“Un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela”. Fue esa frase la que utilizó el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para explicar las razones de apurar un regreso a clases de los niños, niñas y adolescentes en el contexto del plan de desconfinamiento “Paso a Paso” anunciado por el Gobierno.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente las reacciones se hicieron sentir en la discusión nacional. La propia Defensoría de la Niñez se manifestó a través de un comunicado público en el que rechazó los dichos del secretario de Estado.

“Creemos que no es válido sostener cualquier argumento para fundamentar ese interés, pues, inequívocamente, estos dichos constituyen una forma de intencionar el retorno a clases presionando con explicaciones que tienen un impacto comunicacional pero que, finalmente, generan una reacción razonablemente contraria de parte de los padres, madres y responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes (NNA)”.

Aunque este miércoles el secretario de Estado salió a aclarar sus dichos, la polémica ya estaba instalada y las críticas no se hicieron esperar.

Respecto a mis declaraciones en @aqui_somostodos, quisiera aclarar lo siguiente pic.twitter.com/URo1s07FGJ

— Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) July 22, 2020

El considerar el abuso y la violencia como factores para apresurar un retorno a los establecimientos educacionales, pero principalmente el haber centrado ese tipo de situaciones que vulnera a los niños, niñas y adolescentes en un sector de la sociedad, fue también rechazado por la investigadora y coordinadora de evaluación en Observatorio Niñez y Adolescencia, Valentina Terra. 

“Eso puede verse desde varias perspectivas. Por una parte, si el tema es el abuso, se estaría estigmatizando a aquellas familias más pobres porque ya sabemos, por estudios y cifras, que el abuso es un fenómeno transversal, no se da solamente en aquellas familias pobres que viven en hacinamiento, sino que n todo estrato. ¿Qué pasa con los otros niños? ¿Cuál es la preocupación del Estado con los otros NNA que viven en mejores condiciones habitacionales, pero que  pueden estar experimentando abuso u otra de violencia o maltrato? Aquí lo que hay es una estigmatización de la pobreza”.

“Otro aspecto a considerar es  que en las palabras del ministro además se ve la negligencia del Estado al dar como solución del abuso el volver al colegio, en vez de tomar las medidas específicas y necesarias , que son integrales, para que este tipo de violencia contra los NNA, que mayoritariamente se da en el espacio del hogar, no siga sucediendo”.

También el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar,  manifestó que lo expresado por el ministro Figueroa es de tal gravedad que lo inhabilita para ejercer el cargo.

“Lo quiero emplazar, si tiene antecedentes concretos respecto a casos de que niños en sus casas están siendo abusados sexualmente, él tiene la obligación como ministro de Estado de poner en conocimiento de eso a la justicia. Si no tiene antecedentes concretos, lo que está haciendo simplemente es una especulación, una gravísima acusación que ofende, que maltrata, que violenta a las familias vulnerables y pobres de este país”.

“Nos tenemos que proteger frente a este intento de presionar y recurrir a los argumentos de los abusos sexuales que producirían en las familias vulnerables que viven hacinadas es miserable, porque para lograr su propósito de hacer cualquier presión por el retorno  a clases, lo que está haciendo es ofender a las familias chilenas y me veo en la obligación de levantar la voz por esas familias que fueron ofendidas de manera tan irresponsable. No es aceptable que el ministro trate así a las personas por el solo hecho de ser pobres” aseveró el dirigente del Magisterio.

Pero otro de los aspectos que no se ha tomado en cuenta en este anuncio y requerimiento del Mineduc para que los sostenedores comiencen a “prepararse para recibir (a los niños) en sus escuelas una vez que las condiciones sanitarias lo permitan” y es que los propios estudiantes no han sido considerados en ninguna parte del proceso de la toma de decisiones.

“Hay una invisibilización de los niños y sus vidas y el hecho que no se les haya consultado cómo han experimentado esta situación y cómo ha sido para ellos no estar asistiendo al colegio o si quieren retornar, si sienten que están las condiciones sanitarias, de infraestructura y de seguridad para poder retornar y sentirse a salvo, en un ambiente protegido”, explica la experta en Infancia.

“Como Observatorio consideramos que no se puede retornar al colegio hasta que estén aseguradas las condiciones básicas de que no habrá rebrote. Primero hay que probar este plan Paso a Paso, que se asegure la trazabilidad y recién ahí estar pensando si se puede hacer un retorno al colegio. Lo clave es garantizar el derecho a la salud y a la vida de los NNA, pero si van hacer que vuelvan al colegio para que no sufran abuso o porque están en hacinamiento, ahí hay otro problema y es cómo el Estado ha fallado en garantizar ese derecho a los niños, cómo el Estado se preocupa y da soluciones a las familias para que los niños no vivan en condiciones precarias y vulneradoras”.

