En enero la compañía comenzó la construcción de la central de 1MW, que utilizará las aguas de las emblemáticas cascadas Los Maquis, en el estero del mismo nombre, sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Estos permisos autorizaron la tala de más de 22 mil hectáreas de bosque durante los últimos 12 años, con el fin de reemplazarlas por cultivos agrícolas dedicados a la exportación.
Sumado a esto, la junta de vecinos asegura que los propietarios del condominio Santa Augusta continúan llegando masivamente a localidad y que han acaparado el stock de vacunas contra la influenza de la posta rural.
En una minuta entregada por Fundación Terram, Melimoyu y la organización de conservación WWF Chile se exige la extensión de las moratorias, cuyo plazo vencerá el próximo 8 de abril.
Los denunciantes piden a la Superintendencia de Medio Ambiente que se revoquen los permisos ambientales del proyecto.
Las cifras son dramáticas: de cuatro varamientos en 2009 a 185 de estos episodios en 2019. El investigador Hernán Ramírez reitera una conclusión que se ha escuchado antes estos últimos años: “un abandono del Estado en la Bahía de Quintero”.
A través de una declaración la organización indicó que “es el momento histórico para que el movimiento sindical y de trabajadores/as llamen y realicen una huelga general efectiva”.
Los lugareños aseguran que Angloamerican no incluyó deliberadamente la construcción de un acueducto de relave minero como parte esencial de su proyecto de expansión.
La medida busca establecer, de acuerdo al Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la institución, cómo sucedieron los hechos así como las eventuales responsabilidades.
En conversación con nuestro medio, la vocera de Alianza Humboldt, Nancy Duman, aseguró que la arremetida de la empresa es un nuevo proyecto y que tendría que pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La abogada de Modema será una de las participantes en los alegatos que se realizarán en el Tribunal Ambiental de Antofagasta. La audiencia es este jueves y participarán los abogados de las partes contrarias al proyecto, el Servicio de Evaluación Ambiental y los representantes de la empresa.
Luego de escuchar a las partes, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta deberá pronunciarse sobre los aspectos ambientales y técnicos del proyecto.
La organización considera que los avances en política pública para hacer frente a los impactos sociales y ambientales que pueden dejar eventos como los del terremoto y tsunami de 2010 son muy escasos. Señalan que es urgente el desarrollo e implementación de acciones que den cuenta de las complejidades y condiciones del territorio nacional y que integren información, prevención y respuestas concretas a las emergencias, tanto en ámbitos sociales como ambientales.
Marcela Mella, vocera de la organización, señaló que con el inicio programado para el 2021, desde la empresa solo quieren dar una señal a sus inversionistas.
De acuerdo con la ONG, la medida del gobierno ruso no es más que otro escalón en la falta de credibilidad que golpea al sector desde hace largo tiempo. “Importantes compañías salmoneras han sido descubiertas engañando abiertamente al gobierno en sus políticas de aplicación de antibióticos y ahora le piden ayuda para salvar el negocio” dijo Estefanía González, coordinadora del área de campañas de Greenpeace.
