El jefe de gabinete del gobierno argentino, Aníbal Fernández, anunció este martes la firma de un decreto según el cual los barcos que deseen atravesar aguas argentinas hacia las Islas Malvinas, cuya soberanía disputa Gran Bretaña, deberán pedir autorización a las autoridades del país.

"Todo buque que se proponga transitar entre puertos ubicados en Argentina continental y puertos ubicados en las Islas Malvinas, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, deberá pedir permiso previo al gobierno argentino”, declaró Aníbal Fernández.

El decreto, firmado por la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, especifica que tendrán que declararse las mercaderías que sean transportadas "en forma directa o indirecta" entre puertos de Argentina y las Malvinas, el archipiélago del Atlántico sur cuya disputa de soberanía suscitó una guerra con Gran Bretaña en 1982.

Exploración de hidrocarburos

¿Por qué llega ahora este decreto del gobierno argentino?  Según las autoridades, la medida responde a la autorización que ha dado Gran Bretaña para iniciar la exploración de hidrocarburos en la cuenca del archipiélago, ocupado por los británicos desde 1833.

Según el jefe de gabinete argentino, con el decreto se busca garantizar "no sólo una defensa de la soberanía argentina, sino además de todos los recursos en la zona”.

Para los próximos días se prevé la llegada a las Malvinas de la plataforma británica Ocean Guardian que pretende comenzar la exploración petrolera en la cuenca norte de las islas.

Algunos estudios geológicos calculan que las aguas aledañas a las Malvinas podrían contener reservas de hasta 60 mil millones de barriles de equivalente a petróleo.

Reacción del gobierno británico

El potencial petrolífero de las Malvinas es uno de los puntos de mayor tensión en la disputa por la soberanía de las islas entre Buenos Aires y Londres, que ahora se canaliza por vía diplomática, 28 años después de una guerra en la que las tropas de la entonces dictadura argentina fueron derrotadas después de 74 días de combates.

El primer ministro británico, Gordon Brown, ha advertido que la tensión actual, que califica de “retórica”, podría intensificarse e incluso derivar en un enfrentamiento militar.

Desde el ministerio de Relaciones Exteriores británico la reacción ha sido de calma. "Las regulaciones que rigen las aguas territoriales argentinas son asunto de las autoridades argentinas", señaló un portavoz del Foreign Office en la capital británica, Londres. Eso sí, "esto no afecta a las aguas territoriales de las Falklands (nombre por el que los británicos conocen a las Malvinas), que están controladas por las autoridades de la isla", añadió.

Para despejar temores a que crezca el enfrentamiento entre ambos países, el portavoz del Foreign Office quiso destacar la "relación cercana y productiva" que mantienen el Reino Unido y Argentina.

"Argentina y el Reino Unido son socios importantes. Tenemos una relación cercana y productiva en una variedad de temas bilaterales y multilaterales", y citó como ejemplos la situación económica mundial en el marco del G20, los derechos humanos o el cambio climático.

"Y queremos, y hemos ofrecido cooperar en cuestiones suratlánticas. Trabajaremos para desarrollar esta relación más allá", concluyó.

Medidas del gobierno argentino

Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se muestra firme en su postura. El miércoles pasado, las autoridades impidieron el embarque desde el puerto de Campana (70 Km al norte del país) de una partida de tubos sin costura, que se utilizan en la industria petrolera, en un buque de bandera extranjera que al parecer provenía de las Malvinas.

Se creará "una comisión permanente para la evaluación de estas decisiones" referentes a los permisos de navegación, que estará integrada por la jefatura de Gabinete y los ministerios de Relaciones Exteriores, de Planificación, de Justicia y la secretaría de Turismo de Argentina.

¿Un caso para la Corte Internacional de Justicia?

Ante este panorama, cabe preguntarse si no ha llegado el momento de trasladar el diferendo por la soberanía de las Islas Malvinas a alguna instancia jurídica internacional, pero por el momento no ve que sea factible. La soberanía sobre las Malvinas es una de las pocas cuestiones pendientes en el comité de descolonización, pero el Reino Unido no considera que haya un problema tal por cuanto dice que los isleños desean seguir siendo británicos.

La instancia judicial idónea para dirimir el diferendo sería la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda. Pero para que un conflicto llegue a La Haya, los dos países enfrentados tienen que aceptar la jurisdicción de este tribunal, ambos actores tienen que estar de acuerdo en someterse a su jurisdicción.