El diputado PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, afirmó que el tema de las amenazas del crimen organizado hacia distintas instituciones del Estado, debe ser tomado con mayor detención y profundidad, porque el día que algún funcionario sea asesinado en el ejercicio de sus labores, será un momento de inflexión en el funcionamiento de la institucionalidad.

El legislador indicó que ante la “grave crisis de seguridad” se están tomando medidas de fondo para atacar esta situación, pero falta avanzar en propuestas inmediatas, que no tienen que ver con lo legislativo, sino para enfrentar situaciones como las amenazadas habituales a los fiscales y ahora, a los alcaldes, como es el caso de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, de Puente Alto Germán Codina y de San Ramón, Gustavo Toro.

“El tema de la amenaza del crimen organizado hacia distintas instituciones del Estado es una manera que nosotros tenemos que ver con mayor detención y profundidad, porque estoy convencido que el día que algún funcionario público, en razón del ejercicio de su cargo sea asesinado por algún miembro del crimen organizado, un narcotraficante, ese día puede ser un punto de inflexión en el funcionamiento de nuestra institucionalidad”, señaló el diputado por la Región de Antofagasta.

En esa línea, el legislador valoró lo que ha hecho la fiscalía de Arica de comprar vehículos blindados para desarrollar determinadas diligencias. “Creo que tenemos que avanzar mucho en eso, tenemos que sincerar la discusión. Tenemos que estar más de acuerdo en que la crisis es más profunda de lo que algunos sectores están dispuesto a conceder y en eso tenemos que generar un acuerdo que nos permita ahora, ya que está esbozado en el Acuerdo Transversal por la Seguridad, que se transforme definitivamente en una hoja de ruta concreta respecto de cuáles son los primeros proyectos que se van a concretar”, indicó Araya.

Agregó que en eso, hay una “agenda muy potente” que se construyó desde el Ministerio del Interior,  “que nos permite saber qué cosas debemos priorizar para avanzar porque lamentablemente no se pueden hacer las cosas mismo tiempo y en eso, el conjunto de medidas que están ahí planteadas donde participaron alcaldes, gobernadores regionales y parlamentarios, es una oportunidad que no podemos desaprovechar, sobre todo en estos días que hemos visto lamentablemente como una y otra vez son asesinados funcionarios policiales”.

Por ello, Araya indicó que la demolición de las narco casas que se dan en La Florida, “contribuyen, son medidas efectivas y muy importante”.

En ese sentido, el diputado comentó que en un encuentro ciudadano sobre la seguridad que se realizó en Antofagasta, donde participaron representantes internacionales, entre ellos Gustavo Leal que fue encargado de seguridad y convivencia durante el gobierno de José Mujica en Uruguay, contó que una las principales medidas que llevaron adelante, fue la “demolición de las casas de narcotraficantes y dijo que era una de las tareas que había que hacer”.

“Esta es una pelea multidimensional, tiene que ser interdisciplinaria, transversal, pero la parte que está haciendo el municipio con el Alcalde (Rodolfo) Carter es notable y hay que respaldar, es un error tratar de combatir esa medida. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que sea más grande y más coordinados y el Gobierno a través de la SUBDERE, que es quien se relaciona con los municipios, organizar esta tarea porque, como han dicho algunos alcaldes, están muy entusiasmadoS con llevarla a cabo, pero no van a tener el despliegue ni la asistencia policial si lo hacen todos a la vez o cada uno por su lado”, afirmó Araya.

Al mismo tiempo, el diputado destacó que la semana pasada la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que actualiza los delitos que sancionan la delincuencia organizada, aplica comiso de ganancias y establece técnicas especiales para su investigación.

Indicó que estas normas son complementarias a las medidas que adopten los municipios. “Aquí no hay una receta única ni un solo hecho que va a resolver el tema del crimen organizado y el narcotráfico, son cosas complementarias”, precisó el legislador que añadió que el acuerdo transversal es un conjunto consensuado entre distintas autoridades y sectores y debe ser la hoja de ruta para definir la prioridad de los proyectos y ser más proactivos para mover la institucionalidad, sino “vamos a llegar cinco o siete años más tarde que el crimen organizado”.

En esa línea, indicó que el Ejecutivo debe patrocinar la Ley Nain (nombre del carabinero asesinado en 2020, Eugenio Nain) que endurece las penas contra quienes cometan delitos contra funcionarios policiales, para que no puedan acceder a penas sustitutivas de privación o restricción de libertad.

Además, sostuvo que se debe patrocinar la Ley Retamal (Carabinero Carlos Retamal, asesinado con un fierro mientras fiscalizaba carreras clandestinas en San Antonio), porque “hoy tenemos que dar señales claras de respaldo a carabineros y decir que cuando un carabinero actúe en un procedimiento policial utilizando el arma fiscal, no puede tener la calidad de imputado”, acotó.

Araya afirmó que se está avanzando en distintos niveles, pro es “necesario avanzar coordinadamente” para combatir al crimen organizado.

Cabe consignar que el proyecto despachado a ley la semana pasada, adapta la legislación nacional e incorpora técnicas especiales de investigación para contribuir a la persecución penal del crimen organizado.

También consagra medidas especiales de protección de víctimas y testigos, las que son similares a las que se encuentran establecidas en la ley 20.000.

Además, el proyecto incorpora normas de comiso, dado que la privación de los activos para las organizaciones criminales es uno de los pilares fundamentales de la estrategia internacional para combatir este tipo de criminalidad.

Al mismo tiempo, fortalece las capacidades del Estado para la investigación, persecución y sanción del crimen organizado, sobre la base de la restructuración del delito de asociación ilícita (asociación criminal y el de asociación delictiva); incorpora de normas de comiso; introduce cambios a las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal, y crea medidas especiales de protección para víctimas y testigos.

La aprobación de esta ley ocurre una semana después que se aprobaran nuevas normas de combate al narcotráfico.