Luego del receso que significó el feriado de Fiestas Patrias, esta semana se retoma la actividad en el órgano encargado de redactar una propuesta de nueva Constitución.

Al interior de la Convención se han producido situaciones complejas, especialmente la ocurrida el jueves 9 de septiembre en el plenario cuando, luego de la propuesta de la presidenta Loncón y el vicepresidente Bassa sobre la forma de votación del reglamento, se generó una tensión tal que fue necesario suspender la sesión.

“El asunto tuvo relación con que algunas cuestiones del reglamento tendrían un quórum especial de 2/3, una de ellas era la consulta indígena por lo que los Pueblos Originarios señalaron que existen compromisos del Estado en materia de DD.HH. que la Convención no puede ignorar ni menos establecerlo con una votación especialmente alta y difícil de alcanzar”, explicó Claudio Nash, Académico de la  Universidad de Chile, doctor en Derecho y Coordinador Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, este lunes en la sección Agenda Constituyente de Radioanálisis, en conversación con Claudio Medrano y Juanita Rojas.

“Luego de una larga negociación, la propuesta fue votar respecto de cómo se votaría y se dio plazo hasta el 14 de septiembre para que los convencionales propusieran qué tipo de temas y normas serían votadas por 2/3. En ese entendido, solo Vamos por Chile propuso normas que necesitaran tal quórum para ser aprobadas y finalmente todas fueron rechazadas, por lo tanto, todo el reglamento se votará por mayoría simple: 78 votos”, explicó Nash.

“Esto quiere decir que, a la hora de decidir que las normas constitucionales requieran una votación mayor, esta decisión debe ser aprobada por mayoría simple, por lo tanto, la norma que establece que los artículos de la Constitución se aprobarán por 2/3 sigue estando vigente”.

Hay 365 propuestas de cambio de reglamento formuladas por los convencionales y esto se resolverá entre este lunes y martes con el trabajo de la Secretaría para que  sea votado a partir del miércoles en el Pleno. El académico adelantó que en esta semana, en la Convención hay cuatro temas que estarán en la discusión y que presentan especial tensión: primero, la norma de los 2/3, segundo, la idea de los plebiscitos dirimentes cuando haya normas que no alcancen el quórum, pero cuentan con mayoría. En tercer lugar se encuentra la norma sobre iniciativa popular constituyente y, por último, los temas de libertad de expresión en la Convención y las sanciones del reglamento de ética que pueden ser muy gravosas. En ese sentido, Nash se refirió a la necesidad de ser tolerantes con posiciones opuestas, ya que eliminar esas voces del debate puede ser peor que simplemente resolverlas en la discusión.

“Luego de lo de Rojas Vade se produjo un ambiente propicio a las sanciones, pero hay que tener cuidado con que eso vaya a generar condiciones que impidan una deliberación constitucional lo más libre posible, incluso al costo de tener que escuchar cosas desagradables, lo que no necesariamente implica tolerar actos de agresión o de racismo”.

Consultado al respecto, el académico de nuestra casa de estudios manifestó su confianza en el trabajo de la Convención Constituyente incluso para resolver esos temas que parecen no tener solución.

“Hay que estar tranquilos con que todo lo que se está discutiendo hoy, en ningún caso pone en riesgo el proceso constituyente”.

En cuanto a los tiempos que podrían requerir los posibles plebiscitos dirimentes, Nash indicó que ese asunto es menos complejo que el conseguir voluntad política para impulsar ese acuerdo por parte de quien debe hacerlo que es el Ejecutivo.

“La constituyente puede decidir que haya plebiscitos dirimentes y se podría pensar que en los nueve meses que originalmente tiene, de los que le quedan 6, se puede discutir el articulado e identificar aquellas normas en la que existe desacuerdo. Eso se puede hacer sin problemas. Sobre eso, quedan tres meses más para ofrecer a la ciudadanía las alternativas que haya con la publicidad suficiente y que se pueda tomar una decisión que luego se integre y coordine con el acuerdo final y las normas ya aprobadas. No debiéramos tener un problema con los tiempos, es más complejo lidiar con las voluntades porque organizar un plebiscito implica coordinar todo un aparato de poder público”.

“Requiere de mucha voluntad política en tiempos complejos: elecciones presidenciales, asunción de un nuevo gobierno en marzo y puede ser que la labor del nuevo Ejecutivo sea acometer la labor de un plebiscito. Se trata claramente de un asunto complejo, pero si queremos participación eso siempre será complejo. Siempre es más fácil aprobar una Constitución como se hizo con la del 80: que cuatro personas conversen y decidan y luego hagan una propuesta al dictador de turno y sea éste quien la apruebe. La participación ciudadana tiene costos, pero son los costos de una democracia abierta y hay que acostumbrarse a eso, porque es lo que viene en la nueva Constitución y es un ejercicio muy sano” concluyó.