1-      Avanzan primeros derechos fundamentales

La semana pasada uno de los temas protagonistas dentro del debate constitucional lo tuvieron los derechos fundamentales. Para muchos este capítulo normativo es la “madre” de, en gran medida, las mayores demandas ciudadanas.  En ese contexto, la comisión de Derechos Fundamentales comenzó la deliberación de los derechos sociales, entre ellos educación, salud, vivienda; mientras que el Pleno recibió el primer informe de normas sobre derechos fundamentales. Se expusieron 50 normas, de las cuales 14 lograron alcanzar el quórum de los 2/3 (103 votos) siendo aprobadas en general. Dichas normas serán ahora votadas en particular este martes 15 de marzo. El resto vuelve a la comisión para ser revisadas con la opción de ser ingresadas nuevamente en un segundo informe.

¿Qué se aprobó? Dentro de los 14 artículos aprobados se encuentra un principio general sobre los derechos fundamentales, el reconocimiento de la función social, económica y productiva de las cooperativas; derechos de las personas chilenas en el extranjero, reconociendo que todas ellas tienen el derecho a vincularse permanentemente con los asuntos públicos y el devenir del país; deberes de prevención, investigación y sanción; imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía;  la prohibición de la desaparición forzada; el derecho a la integridad personal; el derecho a la vida reflejado en que toda persona tiene derecho a la vida y a que ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada; el derecho a la autonomía a la libre determinación, consagrado en que toda persona tiene derecho a la libertad, aplicada a su personalidad, sus proyectos de vida, su identidad y la autonomía sobre su cuerpo; y el derecho a la libertad personal y seguridad individual. Dentro de lo aprobado, lo que causó mayor interés fue  el derecho a la libre determinación del cuerpo de la mujer, lo que abre la opción del aborto libre e informado.

• Definición del Estado de Chile

La Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía también tuvo turno en el Pleno para deliberar y votar su primer informe en general. Se expusieron 36 normas relacionadas a diferentes principios constitucionales relacionadas a grandes principios de la nueva Constitución, como la definición de Estado, a la nacionalidad y ciudadanía, los mecanismos de participación popular, de los pueblos indígenas y el pueblo tribal afrodescendiente, y a la Integración de fuentes del derecho internacional de los Derechos Humanos.

De las normas presentadas, solo 6 lograron ser aprobadas. El resto deberá volver a ser revisada por la comisión. Dentro de los argumentos que se esgrimieron para el rechazo de gran parte del informe, está que muchos artículos abarcaban temáticas muy generales, y que requerían un mejor trabajo en su redacción.

Dentro de lo aprobado destaca la norma que establece la definición conceptual del Estado, consagrando los elementos de plurinacionalidad, ecología, interculturalidad y paridad siguiendo la línea de lo aprobado en otras normas bajo estos mismos principios constitucionales, que ya se consagran como una tónica para el nuevo texto.

También, se aprobó una norma que se refiere a la igualdad sustantiva de género; a la declaración de Chile como un país oceánico, al reconocimiento de la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas; al reconocimiento como emblemas representativos de Chile –considerando la bandera, el escudo y el himno nacional- y a la transparencia y probidad del actuar de la función pública.

• Sistema Político llega al Pleno

La llamada “Sala de Máquinas” de la Convención —la Comisión de Sistemas Políticos— ya afina su primer informe de normas para presentar esta semana al Pleno. Serían cerca de 100 artículos únicos que se expondrían, luego de que se votaran 760 indicaciones a cada una de las normas que se están discutiendo. En esta comisión se están tratando importantes temas sobre el modelo de gobierno y régimen institucional que tendrá el Estado chileno en la nueva Constitución.

