La tercera semana de mayo estuvo cargada de noticias que volvieron a poner en la palestra la profunda crisis habitacional que afecta al país. El miércoles 15, un grupo de habitantes del campamento “Nueva Cordillera” bloquearon las entradas y salidas del terminal de buses RED de Puente Alto para manifestarse en contra de un presunto desalojo que se llevaría a cabo el 3 de junio.

Por su parte, los habitantes del campamento “17 de mayo” de Cerro Navia vivieron un complejo desalojo durante la jornada del jueves 17, mismo día en que vecinos y vecinas de Lo Hermida instalaron una toma indefinida en la ladera del río Mapocho.

“Alrededor de 400 familias decidimos salir a manifestarnos en contra de la crisis habitacional y de vivienda que está afectando al país y específicamente a la clase trabajadora”, explicó Yenny Brandt, vocera y dirigente de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Para Brandt, las consecuencias de esta crisis, que se ha profundizado en los últimos diez años, repercuten directamente en las familias más empobrecidas del país. “Nos afecta directamente y de forma brutal. En la comuna de Peñalolén hay al menos 5 mil familias sin techo. Y la burocracia de la institucionalidad y las demoras de las entregas de las soluciones habitacionales, ya sean los proyectos que están en espera, nos obligan a utilizar nuestros ahorros para la vivienda en pagar el arriendo”.

“Los precios de los arriendos ya son insostenibles”, agrega la dirigente. “Han obligado a muchas familias a volver con sus familiares en un estado de hacinamiento que provoca una serie de problemáticas. Violencia, adicción, la crisis que está afectando a nuestros niños que no tienen un espacio propio, que viven en la pobreza y en territorios tomados por el narcotráfico. Es una manera de ejercer la violencia por ser pobres. Después nos preguntamos por qué hay tanta violencia, por qué nuestros adolescentes están delinquiendo. Y es que tenemos que mirar igual cuál es la causa”.

Durante la jornada de ayer, los pobladores de Lo Hermida fueron convocados a una reunión en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), donde no participó el ministro Carlos Montes. La instancia de diálogo fue descrita por la dirigente como “fracasada, pues en vez de encontrar una solución salimos más decepcionados”. Es por eso que han definido no levantar la toma hasta concretar una conversación resolutiva con las autoridades.

Pobladores de Lo Hermida se manifiestan en el río Mapocho. Foto: ATON

Un problema de larga data

Con todo lo anterior, ya han sido varias las autoridades y expertos que se han referido al tema. Uno de ellos fue el senador DC Iván Flores, quien afirmó en un punto de prensa convocado en el Congreso que la falta de viviendas “podría provocar otro estallido social”.

“El próximo estallido social podría darse por la incomodidad de cientos de miles de familias que hoy día habitan los más de mil 400 campamentos en Chile y el programa de emergencia habitacional que pese a la cifra que se ha puesto sobre la mesa, no está dando el ancho”, argumentó el parlamentario, quien también emplazó a las autoridades del Minvu.

“Sabemos que el caso Fundaciones lo ha golpeado duro, pero hay que sobreponerse a eso, con una política de suelo que sea eficiente, que sea eficaz, que permita tener soluciones habitacionales, porque si no, ese será el mal recuerdo que va a quedar al término de este gobierno, no ser capaces de dar una respuesta habitacional”, deslizó Flores.

Las palabras del senador y las de Brandt tienen un sustento en la realidad. Para el 2022, un estudio de la Universidad Católica y la plataforma Déficit Cero arrojaba que 1 de cada 10 familias en Chile no tiene acceso a una vivienda adecuada. Datos que se vuelven aún más alarmantes a la hora de hablar de déficit habitacional, donde los cálculos señalan que las familias allegadas, hacinadas o en viviendas irrecuperables representan más de un 84%.

En ese contexto, Claudio Pérez, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) explicó que la solución a la crisis de vivienda no es para nada sencilla. “Tiene muchas dimensiones. Una, efectivamente, se relaciona con la disponibilidad de terrenos que pueda tener el Estado para las viviendas sociales”, afirmó el abogado.

“Otra línea bien compleja tiene que ver con aquellas personas que no van a acceder a estos subsidios habitacionales por sus ingresos, que es la llamada clase media. Sobre eso, estamos viviendo un excesivo aumento de las propiedades que hacen que hoy sea casi imposible para mucha gente poder tener las rentas necesarias para acceder a créditos con condiciones crediticias bien complejas”, agregó el representante de la CED.

Sin embargo, también explicó que hace falta una mayor intervención del Estado en estos escenarios: “Hay un tema de especulación inmobiliaria que está ocurriendo en nuestro país que es bastante complejo, y hay que abordarlo y decirlo. No es razonable que unidades de vivienda de escasos metros cuadrados tengan los precios que tienen hoy, y no solo en la Región Metropolitana, porque esto se ha ido extendiendo a distintas capitales regionales. Hay grandes empresas que lo que hacen es comprar cantidades grandes de departamentos y seguirlas arrendando a precios altísimos. Eso impide que las personas puedan acceder a su primera vivienda”, sumó el abogado.

Pobladores de Lo Hermida se manifiestan en el río Mapocho. Foto ATON

Pensar en soluciones

En esa misma línea, Alexis Cortés, Doctor en Sociología y ex integrante de la comisión experta del proceso constitucional del 2023, recalcó la importancia de recordar que la vivienda es un derecho. “Para llevar eso a la práctica, se necesita un cambio de timón en cómo hemos conducido la política inmobiliaria”, expresó.

“La raíz de este problema está cuando la dictadura define que el suelo no es bien escaso, cuando lo es. El otro gran problema es cuando se disminuye la capacidad del Estado de implementar y eventualmente controlar y normar mejor las lógicas de especulación inmobiliaria. El Estado no tiene tantas herramientas. Lo que estamos viendo es una petición al mercado para que pueda cumplir con algunos fines sociales”, sumó el sociólogo.

Entre las posibles soluciones, apuntó a iniciativas que ya existen en otros países del mundo como el “ordenamiento territorial, el banco de suelo, y que el Estado no necesariamente externalice este tipo de funciones. Que no externalice la construcción, el crédito. También que el Estado ofrezca arriendos sociales y no solo con lógica de focalización, porque hay un problema de vivienda en los sectores populares que el movimiento de pobladores se ha encargado de poner sobre la mesa, pero esto es transversal. Un profesional, egresado en estas condiciones, con deuda del CAE, con bajos ingresos, no va a acceder a vivienda bajo esta lógica“.

Por todo eso, Cortés concluye que “la vivienda se ha transformado en un bien para la especulación y no en un derecho social. Tenemos que efectivamente empezar a poner sobre la mesa nuevamente los derechos y la capacidad del Estado para implementarlo. Un Estado social y democrático de derecho como se estableció también en ambos procesos constitucionales”.