A cincuenta días de iniciada la huelga de hambre de once habitantes de la comunidad de Caimanes, que protestan por la cercanía un tranque con relaves mineros de propiedad de Los Pelambres, los manifestantes se encuentran en malas condiciones de salud, pero dispuestos a continuar con la medida hasta las últimas consecuencias.

Todo indica que la situación se mantendrá, pues tanto el Gobierno como los parlamentarios oficialistas insisten en que es un conflicto entre privados y que toda la responsabilidad por los permisos ambientales otorgados cabe en los anteriores gobiernos de la Concertación.

“No creo que el Gobierno no haya hecho nada, hay una huelga de hambre por un relave en la mina Los Pelambres que, digámoslo de paso, fue aprobado durante los gobiernos de la Concertación”, dijo el diputado Giovanni Calderón (UDI).

Idea que comparte la actual ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien argumenta que “es un tema que está en la justicia, es un proyecto que fue aprobado hace un tiempo atrás”.

“Nosotros tenemos una reforma institucional cuyo corazón es la Superintendencia de Medio Ambiente, estamos tramitando los tribunales ambientales en el Congreso, y una vez que estén completamente operativos van a permitir que la Superintendencia entre en su plena fiscalización, con plenos poderes y alto poder de sanción”, explicó la secretaria de Estado.

Mientras los parlamentarios y representantes del Gobierno prefieren obviar la huelga, los manifestantes continúan firmes en su conducta y aseguran que están “haciendo esto para evitar que sus hijos repitan la suerte de la familia Gálvez Chamorro”, quienes murieron aplastados por el derrumbe de un relave minero de propiedad del empresario y ex candidato a la Presidencia, Francisco Javier Errázuriz, el pasado 27 de febrero.

En este sentido, uno de los huelguistas, Juan Villalobos, llamó al Ejecutivo a adumir su responsabilidad en los actuales hechos y evitar una tragedia: “Como huelguistas seguimos en la misma postura, bastante débiles, pero vamos a llegar hasta el final. La empresa no se quiere hacer cargo y el Gobierno tampoco. Como siempre hemos dicho, hacemos el llamado al Gobierno a que se hagan cargo. Sé que ellos no estuvieron el día que sucedieron estas cosas, los acuerdos y permisos que se dieron a la empresa privada, pero hoy son las autoridades de turno y tienen que hacerse cargo de lo que está pasando”, dijo.

Los relaves y los desechos de las mineras son un grave peligro para la población de nuestro país, y están desplegados por todo el territorio sin que exista información que prevenga al respecto. Actualmente, un proyecto de ley se discute en el Congreso y pretende obligar la entrega de estos importantes datos.

La iniciativa legal terminó con la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para dilucidar la eventual responsabilidad del ministro de Minería, Laurence Golborne, en no querer hacer pública la información.

Al respecto, el secretario general de la UDI, senador Víctor Pérez, en el marco de una reunión sobre este tema con el subsecretario General de la Presidencia, Claudio Alvarado, insistió en culpar a la Concertación por la actual realidad minera.

“Todos esos relaves no fueron fiscalizados durante los gobiernos de la Concertación. Por lo tanto, nos parece fundamental la presencia en esa comisión investigadora de los ministros de Minería y Salud de la Concertación, puesto que bajo sus responsabilidades se instalaron estos relaves, se permitieron, jamás hubo ninguna indicación de fiscalización y ni siquiera darles una mirada. Puede ser porque algunos pertenecían a empresas de ex ministros de la Concertación”, declaró.

El pasado 28 de julio, el ministro Golborne y el subsecretario Pablo Wagner se reunieron con la comisión de Minería del Senado para discutir el proyecto, luego de que el ministro -en representación del Gobierno- presentara un texto alternativo suprimiendo del proyecto original la publicación de los lugares donde se encuentran los relaves mineros y los posibles riesgos existentes.

En torno a la huelga de Caimanes, cerca de cincuenta personas de la comunidad decidieron instalarse en las afueras de la minera, bloqueando el acceso a ésta. La acción se está realizando desde el pasado sábado en rechazo al retraso en la presentación de una propuesta a la población de Los Caimanes por parte de la empresa, que habían comprometido entregar la semana pasada, pero que aún no llega.