El diputado de Acción Humanista, integrante de la comisión de Defensa de la cámara, Tomás Hirsch, afirmó que la prisión preventiva del ex jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, y los procesamientos de los ex generales Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta, demuestra la “descomposición en la cúpula de las FF.AA. y en particular del Ejército” y la necesidad de cambiar la relación con el poder civil.

Este martes, distintos sectores políticos reaccionaron a la decisión de la ministra en visita, Romy Rutherford que dejó en prisión preventiva a Cheyre por el uso irregular de casi 130 millones de pesos que originalmente estaban destinados a labores de inteligencia.

 Además, la ministra Rutherford también amplió los procesamientos de los ex comandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Óscar Izurieta Ferrer, por malversación, por montos que equivalen a más de $50 millones de pesos  y más 95 millones  respectivamente.

Conocida la resolución judicial, la ministra de Defensa, Maya Fernández, señaló que “uno respeta el proceso que está llevando la ministra Rutherford, por tanto, yo no voy a comentar respecto a las decisiones judiciales que se están tomando. Creo que no le corresponde a la ministra de Defensa, y lo que ha hecho el Ministerio y los ministros anteriores ha sido aportar y apoyar en lo que ha sido solicitado por la ministra”.

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch, afirmó que “es lamentable esta situación porque los comandantes en jefes del Ejército que no fueron asesinados, todos los demás han estado involucrados en robos de patrimonio fiscal, malversación de fondos, aparte de las violaciones a los derechos humanos, desde el siniestro general Pinochet en adelante”.

El parlamentario afirmó que lamentablemente “acá no hay ninguno que se salve y esto nos habla de la necesidad de cambiar la relación del Ejército y las FF.AA con el poder civil. Tiene que haber una capacidad de controlar y fiscalizar adecuadamente el uso de recursos y en general las decisiones que toman las FF.AA”.

“Creo que mantenemos y arrastramos una situación que proviene de la dictadura que les ha permitido actuar con total impunidad y lamentablemente quienes debieran estar para proteger las fronteras del país, nos obligan a protegernos de ellos porque han resultado personas totalmente corruptas, además de lo más grave que es estar involucrado en violaciones a los derechos humanos”, expresó Hirsch.

El legislador  afirmó que el hecho que también hayan sido procesados los ex generales Fuente-Alba e Izurieta, “habla de una descomposición en la cúpula de las FF.AA y en particular del Ejército, pero ya son tantos los casos que venimos escuchando, del mal uso de los fondos reservados, de los fondos del cobre, recordamos el pacogate, los muebles que fueron de la Fuerza Aérea. La verdad es que aquí no se salva ninguno. En un momento hubo que descabezar completamente a Carabineros porque había una decena de altos oficiales involucrados en estas situaciones. Insisto, esto nos habla que no solo hay que procesar, juzgar y condenar a los que están involucrados en estas situaciones puntuales, sino que hay que hacer una reforma profunda muy estructural respecto de la relación de las FF.AA y los altos mandos, con el poder civil”.

En tanto,  la diputada del PC, Carmen Hertz, afirmó que es grave no solo para el Ejército, sino para la sociedad, que varios de sus ex comandantes en jefe hayan sido procesados por malversación de fondos, específicamente por los gastos reservados.

“Es grave porque se trata de una institución que tiene el monopolio de la fuerza por orden constitucional y debe tener el afecto y el respeto  de toda la sociedad”, indicó.

Agregó que en la “triste historia del Ejército, está la de dos ex comandantes en jefes asesinados por personal militar involucrado, como es el caso del asesinato del general Schneider y Prats ordenados por la DINA”.

Desde el Senado, el integrante de la comisión de Defensa, Gastón Saavedra (PS), destacó el rol que está cumpliendo la Justicia, porque “no podemos permitir que funcionarios públicos sean de donde sean, y en este caso particular un general del Ejército, haya usado dineros que están destinados a otro tipo de acción”.

El senador agregó “esto merece la sanción, en el debido proceso, por la falta que se ha cometido porque se trata de dar señales claras que en este gobierno no habrá corrupción, no habrá falta a la probidad y no se tolerarán, por lo tanto, ningún tipo de dolo por parte de funcionarios públicos, sean civiles y/o militares”.

En tanto la defensa de Cheyre aseguró que “el procesamiento en cuestión alude a un estipendio mensual dispuesto para los ex comandantes en jefe mediante un decreto presidencial. Por ello, nuestra opinión es que la resolución que lo ha sometido a proceso es injusta e improcedente y estamos analizando los caminos a seguir para impugnarla”.

Subrayaron que “Juan Emilio Cheyre, como corresponde, ha prestado colaboración en todas sus declaraciones”.

Recordemos además, que Cheyre tiene una condena en 2018, por encubrir 15 asesinatos ocurridos el 16 de octubre de 1973, en el marco del caso Caravana de la Muerte.