Para quienes llevamos más de 10 años trabajando y asistiendo a las COPs de cambio climático como parte de los movimientos de justicia climática, el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños es muy relevante, pero es una victoria más simbólica que concreta en la lucha contra el cambio climático. Es simbólica, en la medida que plantea el reconocimiento, al menos implícito, de una deuda climática entre los países y actores económicos responsables de la crisis climática y aquellos países y pueblos que más la han sufrido históricamente y la continúan sufriendo.
Después de 3 décadas desde el establecimiento de la CMNUCC en Río ’92, este es, desde el enfoque de la justicia climática, uno de los hechos formales más relevantes en muchos años de negociaciones. Recordemos que durante estos 30 años las emisiones y concentraciones de carbono no han dejado de aumentar, así como los impactos catastróficos y desiguales del cambio climático, con cientos de millones de personas afectadas, sumado a los efectos y violaciones de derechos humanos provocados por las falsas soluciones impuestas por las corporaciones y gobiernos
Mirando hacia atrás en la historia de acuerdos y compromisos en el marco de la CMNUCC (protocolo de Kioto, Acuerdo de París), no soy tan optimista sobre la transferencia efectiva de recursos a los países y pueblos afectados, y, como tantas veces, podrían quedarse sólo en el papel y no verse reflejados en acciones y recursos concretos de los grandes emisores para reparar los daños y perjuicios que no han dejado de causar. Si los países industrializados no han tenido la capacidad ni la voluntad de cumplir con sus compromisos financieros para la mitigación y la adaptación, es bastante improbable que vayan a asumir de manera efectiva este compromiso adicional asociado a su responsabilidad histórica sobre las emisiones y sus impactos.
Pero tener el concepto de pago por pérdidas y daños y el acuerdo de un fondo para su materialización en el texto oficial es un hecho muy relevante no sólo a nivel internacional, sino a nivel nacional y local para establecer políticas y demandas para la reparación en los territorios afectados. Si miramos nuestra región, podemos mencionar los eventos climatológicos extremos como tormentas y huracanes en Centro América y el Caribe, el derretimiento generalizado de glaciares en los Andes sudamericanos o la megasequía y los aluviones en Chile.
Será muy necesario vigilar que el nuevo instrumento financiero se utilice efectivamente para reparar, para restaurar ecosistemas y economías locales, sin compensaciones y privatizaciones, y no sea, nuevamente, un instrumento de países ricos y corporaciones para seguir imponiendo falsas soluciones y una especie de “restauración” orientada a fortalecer el neoliberalismo en nuestros países.
Esto se vincula con otros contenidos relevantes del texto de la COP27, mucho menos auspiciosos, y que, por el contrario, confirman, fortalecen y amplían los esquemas especulativos del mercado de carbono, cuya ineficacia como mecanismos de mitigación climática ha sido ampliamente divulgada, lo que se combina sistémicamente con el criterio contable de la carbono-neutralidad o el “cero-neto” y la ausencia de barreras a la extracción y quema de combustibles fósiles. De hecho durante la propia COP27 se conocieron importantes nuevos megaproyectos y convenios internacionales para la explotación y comercialización -principalmente- de gas natural, tendencia que se ha intensificado y justificado con la guerra.
A pesar de la distancia y el marcado aislamiento social en el que se desarrolló esta COP, diversas organizaciones de América Latina esuvimos presentes tanto en espacios de incidencia política como de comunicación y movilización. Podemos mencionar la conferencia de prensa con destacadas activistas latinoamericanas y una asamblea regional, con más de 40 participantes, quienes compartieron un enfoque escéptico sobre las negociaciones de la CMNUCC y llamaron a trabajar más a nivel nacional y desde los territorios para impulsar un cambio de paradigma en nuestra región, que atraviesa un período de procesos políticos y sociales al menos esperanzador.
Como ha ocurrido persistentemente en las negociaciones, los bloques de países “en vías de desarrollo”, principalmente el G77, impulsan el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que hoy se expresa como responsabilidad histórica mediante un eventual financiamiento por pérdidas y daños. Pero también sabemos que este planteamiento de justicia en el nivel internacional suele limitarse a la demanda por transferencia de recursos financieros y no se expresa en el plano nacional y territorial con el mismo criterio de justicia socio-ambiental, y son los propios gobiernos del tercer mundo los que imponen y promueven, en nombre de la causa climática, el desarrollo de políticas y proyectos extractivistas, social y ambientalmente insustentables.
Tanto para evitar la distorsión en la implementación de un fondo para pérdidas y daños como en general el desarrollo de políticas climáticas efectivas, basadas en la soberanía y la sustentabilidad, es vital mantener altos grados de movilización social e incidencia en políticas públicas en todos los niveles, pero fundamentalmente nacional y local, y no esperar una nueva COP, e impulsar posiciones fuertes y alianzas de países del tercer mundo que tengan la voluntad de cambiar realmente el paradigma social y económico.
Finalmente, no podemos dejar de reiterar nuestra solidaridad y exigencia de justicia para el pueblo egipcio y libertad para sus prisioneros políticos, en particular el activista Alaa Abdel Fatah, quien durante la COP27 mantuvo una huelga de hambre que se mantiene hasta hoy.
*Miembro del Colectivo VientoSur, Coordinador latinoamericano de la Campaña Global para Exigir Justicia Climática
