El plebiscito concretado el pasado domingo tuvo como hito de motivación el estallido social de octubre de 2019, proceso en el que se denunciaron cientos de violaciones a los derechos humanos y que terminó también con muchos jóvenes detenidos por desórdenes o manifestaciones. Ambos temas buscan ser abordados mediante proyectos de ley con los que se quiere establecer reparación a las víctimas y amnistía para los denominados “presos de la revuelta”.
En lo que refiere a derechos humanos, diputados y diputadas de oposición presentaron un proyecto de reparación e indemnización para víctimas de violencia estatal. La iniciativa liderada por la diputada Camila Vallejo (PC) y apoyada por Carmen Hertz, Marisela Santibáñez, Matías Walker, Tucapel Jiménez, Emilia Nuyado, Carolina Marzán, Pamela Jiles, Gabriel Boric y Natalia Castillo fue ingresado este martes a la Cámara.
El proyecto beneficiaría a miles de personas que fueron víctimas de la violencia estatal o que sus familiares fallecieron en el contexto del estallido social.
“Nosotros estamos plenamente conscientes de que este país sigue en deuda con quienes iniciaron el estallido social, quienes iniciaron esta movilización histórica que nos permitieron el hermoso triunfo del 25 de octubre. Muchas de esas personas que se atrevieron a salir con fuerza a las calles, perdieron sus ojos, muchos murieron, muchos sufrieron daños no solamente físicos, sino también psicológicos que los van a marcar toda su vida. A ellos les debemos mucho y este país y este Estado lamentablemente sigue en deuda con ellos; la justicia no llega o llega tarde. Y no hay nada más injusto que la justicia que llega tarde”, indicó la diputada Camila Vallejo.
“Lo que queremos hacer con este proyecto es contribuir un poco en algo que es tan necesario como lo es la reparación y a través de un procedimiento civil para acelerar los procesos de demanda hacia el Estado para la reparación, queremos hacer que las víctimas logren cuanto antes una justa reparación. Probablemente no va a ser todo lo que se espera, porque sabemos que los daños probablemente son irreparables, pero sí creemos que es necesario, ético y nuestro deber moral presentar este proyecto de ley”, añadió la diputada del Partido Comunista.
Según el balance entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos a un año del estallido social, la institución ha presentado más de 2.520 querellas por violaciones de los derechos humanos, en las que se consideran 3.203 víctimas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de marzo del 2020.
Además de este proyecto, en el mismo ámbito, el pasado 16 de octubre la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, anunció la creación de una mesa de trabajo de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el marco de las movilizaciones sociales.
Sobre la situación, el abogado de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios, Rodrigo Mallea, explicó que la búsqueda de alternativas que vayan en la línea de proteger a personas que han sido vulneradas siempre serán positivas para el país.
“Vienen a ser más que un aporte una necesidad urgente a hacernos cargo de todas las víctimas de un Estado que ha perseguido a quienes manifiestan libremente su derecho a la libre expresión y lo ha hecho con fines más que nada políticos”, señaló.
Además, agregó que, aunque el Gobierno ha quedado al debe en la materia, “desde la organizaciones de la sociedad civil sí se ha podido instalar una idea que es la siguiente: hoy no existen mecanismos de reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y es una necesidad que existan”.
“Esta reparación desde los derechos humanos se debe entender de una forma completa e integral, tratamiento médico, acompañamiento psicológico, reconocimiento por parte del Estado, el que hoy día no existe. El Estado se ha negado a entregar cifras, a entregar caracterización, a tomar medidas al respecto, lo mismo con las garantías de no repetición verdad y justicia, que son cuestiones que a nivel de derechos humanos están bastante instaladas como para el que el Gobierno tome la acción de hacerlo por su cuenta”, concluyó.
No olvidar a los presos de la revuelta
Otro tema que ha sido planteado con fuerza los últimos días, más aún tras el aplastante triunfo del Apruebo que demostró que lo planteado por millones de personas en las calles a través de la movilización no era un pensamiento aislado, es la posibilidad de una amnistía a quienes fueron detenidos en el marco del estallido social.
Importantes figuras públicas dedicadas a la labor social han defendido esta idea. Tal es el caso del sacerdote jesuita Felipe Berrios, quien ha expresado en diversas ocasiones la necesidad de buscar una salida política para estos casos y excarcelar a los jóvenes.