Entre lo que ya se ha aprobado en general y particular en temas como el Congreso Nacional, es que este no sería unicameral, aunque sin la presencia como tal del Senado, sino que sería reemplazado por un Consejo o Cámara Territorial Regional, que tendría las facultades de segunda cámara. Mientas que la primera Cámara sería el llamado Congreso Plurinacional con una conformación de no más de 205 miembros. Con ello, se estaría consagrando una sola gran cámara en el Congreso, más una instancia territorial que aún, eso sí, no concita un amplio acuerdo, tanto en su nombre como en sus atribuciones. Dicho sistema legislativo sería del estilo bicameralismo asimétrico.

Dentro del Poder Ejecutivo también  se presentará al Pleno la norma que establece la figura de un ministro de gobierno, nombrado por el Presidente de la República, y que sería el encargado de llevar adelante el programa de gobierno en el Congreso. En otras temáticas, se zanjó que el voto volvería ser obligatorio, abriendo -eso sí- la opción de voto voluntario para mayores de 16 años.

Otra de las normas que se discutiría en el Pleno este viernes, en deliberación y votación en general, será la de permitir el ingreso al sistema electoral de votaciones no solo a partidos políticos, sino también a movimientos y organizaciones sociales. Con todo, se prevé una amplia discusión, sobre todo en cuanto a cómo quedará conformado el nuevo Congreso Nacional. Ya se adelanta, en todo caso, que muchas de las normas no pasarán la barrera de la votación en general y deberán ser revisadas nuevamente por la Comisión.

• Medio Ambiente revisa normas rechazadas

La Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico, comenzará a revisar esta semana el segundo informe que deberán presentar al Plano, tras el rechazo de 39 de las 40 normas presentadas en el informe anterior. Aunque -en paralelo- la comisión ya ha ido avanzando en el segundo informe, con temáticas como los estatutos mineros, energéticos o medio ambientales. También, la instancia avanzó en la aprobación de normas sobre el respeto al ecosistema como, por ejemplo, una que se refiere a nuestros océanos.

La norma, aprobada por unanimidad, establece “el reconocimiento del océano chileno como una reserva natural de carbono y de la biodiversidad; la aplicación del estatuto en todo el maritorio chileno; la institucionalidad del océano chileno; la protección y conservación de la naturaleza oceánica; y el deber del estado de proteger los océanos y su fondo marino”.

• 7 semanas para texto borrador

Según el cronograma aprobado en enero, el próximo 24 de abril debe ser presentado al Pleno el texto borrador de la nueva Constitución, para que sea ingresado a la Comisión de Armonización, instancia conformada por 40 convencionales y que será la encargada de revisar, afinar y dar cuerpo jurídico al texto presentado. Los integrantes se elegirán por votación de las y los convencionales, mediante la fórmula de patrocinio.  Todos estos plazos se deben oficializar el próximo 22 de marzo, cuando se haga efectiva la prórroga de tres meses del trabajo de la Convención, que está contemplada en el reglamento y en la cual ya existe un consenso para concretarla, lo que extienderá el plazo final de entrega del texto al país para el próximo 4 de julio.

Con todo, solo restan 7 semanas para que las 7 comisiones despachen todos sus informes, sean revisados por el Pleno y votados en particular y en general. Sin embargo, la performance —hasta ahora— de los distintos informes no ha sido de la mejor. De 176 normas que se han presentado, se han devuelto a sus respectivas comisiones 120; y sólo 56 pasaron la barrera de lo general y particular, formando ya parte del borrador del texto constitucional.

Muchas de estas normas han sido rechazadas, bajo argumentos de que exceden temas constitucionales y que su redacción no es la más adecuada. Pero este escenario, hace que las comisiones —en vez de avanzar— tengan que volver a revisar las normas devueltas, lo que está generando diversos “tacos” de artículos. La opción de pedir más prórroga -es decir, más de 1 año- depende de una reforma constitucional que debe revisar el Congreso. Si bien la mesa de la Convención se la juega por terminar en los plazos, ya existen algunas voces que abogan por revisar nuevamente los tiempos con el fin de poder llevar a cabo un trabajo con algo más de holgura.