medida introducida por el gobierno finlandés en 2018, que penaliza a los desempleados que no buscan activamente un trabajo.
Simplificar la burocracia y reformar el sistema de pensiones
El estudio sugiere que otros factores distintos de los incentivos financieros influyen en el nivel de empleo.
Todos los participantes en el programa que aceptaron un trabajo siguieron recibiendo los 560 euros mensuales. La intención era reducir la labor que suponía la compleja búsqueda de prestaciones sociales estatales y proporcionar a los beneficiarios más tiempo y recursos para la búsqueda de empleo, la capacitación y otras actividades. El objetivo era revelar cómo actúan las personas cuando reciben pagos incondicionales garantizados.
Uno de los aspectos negativos que registró el informe fue que la medida no incentivó la búsqueda de empleo.
El objetivo del estudio era evaluar las fórmulas para reformar el sistema de bienestar ante los cambios en la naturaleza del trabajo, además de reducir la burocracia del complejo sistema finlandés de entrega de prestaciones sociales.
Hoy en día, se necesita un gran número de funcionarios públicos para administrar una amplia red de programas sociales ofrecidos por el Estado de bienestar finlandés. Por otra parte, el modelo de ingresos mínimos podría ser gestionado por un número mucho menor de funcionarios públicos, ya que el sistema enterraría la burocracia necesaria para determinar si un individuo tiene realmente derecho a recibir tal o cual prestación social.
Puede parecer paradójico, pero el objetivo del experimento finlandés era también probar nuevas formas de fomentar el trabajo: según las normas actuales de Finlandia, conseguir trabajo temporal, por ejemplo, puede significar el recorte de diferentes prestaciones sociales.
En cuanto al pequeño impacto en el empleo, los investigadores finlandeses señalaron que en general muchos desempleados tienen poca calificación profesional. También hubo varios casos de participantes en el estudio que aprovecharon la seguridad de los ingresos mínimos para iniciar sus propios pequeños negocios.
En una encuesta paralela realizada con la opinión pública, el Instituto Nacional de Seguridad Social de Finlandia informó de que el 46% de los encuestados se declararon favorables a la introducción de un ingreso básico universal como parte permanente del sistema de bienestar social.
Distribución más justa de la riqueza
En los últimos años, la crisis financiera internacional y el consiguiente aumento de la desigualdad social han dado lugar a un aumento de los movimientos que defienden la idea de un ingreso mínimo universal. Economistas como el francés Thomas Piketty señalan que la concentración de la riqueza aumenta en todos los países desarrollados, y muchos advierten que tal vez todo el mundo tiene que aprender a vivir con una tasa de desempleo significativa y permanente.
El razonamiento es que en una nueva era en la que sólo una parte de la población tendrá empleos tradicionales, será necesario crear un nuevo sistema de bienestar basado en una distribución más justa de la riqueza.
Se han realizado diferentes experiencias con modelos de ingresos básicos a nivel regional en países como Holanda, Canadá, España y Kenia, donde actualmente se está llevando a cabo un gran estudio patrocinado por empresas estadounidenses de Silicon Valley. En el Brasil, el ingreso básico de los ciudadanos ha sido defendido durante más de 30 años por el ex senador y actual concejal Eduardo Suplicy (PT), y su propuesta ha sido objeto de ley (Ley 10.835) desde 2004.
Para los defensores del ingreso básico, el modelo promueve la justicia social y estimula la búsqueda de nuevos emprendimientos u oportunidades de trabajo, dando a los beneficiarios la posibilidad de aprender nuevas habilidades. En opinión de los críticos más inflexibles, la adopción de un ingreso básico reduciría el estímulo para la búsqueda de empleo, dada la garantía de un ingreso mensual mínimo.
Al parecer, un ingreso mínimo otorgado por el Estado no llevaría instantáneamente a los ciudadanos bajo el cocotero más cercano: diferentes estudios realizados sobre el tema indican que sólo una minoría se quedaría en casa, viviendo con el mínimo necesario para su subsistencia.
Teóricamente, el ingreso mínimo debería ser suficiente para que un ciudadano viva frugalmente. El reto es encontrar el equilibrio adecuado: un valor demasiado bajo no resolvería el problema, y un valor demasiado alto podría ser un desincentivo para trabajar.
¿Adoptará Finlandia el ingreso mínimo universal?
La idea de un ingreso básico universal todavía se enfrenta a una fuerte resistencia. Pero como indicó en su momento el profesor Olli Kangas, que dirigió el estudio finlandés, el ingreso básico universal no debe considerarse una utopía inalcanzable: “¿Podría un estadounidense de hace doscientos años imaginar que la esclavitud sería abolida?
Sin embargo, parece poco probable que Finlandia adopte un ingreso básico universal a corto plazo. Olli Kangas se enfrentó a la resistencia burocrática y política al proyecto, que se llevó a cabo bajo el mandato del gobierno de centro-derecha de Finlandia.
Con la victoria del partido socialdemócrata en las elecciones parlamentarias del año pasado, los investigadores esperaban que fuera posible ejercer presión para reanudar el estudio con una base más amplia de participantes, lo que podría ofrecer resultados más significativos.
Pero la Primera Ministra Sanna Marin ya ha señalado que no está planeando una extensión del experimento. En cambio, el objetivo actual del gobierno finlandés es evaluar la adopción de un impuesto sobre la renta negativo, por el cual los contribuyentes de bajos ingresos dejarán de pagar impuestos y recibirán pagos adicionales del gobierno.
