En momentos en que el agua se ha convertido en un bien estratégico de uso público debido a su futura escasez, trascendió que el gobierno liquidará los activos que el fisco mantiene en las operadoras de agua potable.

La decisión de vender las acciones ordinarias que la Corporación de Fomento Productivo (Corfo) posee en estas compañías ya estaría tomada y sólo faltaría que la disposición se informe en el consejo directivo de la institución que preside el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

La operación no requeriría de una discusión legislativa en el Congreso, por lo cual los sindicatos se mostraron inquietos y en estado de alerta, ya que consideran que se estaría actuando a espaldas de la ciudadanía.

El directorio de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias reaccionó con preocupación frente a este anuncio.

El presidente del gremio que agrupa a los operarios de Aguas Andinas (Esval, Esbio y Essal), Hugo Maturana, dijo que la operación representa un retroceso para el patrimonio del Estado y manifestó su inquietud por el efecto que esta venta tendrá para los consumidores.

Sin embargo, descartó que la liquidación de estos activos tenga repercusiones en el clima laboral de las empresas.  “Más de lo que ya tenemos creemos que no va haber. Los que van a ser perjudicado  es la ciudadanía en el sentido que este monopolio que es tan importante para la salud y para la vida no va a tener una contraparte que lo controle. Que fallen las regulaciones  en el tema del agua es un peligro inminente para la población con la escasez que va a haber”, indicó Maturana.

Quien fue más crítico en sus planteamientos fue el presidente del sindicato de funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, José Pacheco, al señalar que este hecho demuestra la real política privatizadora del gobierno de Sebastián Piñera.

“El Estado está usando una excusa para sacar su verdadero programa de gobierno que es vender todavía lo poco que queda en manos públicas y no sería nada extraño que después aparecieran los servicios públicos, la salud, lo que queda de la educación en manos públicas, porque son los pasos que está dando el gobierno que está mandando el país”, aseguró Pacheco.

En tanto, el dirigente del sindicato de profesionales de Aguas Andinas, Francisco Manríquez, cuestionó que el Ejecutivo no haya consultado a la oposición y a las organizaciones sociales la posible enajenación total de este bien de uso público.

“El Presidente debió haber consultado por lo menos a la oposición, aún cuando tenemos dudas y resquemores con ellos, ya que en el gobierno del señor Frei fue cuando se dispuso la privatización de las sanitarias, cosa contra la cual nos opusimos en su oportunidad. De verdad, a quien debiera consultarse es a la ciudadanía a través de los organismos más representativos de ellos”, sostuvo Manríquez.

Los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias dijeron que analizarán el tema en la asamblea nacional del 28 de mayo y luego de ese trámite determinarán los pasos a seguir.

Por otro lado, se especula que los posibles interesados en estos papeles serían inversionistas institucionales, como las AFP y las firmas de seguros, dada su rentabilidad estable. Sin embargo, en La Moneda no descartan que los actuales controladores del negocio adquieran los títulos.