La Contraloría General de la República detectó el pago de sobreprecios por parte de la Conadi en la compra de siete terrenos particulares reclamados por comunidades indígenas. Los trabajadores de Conadi solicitaron una reunión con el contralor Jorge Bermúdez porque afirmaron que no hay un procedimiento claro para resolver la restitución de tierras ancestrales.
Dos murieron en la cárcel, dos siguen esperando algún gesto que les permita vivir sus últimos días en la comodidad de sus casas. Cuando tuvieron el poder no conocían la palabra clemencia ni un sentido de humanidad.
Nueve gendarmes fueron condenados por apremios ilegítimos contra internos en Calama. El hecho se suma a una lista de denuncias que acusan torturas y malos tratos de parte de la institución. Querellantes sostienen que hay un abuso de la fuerza por parte de los organismos que ejercen control.
Mientras su visita fue criticada por la extrema derecha y Osvaldo Andrade, el ex magistrado participó de un foro sobre genocidio en Chile, organizado por el Partido Socialista.
Según el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, los 33 responsables de crímenes de lesa humanidad serán trasladados a Colina 1 en pasillos distintos a la población penal común. En este sentido, el jurista exigió que se debe avanzar en el cierre de “cárceles de lujo”.
Se supone que La Moneda enviará mañana al Congreso el proyecto de división del Servicio Nacional de Menores, que establecerá un ámbito para menores infractores y otro para menores víctimas de abusis. En la antesala, funcionarios de la entidad denunciaron la crítica situación que se vive en el Centro de Til Til, donde se produjo un enfrentamiento que dejó a 10 personas heridas. Acusan que ni la directora, Solange Huerta, ni el titular de Justicia, Jaime Campos, han querido tomar cartas en el asunto.
En los próximos días se llevarán a cabo una serie de actividades para no olvidar los hechos sucedidos en uno de los centros de tortura más crueles de la dictadura cívico militar.
La petición, realizada por la defensa de la autoridad ancestral imputada por el caso Luchsinger Mackay, espera que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.
El ex jefe de la CNI fue condenado junto a otros 32 agentes por el secuestro calificado de seis ciudadanos chilenos ocurrido en el año 1987.
La familia de la comunera mapuche que dio luz engrillada el año pasado, se encuentra a la espera de la resolución de un recurso interpuesto ante la Corte Suprema para evitar este traslado. El fallo podría ser comunicado durante esta semana.
Hasta ahora sólo se ha formalizado a un funcionario. Esto, pese a que desde la familia del joven señalaron que otras dos personas habrían participado en el hecho ocurrido en 2014.
Los crímenes cometidos por los militares chilenos durante el régimen pinochetista ya empezaron a ser castigados: algunos miembros del Ejército, Aviación y Carabineros han sido juzgados y condenados. No así los de la Armada, quienes tuvieron importante participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la represión que siguió. El mes pasado, el edificio de la Academia de Guerra Naval –centro de detención y tortura de la dictadura– fue derruido. Víctimas que sobrevivieron a la llamada “Colina del Terror” asumen que con esa demolición la Marina pretende borrar sus huellas criminales.
El 17 de junio de 2014, la Corte Suprema había dejado sin inmunidad parlamentaria al diputado, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ilícitos perpetrados el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
El dirigente estudiantil se refirió a su detención por parte de la policía uniformada y a los últimos hechos de violencia en los cuales ha estado involucrado Carabineros. “La democracia que tenemos en Chile es restrictiva, heredada de la dictadura”, señaló.
