Uno de los puntos delicados del proyecto de ley de financiamiento para la reconstrucción son los impuestos a las grandes mineras que el gobierno fijó en un período de dos años para obtener recursos de una de las industrias más poderosas del país
Sin embargo, el aumento en las tasas del royalty, también fija un período de invariabilidad tributaria de otros ocho años, lo que congelaría todo cambio impositivo hasta el 2020, aspecto criticado por la Concertación.
El diputado PPD Pepe Auth de la comisión de Hacienda, señaló que entre el 2013 y el 2017 se proyectan altos precios del cobre, justo cuando se aplicaría la cláusula.
“El país perdería la posibilidad de recibir gran cantidad de recursos para la reconstrucción y para atacar los problemas de desigualdad también. Lo que estamos proponiéndole al gobierno es que haga correspondiente el número de años en que se aplica el incremento con el número de años que se ofrece de invariabilidad”, indicó Auth.
Frente a este argumento el gobierno defendió la medida propuesta, ya que señalan que deben dar cierta estabilidad normativa a las grandes mineras, pensando que realizan inversiones fuertes a largo plazo.
El ministro de Hacienda Felipe Larraín, justificó la medida considerando que es un mal menor si se compara con la ley que creó el impuesto a las mineras. “Hemos presentado un proyecto que extiende la invariabilidad tributaria en ocho años, respecto a lo que existía hoy. El proyecto que se presentó de royalty en el gobierno del Presidente Lagos, otorgó variabilidad por doce años”, señaló.
Pero esta discusión pareciera que no toma la globalidad del debate, ya que Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del cobre, planteó que de aplicarse esta cláusula, se le daría carta blanca a las mineras por demasiado tiempo.
“Serían prácticamente veinte años con respecto a las tributaciones. Nosotros vamos a apoyar el tema, pero creemos que debe discutirse de forma bastante seria el royalty, para dejar impuestos para los sectores más postergados de este país. Para más es voluntario y transitorio, tiene que ser permanente y sin invariabilidad tributaria”, señaló Espinoza.
Según el dirigente, el proyecto debería aplicar un aumento permanente y no transitorio, además que no sea de carácter voluntario. El pago de este tributo significaría unos 700 millones de dólares por recursos mineros no renovables, que de acuerdo a la Constitución le pertenecen al Estado.
El proyecto de ley, que incluye esta norma, será votado en el día de mañana en la sala de la Cámara de Diputados para cumplir su primer trámite constitucional.
Uno de los puntos delicados del proyecto de ley de financiamiento para la reconstrucción son los impuestos a las grandes mineras que el gobierno fijó en un período de dos años para obtener recursos de una de las industrias más poderosas del país
Sin embargo, el aumento en las tasas del royalty, también fija un período de invariabilidad tributaria de otros ocho años, lo que congelaría todo cambio impositivo hasta el 2020, aspecto criticado por la Concertación.
El diputado PPD Pepe Auth de la comisión de Hacienda, señaló que entre el 2013 y el 2017 se proyectan altos precios del cobre, justo cuando se aplicaría la cláusula.
“El país perdería la posibilidad de recibir gran cantidad de recursos para la reconstrucción y para atacar los problemas de desigualdad también. Lo que estamos proponiéndole al gobierno es que haga correspondiente el número de años en que se aplica el incremento con el número de años que se ofrece de invariabilidad”, indicó Auth.
Frente a este argumento el gobierno defendió la medida propuesta, ya que señalan que deben dar cierta estabilidad normativa a las grandes mineras, pensando que realizan inversiones fuertes a largo plazo.
El ministro de Hacienda Felipe Larraín, justificó la medida considerando que es un mal menor si se compara con la ley que creó el impuesto a las mineras. “Hemos presentado un proyecto que extiende la invariabilidad tributaria en ocho años, respecto a lo que existía hoy. El proyecto que se presentó de royalty en el gobierno del Presidente Lagos, otorgó variabilidad por doce años”, señaló.
Pero esta discusión pareciera que no toma la globalidad del debate, ya que Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del cobre, planteó que de aplicarse esta cláusula, se le daría carta blanca a las mineras por demasiado tiempo.
“Serían prácticamente veinte años con respecto a las tributaciones. Nosotros vamos a apoyar el tema, pero creemos que debe discutirse de forma bastante seria el royalty, para dejar impuestos para los sectores más postergados de este país. Para más es voluntario y transitorio, tiene que ser permanente y sin invariabilidad tributaria”, señaló Espinoza.
Según el dirigente, el proyecto debería aplicar un aumento permanente y no transitorio, además que no sea de carácter voluntario. El pago de este tributo significaría unos 700 millones de dólares por recursos mineros no renovables, que de acuerdo a la Constitución le pertenecen al Estado.
El proyecto de ley, que incluye esta norma, será votado en el día de mañana en la sala de la Cámara de Diputados para cumplir su primer trámite constitucional.
Uno de los puntos delicados del proyecto de ley de financiamiento para la reconstrucción son los impuestos a las grandes mineras que el gobierno fijó en un período de dos años para obtener recursos de una de las industrias más poderosas del país
Sin embargo, el aumento en las tasas del royalty, también fija un período de invariabilidad tributaria de otros ocho años, lo que congelaría todo cambio impositivo hasta el 2020, aspecto criticado por la Concertación.
El diputado PPD Pepe Auth de la comisión de Hacienda, señaló que entre el 2013 y el 2017 se proyectan altos precios del cobre, justo cuando se aplicaría la cláusula.
“El país perdería la posibilidad de recibir gran cantidad de recursos para la reconstrucción y para atacar los problemas de desigualdad también. Lo que estamos proponiéndole al gobierno es que haga correspondiente el número de años en que se aplica el incremento con el número de años que se ofrece de invariabilidad”, indicó Auth.
Frente a este argumento el gobierno defendió la medida propuesta, ya que señalan que deben dar cierta estabilidad normativa a las grandes mineras, pensando que realizan inversiones fuertes a largo plazo.
El ministro de Hacienda Felipe Larraín, justificó la medida considerando que es un mal menor si se compara con la ley que creó el impuesto a las mineras. “Hemos presentado un proyecto que extiende la invariabilidad tributaria en ocho años, respecto a lo que existía hoy. El proyecto que se presentó de royalty en el gobierno del Presidente Lagos, otorgó variabilidad por doce años”, señaló.
Pero esta discusión pareciera que no toma la globalidad del debate, ya que Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del cobre, planteó que de aplicarse esta cláusula, se le daría carta blanca a las mineras por demasiado tiempo.
“Serían prácticamente veinte años con respecto a las tributaciones. Nosotros vamos a apoyar el tema, pero creemos que debe discutirse de forma bastante seria el royalty, para dejar impuestos para los sectores más postergados de este país. Para más es voluntario y transitorio, tiene que ser permanente y sin invariabilidad tributaria”, señaló Espinoza.
Según el dirigente, el proyecto debería aplicar un aumento permanente y no transitorio, además que no sea de carácter voluntario. El pago de este tributo significaría unos 700 millones de dólares por recursos mineros no renovables, que de acuerdo a la Constitución le pertenecen al Estado.
El proyecto de ley, que incluye esta norma, será votado en el día de mañana en la sala de la Cámara de Diputados para cumplir su primer trámite constitucional.
