El máximo órgano de Justicia del país revocó tres de los cuatro recursos de amparo presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instancias en favor de los inmigrantes expulsados del país el pasado diez de febrero en la ciudad de Iquique.
Esto luego de que el Gobierno apelara la resolución de la Corte de Apelaciones de Iquique, misma que había dado razón a los representantes de los inmigrantes y confirmara la ilegalidad del proceso.
Sin embargo, este miércoles, la Segunda Sala de la Corte Suprema dijo lo contrario y concluyó que la autoridad administrativa de la zona, es decir, la Intendencia de Tarapacá, “ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Constitución y las leyes, fundando adecuadamente sus actos”.
Según el máximo órgano judicial de Chile la expulsión de los inmigrantes fue completamente legal que ya que no existió ninguna acción u omisión que afectara la libertad personal o ambulatoria de los ciudadanos extranjeros.
Fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien celebró la resolución, afirmando que “expresamente la Corte Suprema señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la Ley y a la Constitución y además, dando cumplimiento a la Ley Migratoria”.
Con esto, la Justicia chilena dio la razón al Gobierno pese a que expertos, académicos y organizaciones de derechos humanos han acusado la ilegalidad del procedimiento, apelando, sobre todo, al Pacto San José de Costa Rica.
