En el marco de los recientes incendios forestales que acumulan más de 300 mil hectáreas quemadas y 6 mil 800 agricultores afectados, los esfuerzos de las autoridades nacionales se mantienen dirigidos a colaborar con las familias afectadas, mientras que el debate por la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad de los empresas forestales sigue siendo controversial. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el director comercial de Fundación Reforestemos, Cristobal Rebolledo, se refirió al impacto medioambiental al corto, mediano y largo plazo de los incendios forestales que han azotado a las regiones de Los Ríos, Biobío, Ñuble y La Araucanía. 

De acuerdo a Rebolledo, la inmensa cantidad de emisiones de dióxido de carbono obligaron al país a retroceder cinco pasos en su compromiso con la reducción de emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30%. “En el corto plazo se evidencia un tema importante en la erosión de los suelos, hay un aumento evidente en las temperaturas de los sectores circundantes, así como una pérdida de biodiversidad”, comentó. 

En esa misma línea, mencionó la compleja situación para una gran cantidad de especies que tuvieron que migrar de los bosques y otras que no lograron escapar. El integrante de la Fundación Reforestemos problematizó la perdida de suelo y detalló que la erosión de éstos tienen un efecto directo en la contaminación de las fuentes de agua. Además, explicó que para recuperar tan solo un centímetro de suelo “deben pasar cientos de años, por lo que hay procesos ecológicos que son inmensamente difíciles de revertir”.

Cristobal Rebolledo, director comercial de Fundación Reforestemos.

Hace más de 10 años que expertos han alertado que los monocultivos de pino y eucalipto resecan los suelos y producen sustancias combustibles que incentivan los incendios. Así, el catastrófico escenario nacional suscitó nuevamente el debate respecto a éstas plantaciones de parte de las empresas forestales.

En ese sentido, el también diplomado en Gestión de Sustentabilidad de Empresas y Organizaciones de la Universidad Católica, sostuvo que a nivel de política pública es necesario trabajar en un ordenamiento territorial, un proceso de mucho tiempo en el cual Chile está atrasado. No obstante, considerando la implicación de las empresas forestales en las plantaciones de monocultivos, aseguró que no habrá “política pública, reordenamiento territorial que valga o sector productivo que aguante las causales reales de los incendios” a las que se ve el país enfrentado hoy, dado que la intencional de éstos siniestro está sobre el 30%.

“Aquí la pega es cómo rediseñar esta industria (forestal) y cómo convive con los distintos ecosistemas. Hay que entender que eso no es un juego de vídeo en que uno reconfigura la geografía, sino que es un proceso que requiere de mucho esfuerzo político, educación y en el que todos tenemos que participar: organismos públicos y privados, la ciudadanía y ONGs”, afirmó.

Así, Rebolledo reconoció que la industria forestal se ha encaminado a conseguir plantaciones más sostenibles y amigables con el medioambiente. Sin perjuicio de lo anterior, destacó la urgencia de que los sectores productivos aceleren el rediseño de su modelo de producción, teniendo en cuenta que la situación actual del país evidencia que se deben multiplicar los esfuerzos.

Por otro lado, señaló que los organismos tanto públicos y privados han tenido posturas reactivas frente a este tipo de catástrofes, cuando lo que se necesita es un rol preventivo. “Cuando estamos en el combate de incendios todo Chile se activa, todos los organismos trabajan en conjunto y después se acaba el periodo de incendio y lamentablemente las energía y los esfuerzos se dirigen hacia otro lados”, reprochó.

El director comercial de Fundación Reforestemos expuso que este es un tema de prioridad nacional, dadas las graves perdidas humanas y materiales que ha causado el fuego, por lo que “no debería perder urgencia en ninguna época del año”. Asimismo, las entidades deben trabajar en los métodos preventivos y la creación de políticas públicas, junto con impulsar una educación ambiental a la ciudadanía para que ésta pueda adoptar un rol activo en la preservación de los espacios naturales.