En una sesión especial que se extendió por más de dos horas, el Senado abordó la crisis migratoria que está atravesando el norte del país y que se enmarcó a propósito de la marcha ocurrida en Iquique el pasado 25 de septiembre, que terminó con agresiones y la quema de pertenencias de ciudadanos venezolanos en situación de calle.

Un hecho que ha sido condenado por parte de diversos actores sociales y de la comunidad internacional y que se suscitó un día después del desalojo de extranjeros de la Plaza Brasil de Iquique, ordenado por el delegado presidencial de la región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada.

En ese contexto, la Mesa del Senado en una declaración pública citó para este martes a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, para tratar la problemática; sin embargo, dichas autoridades no pudieron asistir a la convocatoria que comenzó pasadas las 12.00 horas y fueron reemplazados por los subsecretarios Juan Francisco Galli y Carolina Valdivia, respectivamente.

La presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, inició la sesión señalando que “la migración es un desafío que debemos enfrentar con criterios humanitarios. Este es un fenómeno complejo que nos obliga a todas y a todos, a los actores políticos nacionales, a los gobiernos extranjeros, a los organismos internacionales. Tenemos que ser capaces de buscar soluciones integrales que atiendan efectiva y humanitariamente a esta crisis migratoria”.

El primero en tomar la palabra fue el senador PPD por la región de Tarapacá, Jorge Soria, cuestionó la seguridad de las fronteras, custodiadas por Carabineros y las Fuerzas Armadas, por lo que destacó la necesidad de nuevas medidas para mayor protección.

Asimismo, el parlamentario agregó que sobre los migrantes que lograron ingresar clandestinamente “Chile tiene la obligación de brindarles a esas familias un lugar seguro y limpio, donde descansar, alimentarse y ser atendidos por personal sanitario, más aún en tiempos de pandemia” y planteó la posibilidad de una acción conjunta con la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) para armar un campamento de manera de entregar asistencia humanitaria, además de realizar el registro de las personas para detectar a quienes tengan antecedentes penales.

La senadora de la UDI, Luz Ebensperger, expresó que la crisis migratoria no ha sido abordada en toda magnitud y apuntó a la protección de los derechos humanos de los habitantes de la zona.

En el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que al fenómeno migratorio hay que darle “una mirada de Estado” y añadió sobre la agresión de migrantes que “creo que tenemos que ser tajantes en rechazar la violencia, con tintes xenofóbicos por parte de la población en contra de ciudadanos extranjeros”.

En ese sentido, la autoridad enfatizó en la importancia de desincentivar la migración por pasos no habilitados y la fomentar un ingreso regulado al país. Por otra parte, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro como la principal razón del desplazamiento de más de cinco millones de personas de Venezuela e hizo mención del informe de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que reportó que 2/3 de los empleados formales de ese país tiene un ingreso promedio de 2 a 5 dólares mensuales.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, realizó una presentación respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes y detalló las diversas medidas desarrolladas por la cartera en conjunto con el Servicio Jesuita a Migrantes. Además, informó sobre la implementación de dos Centros de Acogida Transitorios en Colchane e Iquique.

Mientras la canciller subrogante, Carolina Valdivia, advirtió sobre las estimaciones de la OEA sobre el éxodo de ciudadanos venezolanos que podría alcanzar los siete millones para 2022, siendo esta “una de las peores crisis de migrantes y de refugiados del mundo. Solamente la supera la crisis de Siria donde hay casi 6,7 millones de personas que han salido de su país”, indicó.

Por su parte, el director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Carlos Figueroa, apuntó sus dardos a los dichos del Presidente Sebastián Piñera durante su visita a Cúcuta en 2019, donde ofreció a venezolanos a venir a Chile y criticó la aplicación de la Visa de Responsabilidad Democrática, señalando que esta ha sido solicitada por 400 mil personas, pero que solo se las ha otorgado al 14% de ellas. Por lo que emplazó al Ejecutivo a aplicar la ley de refugio.

Otro de los hitos que marcó la jornada fueron las acusaciones cruzadas entre los senadores Alejandro Navarro y Felipe Kast.

Esto, luego que el primero pidiera perdón a las víctimas. Declaraciones que generaron la respuesta del parlamentario de Evópoli, quien lo acusó de defender la dictadura de Nicolás Maduro.

“A mí me encantaría que todos pudieran hoy día decirle perdón a esos migrantes porque desgraciadamente en este Senado el presidente de la comisión de Derechos Humanos idolatra a un dictador que es el culpable de que más de cinco millones de venezolanos hayan tenido que migrar de ese país”, señaló en la discusión en la que tuvo que intervenir la senadora Ximena Rincón para calmar los ánimos.