Al abogado querellante en el Caso Penta hizo un repaso a los casos de corrupción que envuelven a la política y el empresariado. “Los ciudadanos somos meros espectadores de cómo se administra el poder en nuestro país”, criticó
El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de presidio perpetuo que había determinado la Corte de Apelaciones y restableció la pena de cinco años de presidio, con libertad vigilada, que había sido adoptada en primera instancia.
El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que “es distinto” si el proyecto ingresa al Congreso con el aval de las comunidades universitarias, mientras que desde la Confech consideraron que es una oportunidad para que “el Gobierno se ponga serio y hablemos de educación”.
El parlamentario independiente se negó a apoyar iniciativa que busca establecer “Día de la Dignidad Nacional”, mientras no se legisle el proyecto que presentó en julio de 2015, que apunta, además, a establecer normas especiales sobre la gran minería del cobre. Asimismo, acusó que la iniciativa se encuentra “durmiendo sedada por la derecha y la izquierda”.
Preocupación ha generado la revelación de ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos que afirma haber escuchado sobre estas irregularidades. Dicho testimonio es parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en contra del grupo económico, de propiedad de Carlos Délano y Carlos Lavín.
Entre los implicados se encentran el alcalde de La Florida Rodolfo Carter, Ena von Baer, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Javier Macaya, entre otros.
Tanto desde el Cruch como del Consorcio de Universidades Estatales, así como desde la Confech, coinciden en la necesidad de prolongar el plazo del 31 de enero dado por el Gobierno para enviar el proyecto que busca reformar la educación superior. Las críticas apuntan a la debilidad política del Ejecutivo y a la posibilidad de una discusión amplia que no solo se centre en mecanismos de financiamiento.
Un informe contratado por SQM identificó 159 pagos a personas políticamente expuestas. Entre los principales proveedores destacan Cristián Warner, Giorgio Martelli, Cristina Bitar y el ex presidente Piñera. La UDI es el partido más beneficiado.
En distintas ciudades de Chile, la plataforma Chile Mejor Sin TPP busca manifestar un rechazo masivo a la adhesión que concretará Chile el próximo 4 de febrero, a través de la firma de Michelle Bachelet. Asimismo, exigen a diputados y senadores que se pronuncien al respeto.
Luego que se confirmara el ingreso de la moción de nulidad de la cuestionada norma a la Comisión de Constitución, el diputado de la Izquierda Ciudadana, en conversación con Radio Universidad de Chile, exige que el Ejecutivo aclare esta contradicción. “A igual propósito, igual disposición”.
Luego de dos jornadas de discusión, la Sala de la Cámara Alta culminó el despacho de la ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos, iniciativa que ahora debe ser vista en tercer trámite por los diputados.
Las autoridades siguen avanzando en las iniciativas que crean la nueva institucionalidad para los pueblos indígenas, pese a las críticas de diversos sectores. Organizaciones de los pueblos originarios, del norte al sur del país, han manifestado sus reparos, a lo que se suman organizaciones de Derechos Humanos y de la sociedad civil.
Mientras el Ejecutivo prosigue con las negociaciones para aprobar el proyecto, senadores DC manifestaron sus reparos hacia puntos centrales de la iniciativa como la titularidad sindical y la prohibición del reemplazo en huelga. “No representan la opinión de la DC”, aseguró el diputado Patricio Vallespín.
Desde la oposición piden que el agente de Chile ante La Haya aclare si está interesado en una candidatura presidencial. Por ello, el ex ministro deberá presentarse durante los próximos días ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Un nuevo paso dio el proceso que busca anular la cuestionada norma, que rige desde enero de 2013. Esto, a pesar de que la UDI intentó censurar a la mesa de la Cámara. La responsabilidad depende ahora de la Comisión de Constitución, que debiera comenzar a estudiar la nulidad en marzo próximo.