“De intentarse un experimento con el retorno a clases, este experimento sería con los más pobres, o sea, aquellos hijos e hijas cuyos padres se verán obligados a salir a trabajar porque no hay una medida del Estado que proteja realmente los trabajos de las personas, entonces hay una precariedad enorme pues se depende de la buena voluntad de los jefes”.

La visión de los sostenedores

Desde el arribo de la pandemia a Chile y la consiguiente suspensión de las clases presenciales, la cifra de estudiantes que no pueden acudir a los colegios es superior a 3,6 millones de escolares y 1,1 millón de universitarios.

El ministro de Educación ha planteado que es necesario que los alumnos retornen durante este año, sin entregar fechas determinadas y también aseguró que la reapertura de los colegios se debe hacer verificando las condiciones sanitarias e implementando protocolos de limpieza y desinfección. Además, señaló que los protocolos se trabajarán con los alcaldes y cada sostenedor que solicite el retorno, pero, para los alcaldes y alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades esa decisión es algo que le compete al Mineduc y no se debe delegar tal tarea en los municipios.

La Asociación Chilena de Municipalidades (AchM) condujo una encuesta nacional  sobre “Modalidad online y retorno a clases en la educación chilena”,  y en ella un 68% de los encuestados declaró que no enviaría a sus hijos a clases presenciales si el retorno fuese el segundo semestre. Por otra parte, las medidas de seguridad e higiene que se recomiendan por la Organización Mundial de la Salud para que los establecimientos educacionales puedan funcionar, implican cambios en la infraestructura de los colegios chilenos.

“La desigualdad existente entre los 11.500 colegios que hay en nuestro país es parte de una realidad, por lo que llevar a cabo las correctas medidas de  distanciamiento social y de higiene se ven como algo difícil de concretar. El uso de asientos individuales, reducir los espacios de interacción o el simple hecho de mantener una distancia de 1,8 metros se presentan como las principales medidas, para las que los estudiantes de la educación chilena no parecen estar preparados”, señalan desde la AchM.

El Presidente de la Asociación de esas corporaciones, alcalde Fernando Paredes, en conversación con nuestro medio recalcó que los anuncios del ministro Figueroa trasuntan el centralismo que ha inundado la toma de decisiones en todos los aspectos que ha afectado la pandemia.

“Muestra de cuerpo completo la necesidad  de descentralización del país, pues cada región tiene particularidades distintas y dentro de ellas, hay comunas que son distintas a otras. Hay que tener primero presente, antes de definir el retorno a clases, cuándo comienza el proceso de desconfinamiento de cada territorio y en ese proceso, por cierto que  en su etapa final estará el retorno a clases y por eso como AchM entregamos un estudio de los costos involucrados para cumplir con las normas sanitarias si se quiere volver a las clases presenciales”, dijo el alcalde de Puerto Natales.

Esos costos, según los datos levantados por la organización, llegarían a los $12 mil millones de pesos mensuales, considerando solo media jornada escolar y dejando fuera del cálculo a jardines infantiles, escuelas de lenguaje y el costo de los funcionarios auxiliares, debido a la falta de información de algunas comunas.

“Para tener un retorno seguro se necesita contar con elementos básicos de higiene y protección, tales como: mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, jabón líquido, toallas desinfectantes, papel secante, termómetros digitales y amonio cuaternario. El uso diario de estos puede variar dependiendo de la cantidad de horas que los alumnos pasen en la jornada escolar y la cantidad de estudiantes y docentes que ingresen a cada colegio”, dice el estudio que presentó el Presidente de la AchM al Mineduc a inicios de esta semana.

“Creo que no hay una respuesta única para todo el sistema educativo en el país, sino que inevitablemente hay que entender que hay comunas y regiones que tienen situaciones distintas y algunas no tienen cómo pensar en un posible retorno. Además al Ministerio le toca bajar los protocolos de exigencia para que cada comuna pueda planificarse”, agregó el jefe comunal.

Consultado sobre las  divergencias entre lo señalado por el ministro Enrique Paris y el ministro Figueroa, en cuanto a un eventual regreso a las salas de clases, el presidente de la AchM señaló la necesidad de que ambos ministerios estén coordinados.

“Estos dos Ministerios deben congeniar aspectos fundamentales para poder llevar a la práctica este plan paso a paso y, dicho muy en simple, siento que la decisión de retomar las clases en los establecimientos depende de la autoridad sanitaria y si no están las condiciones, mal se puede pensar en volver a clases. Cuando se habla de desconfinamiento esto supone, de todas maneras, una coordinación estrecha entre el Ministerio de Salud y el de Educación”.

Tanto los expertos, como los docentes y sostenedores concuerdan en que el retorno a clases debe realizarse sobre la base de un programa seguro en el que se otorguen garantías a cada establecimiento municipal y a las familias de que ello no implicará pagar consecuencias en la salud de los miembros de las comunidades escolares.