En tanto, el director de América Solidaria, Benito Baranda también ha apuntado en esa línea: “Indudablemente que todos los jóvenes que les ha tocado participar en esas actividades, que muchas veces han causado daño material pero que también han sido dañados -basta con ver las listas de las víctimas de daño ocular-, por supuesto que tienen que ser liberadas. Esas personas lo que hicieron fue poner, de manera violenta, sobre la mesa -sí, de manera violenta- algo que ya estaba violentando a nuestras poblaciones”, señaló en entrevista con Radio Universidad de Chile.
“Yo creo que lo que ha ido ocurriendo en Chile es que este grupo ha tenido que sacar la cara y poner la cara, y poner sus ojos muchas veces, para poder defender cosas que se vienen defendiendo hace mucho tiempo con argumentos y que no han sido escuchadas”, añadió.
Desde el mundo político, en tanto, la Bancada Comunista exigió que se entregue amnistía a los presos de la revuelta, esto porque señalan que se trata de jóvenes pobres que han sufrido una vida de discriminación y que se rebelaron frente a la injusticia. Además, indicaron que estos jóvenes ya fueron sancionados con la privación de libertad, a diferencia de aquellos que cometieron graves actos de corrupción sin recibir castigo alguno.
El senador Alejandro Navarro (PRO) anunció que presentará un proyecto de ley en el Senado para avanzar en esta amnistía, dado que este tipo de iniciativas deben ser iniciadas en la Cámara Alta.
“El triunfo del Apruebo la noche del 25 de octubre tuvo un gran ausente que son, sin duda, los jóvenes que lucharon en la calle, en las plazas de todo Chile para este triunfo y estaban encarcelados, presos de manera injusta, presos políticos, acusados de delitos que no cometieron, con montajes, con prisiones preventivas abusivas, es necesario una ley de amnistía”, comentó Navarro.
El senador añadió que “vamos a presentar un proyecto de ley de amnistía general y espero que esto sea aprobado. Vamos a conversar con los diputados de la bancada del Partido Comunista, con las organizaciones sociales, de derechos humanos y vamos a hacer efectivo el derecho que el artículo 65 de la Constitución le entrega al Senado para presentar leyes de amnistía o indultos generales, haremos que el instrumento cumpla el objetivo de recuperar la libertad de estos jóvenes”.
En tanto, el abogado Rodrigo Mallea expresó sobre la posibilidad de amnistía que dado el contexto en que las detenciones se han generado, la forma en que se han aplicado medidas cautelares o la falta de diligencia y voluntad por parte de las autoridades para tener procesos claros y eficientes esta opción efectivamente es viable.
“Por ejemplo, cuando hablamos de un procedimiento veloz, de la protección de derechos estamos hablando de hacernos casos de una desigualdad que se di al alero de una producción jurídica desigual. La aplicación antojadiza o incluso como regla general de la Ley de Seguridad Interior del Estado tiene que corregirse porque fue utilizada de una forma más política que jurídica”, explicó.
A esto añadió sobre el rol del Gobierno que “lamentablemente tengo una evaluación super negativa de la disposición del Ejecutivo para con el esclarecimiento de estos hechos o para tomar algún tipo de medida que busque la protección de las personas que han sido injustamente pasadas a prisión preventiva o aplicado algún tipo de medida cautelar gravosa, ¿por qué? porque ha habido una omisión respecto de una postura sobre eso. Solo se ha visto aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y nada más. Yo no veo al Gobierno o a los sectores que trabajan con él apoyando este tipo de medidas”.
Sobre este mismo tema, durante esta jornada también Convergencia Social se pronunció. Desde el partido integrante del Frente Amplio presentaron un proyecto de resolución que busca tres acciones: la conformación de una comisión que trabaje un indulto general para condenados por delitos durante el estallido, la orden del Presidente al Ministerio del Interior de desistir en las querellas por ley de seguridad interior del Estado y por último la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva, solicitando su reemplazo por una menos gravosa.
Desde el Gobierno, al conocer la propuesta de amnistía para los presos del estallido rechazaron la medida: “Nuestra legislación penal establece una sanción para aquellas personas, y lo que corresponde es que la justicia investigue, que la fiscalía lleve adelante investigaciones penales en contra aquellos que son responsables y si se determina su responsabilidad que sean sancionados conforme a la ley”, dijo el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli.
“Establecer indultos, que parecieran dar la señal de que esas conductas son perdonables o deberían no ser sancionadas, creo que son señales equivocadas y parecen validar la violencia que vivimos en esa época”, expresó.
Así, si bien la medida no contaría con el apoyo del Ejecutivo, al ser poderes independientes, de todas formas en el Senado se pueden presentar y discutir posibles amnistías para quienes fueron detenidos durante el estallido social.
