Luego de aprobarse la indicación que establece un impuesto a los más altos patrimonios, parlamentarios proyectaron un escenario complejo para el avance del proyecto de Pensión Garantizada Universal en el Congreso.

Esto, luego que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados abordara la iniciativa de financiamiento e ingresara una modificación que incorpora un gravamen con una tasa de 1,5% para quienes tengan un patrimonio entre los US$ 5 millones y US$ 22 millones, subiendo a un 2,5% para aquellos que superen este límite.

Esta idea no cayó bien en el Gobierno y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, anunció una reserva de constitucionalidad, debido a que la creación de impuestos es de facultad exclusiva del Presidente de la República.

A esta situación se suman las solicitudes que han hecho senadores para fusionar el proyecto de Pensión Garantizada Universal con el de exenciones tributarias, el cual, de hacerse efectivo, retrasaría la puesta en marcha de la normativa, de acuerdo al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Al respecto, la diputada de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Sofía Cid, dijo llamarle la atención de que el presidente de la instancia, el independiente Pablo Lorenzini, declarara admisible la indicación y dudó de su efectividad respecto de la recaudación de recursos para el erario fiscal.

En ese sentido, apuntó al rechazo previo que tuvo el denominado proyecto de “impuesto a los súper ricos”, señalando que “hemos recibido no solo en la comisión de Hacienda, sino que también en la de Economía, a varios expertos de todos los sectores políticos, quienes dicen que el impuesto al patrimonio es muy complejo, primero de cuantificar el patrimonio y luego de cobrar el impuesto. Entonces, la recaudación es muy baja, no es muy efectivo”.

“Por otro lado, te habla de un impuesto a personas naturales y sabemos que los grandes capitales en nuestro país son mucho de sociedades. Ahí hay otro reparo en realmente si esto recauda o no recursos al Estado. Entonces, en definitiva se está alargando un proyecto que podría ser rápido”, agregó la legisladora.

El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz -también miembro de la instancia- aseveró que “dadas las dudas sobre el financiamiento estructural, es decir, la capacidad de pagar la Pensión Garantizada Universal en los años sucesivos, creo que el impuesto a los super ricos contribuye a ello. Me parece además que es un impuesto progresivo, es una contribución que hace el 1% más ricos de los chilenos a financiar el derecho a una pensión para todas y todos. Creo que va en la dirección correcta y espero que el Gobierno respete lo que se aprobó y que se apruebe en la Cámara el lunes próximo”.

Sin embargo, en la oposición también manifestaron sus reparos. El diputado socialista, Leonardo Soto, consideró que, si bien es partidario del impuesto a los súper ricos, presentar esta medida por iniciativa parlamentaria y no por el Ejecutivo “lo que puede hacer es retrasar este proyecto, a llevarlo al Tribunal Constitucional y nunca ver la luz. Muy probablemente, va a estar la idea de que aprobar el impuesto acá es equivalente a que no salga la Pensión Garantizada Universal porque los parlamentarios no tenemos iniciativa para crear impuestos o tributos”.

Por lo mismo, consideró que “la principal preocupación que existe sobre la iniciativa es precisamente que se quede en un proyecto de ley y debate testimonial. Si no tomamos las decisiones correctas, nuevamente se va a dejar a cientos de miles, millones de jubilados sin un incremento en sus pensiones y creo que eso no es positivo”.

En tanto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, manifestó que “no hay que dilatar más la Pensión Garantizada Universal. Por lo tanto, lo que creo que va a ocurrir y mi llamado es a aprobar el proyecto en las condiciones en la cual fue aprobado en la comisión de Hacienda, con la incorporación al impuesto a los súper ricos y, posteriormente, en el Senado que se llegue a un acuerdo con el Gobierno para que esa iniciativa no llegue al Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo que tenga un financiamiento suficiente, claro, transparente y que dé garantías a todos”.

El proyecto de financiamiento de la PGU será discutido en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo lunes 10 de enero, en una sesión especial entre las 16:00 y 18:30 horas.