En conjunto con la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M (Fedeprus) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella en contra del presidente Sebastián Piñera; el exministro de Salud, Jaime Mañalich; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Esto, a raíz de la estrategia sanitaria implementada en el contexto de la pandemia.

Dicha querella fue admitida el pasado 9 de julio por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo cual, en opinión del presidente de la Comisión Chilena de DD.HH., Carlos Margotta, constituye una buena señal y una oportunidad para determinar las responsabilidades en el descontrol de la crisis sanitaria.

“Hay fundamentación jurídica suficiente respecto de los seis delitos que nosotros hemos establecido y que deben ser investigados por la Fiscalía. Estos hechos referidos, de ser acreditados en la investigación, son constitutivos de delitos, se debe perseguir la responsabilidad penal de quienes aparecen como querellados. Esperamos que la investigación sea acuciosa y alejada de la condición que tienen los querellados”, precisó Margotta en conversación con nuestro medio.

En líneas generales, la vulneración a la que hace referencia la querella mencionada tiene que ver con las omisiones que el Gobierno de turno tuvo respecto de las recomendaciones emitidas por entidades internacionales como Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, presentadas a través de documentos desde el inicio de la crisis y en donde se ponía énfasis en el resguardo del derecho a la salud y a la vida.

Al respecto, Margotta se mostró inconforme con la estrategia utilizada por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia, la cual no estuvo en sintonía con lo advertido por los organismos internacionales.

“Si uno analiza el debido cuidado al derecho de salud y a la vida, que fue lo primero que estableció Naciones Unidas y el Sistema Interamericano, ciertamente que la estrategia ha sido fallida y la expresión más clara es que las cuarentenas dinámicas y la nueva normalidad tuvieron un impacto muy serio en miles de chilenos. Fue una estrategia negligente y temeraria, que no puso en el centro el debido resguardo el derecho a la salud de los habitantes”, argumentó.

Las omisiones a las recomendaciones internacionales, según Margotta, acrecentaron la vulnerabilidad de grupos como las personas que viven con VIH, las cuales se han visto expuestas a acercarse a diversos hospitales para recibir sus medicamentos sin opción a recibirlos en sus casas, o incluso las personas que fueron víctimas de traumas oculares en el estallido social, y cuyos tratamientos han quedado incompletos.

Respecto de esto último, el presidente de la Comisión Chilena de DD.HH. se refirió al avance de las investigaciones relacionadas con mutilaciones y torturas registradas en el estallido social, asegurando que “ha habido demasiada lentitud en el avance de las investigaciones, que contrasta con la celeridad con que cientos de jóvenes han sido formalizados o permanecen en prisión preventiva”. 

“Nos parece que hay un desbalance bastante evidente respecto de lo que ha sido la persecución penal a las personas que han participado en la protesta social y que se les ha perseguido judicialmente y muchos de ellos todavía se encuentran encarcelados. Sin embargo, las personas que cometieron crímenes contra los DD.HH., mutilaciones, torturas, están gozando de total y completa impunidad”, agregó Margotta.

La misma Comisión Chilena de DD.HH., por su parte, ha asegurado no olvidar los ataques que sufrió su sede en el marco del estallido social, justamente posterior a que se presentasen acciones judiciales que buscaban establecer responsabilidades penales por las violaciones a los DD.HH. cometidas por agentes del orden.

Asimismo, Margotta recalcó que dentro de las recomendaciones de organismos internacionales se ha puesto sumo interés en la situación de grupos socioeconómicamente vulnerables. Para ellos, el cuidado de la vida y la salud, según dijo, pasa por la implementación de rentas de emergencia sólidas y de carácter permanente, que no se condicen con los bonos y ayuda secuencial entregada por el Gobierno. “Es casi como si estuvieran haciendo una negociación con las personas”, sentenció Margotta.