Tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Medio Ambiente interpela un recurso de protección presentado por habitantes de Quintero y Puchuncaví, en conjunto con la Fundación Terram, y que deja constancia de ausencia y falta de revisión de tres normativas medioambientales.

Fue hace 26 años, según consta en el recurso, que el Ministerio de Salud eliminó la norma de calidad de aire para arsénico, comprometiéndose a reponerla a la brevedad; sin embargo, se tuvo que acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para recién tener alguna esperanza respecto a la dictación de una nueva normativa, recurso que fue admitido recién el pasado 6 de julio.

Al respecto, el investigador asociado de la Fundación Terram, Hernán Ramírez, conversó con nuestro medio y explicó el peligro que se corre al no tener una normativa que regule los índices de arsénico en el aire, dado que dicho compuesto fue declarado carcinogénico por la Organización Mundial de la Salud, y es un agravante de problemas cardiovasculares, respiratorios y de abortos.

Hernán Ramírez.

Por tal motivo, Ramírez precisó que “es inaceptable que el Ministerio de Salud, y hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, que está a cargo de dictar normas de calidad, no haya avanzado en, por lo menos, abrir un expediente para dictación de estas normas. Este es el motivo por el cual el recurso busca que las autoridades sanitarias implementen a la brevedad una norma de arsénico respirable”.

Sin embargo, el recurso no queda ahí y exige la revisión de las normas de emisión de fundiciones y las normas de material particulado 2,5, ambas no consideradas por el Ministerio de Medio Ambiente en su programa de revisión de normas 2020 y 2021.

Esta situación se complejiza aún más, luego de que un estudio de la Universidad de Harvard advirtiera que existe una relación directa entre la contaminación por material particulado 2,5 y mayores casos de muerte por coronavirus, un dato que también es observado desde la Fundación Terram.

“En esta situación de pandemia, personas con problemas respiratorios y cardiovasculares son las que están más propensas a tener un desenlace fatal en el caso de contraer COVID-19, por ello la importancia de avanzar en forma urgente en revisar estas normas, mejorarlas y homologarlas a los estándares recomendados por la OMS”, aseguró Ramírez.

Desde la organización Mujeres en Zonas de Sacrificio también se ha valorado la admisión del recurso presentado. En conversación con nuestro medio, una de sus integrantes, Marta Aravena, manifestó que se trata de una normativa que vienen exigiendo por años y que sería de vital importancia para el plan de descontaminación del sector.

“No puede haber descontaminación si no tenemos las normas que necesitamos para descontaminar. El plan de descontaminación no sirve de mucho mientras el arsénico siga asomándose a los aires, al suelo y al agua. Además, es hoy el principal causante de cánceres y problemas broncopulmonares en la zona”, enfatizó.

Asimismo, la activista también se pronunció sobre lo que, a su juicio, ha causado que diversos gobiernos hayan relegado dictaminar esta norma durante 26 años; algo que, con lo admitido por la Corte de Apelaciones, podría dejar en una disyuntiva a la empresa privada.

Marta Aravena.

“Siempre el Estado ha estado defendiendo los intereses económicos. Obviamente aquí las empresas van a tener que entrar a invertir o cerrar. La normativa no es solo para nosotros sino para todo el país, hay muchas fundiciones que están en problemas con sus emisiones y claramente esto les significa invertir. En este país se hace negocios, pero con la mínima inversión y a costa de nuestros recursos naturales, la salud, la vida y los territorios”, criticó.

Aunque diversos estudios han constatado que el arsénico se encuentra en altas concentraciones en el aire en zonas cercanas a fundiciones de cobre de las comunas de Quintero y Puchuncaví, éstas no son las únicas a las que beneficiaría la implementación de la norma.

El arsénico en altas concentraciones es también un problema para comunas como Calama, donde incluso ha habido un incremento de contagios y muertes por COVID-19, así como en Tierra Amarrilla, Copiapó, Antofagasta, Diego de Almagro y en el sector oriente de la Región Metropolitana, producto de la fundición Caletones.