Las críticas y cuestionamientos a la Ley de Pesca, promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera, con Pablo Longueira como ministro de Economía, han dado paso a nuevos escenarios.

Son diversos los movimientos sociales, encabezados por los pescadores artesanales, que insisten en la necesidad de generar una nueva legislación, considerando lo que califican como un origen espurio de la actual y en base al cohecho, a partir, por ejemplo, del reciente desafuero del senador Jaime Orpis.

“Al menos hay un senador y una diputada que fueron comprados por una empresa que tenía altos intereses, y a partir de ese momento la ley es insalvablemente nula. Basta que un solo parlamentario haya sido objeto de un hecho completamente ilegal para que la ley sea nula”.

Así lo plantea el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, quien en conversación con la primera edición de Radio Análisis analizó las estrategias a seguir con el objetivo de lograr lo que se han propuesto desde distintos sectores: anular la Ley de Pesca.

En ese contexto, recuerda que esta ley fue conseguida de una manera totalmente ilegal e ilícita, aclarando que el Consejo de Defensa del Estado, en conjunto con el Ministerio Público, han comprobado que el senador Orpis y la diputada Marta Isasi actuaban como empleados remunerados de Corpesca.

“He investigado con la Unidad de Estudios e Investigaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional y me dicen que puede que haya ocurrido en otra oportunidad que grandes intereses económicos hayan comprado a algún parlamentario, pero nunca había llegado a tribunales”, detalló Aguiló.

Además, agregó que no se trata solo de comprar voluntades, sino que se les entregaban todos los días minutas con argumentos, a través de asesorías de abogados que estaban a su servicio.

Junto con destacar que este miércoles estuvieran presentes en el Congreso alrededor de 200 dirigentes de la pesca artesanal, recuerda que son los mismos que en el último año han reunido 70 mil firmas exigiendo al Parlamento la anulación de la Ley de Pesca.

En cuanto a las medidas que debería tomar el Gobierno, Aguiló apunta a la necesidad de presentar un proyecto de ley que reemplace a la actual legislación, al mismo tiempo que anularla. De contrario, “tendrán que indemnizar a los empresarios, porque es probable que exijan una compensación del Fisco”.

Contradicción que el Ejecutivo debe aclarar

Sin duda que se trata de ir más allá de la situación de la industria pesquera, a propósito de la fe pública y de la ola de sospechas respecto del desempeño de los parlamentarios en cuestionados procesos, como ha ocurrido con la Ley de Pesca.

“En la tramitación de una ley puede haber irregularidades de distintas categorías. Desde luego pueden existir colisiones de intereses, con parientes o intereses de algunos parlamentarios en una determinada industria y que, a pesar de eso, voten igual los proyectos”, asegura el diputado. O “puede que no haya ningún parlamentario con intereses directos, pero que lleguen estas grandes empresas de lobistas, con connotados ex ministros de la vieja Concertación que se dedican a esa actividad, a la que no le tengo ningún aprecio. Yo la eliminaría por principios”.

Y agrega: “Empiezan a trabajar y a insistir con parlamentarios, les entregan antecedentes y los invitan a comidas. Esto al margen de que los compren, de que exista cohecho penado por la ley. Simplemente una actividad intensa, que también es irregular”.

Asimismo apunta a que “si hay una industria que tiene tantos recursos, profesionales y abogados para hacer esa actividad, debiera estar prohibida o muy estrictamente regulada. De hecho, cuando se discutió esta Ley  de Pesca, no estaba regulada”.

Sin embargo, su preocupación es mayor cuando se trata de analizar el presente. “Aquí estamos frente a una situación más extrema. Actuaron como empleados de una gran industria. No lo digo yo, lo dice el Consejo de Defensa del Estado. Recibían sueldo mensual para actuar en una determinada dirección. Eso no puede volver a ocurrir nunca más”.

A partir de esos antecedentes, el diputado insiste en la necesidad de anular la ley. “Tiene que ser un mensaje clarísimo a los grandes negocios y grandes empresarios de este país. Nunca más pueden cometer un acto tan grave. Y hay que decírselo al senador Ignacio Walker, para que no se equivoque en esta materia. No se pueden volver a cometer actos tan graves, en que venga una industria de personas millonarias a comprar parlamentarios. Esta osadía tiene que salirles muy cara y, por eso, debe anularse la ley”.

Incluso, asegura que el Ejecutivo ha entrado en una contradicción que resulta necesario que aclare. “El Gobierno ha dicho que constitucionalmente no puede anularse una ley en el Parlamento. Sin embargo, está en el programa del propio Gobierno, y también lo estuvo en el de Aylwin y en los demás gobiernos, y se encuentra en el Congreso con el auspicio del propio Gobierno, la anulación de la Ley de Amnistía de Pinochet”.

En ese sentido, recuerda que también ésta tuvo un origen espurio. “No se compró a nadie en esa oportunidad, porque no era necesario. Fue una ley dictada por cuatro señores que pertenecían a la Junta Militar de Gobierno. Sin embargo, hoy el Gobierno está propiciando una ley, presentada por el ex diputado Juan Bustos, que también la firmé, que anula y no deroga una ley vigente, igual que en el caso de la Ley de Pesca”.

Por ello, exige que el Gobierno aclare esta contradicción, “porque está propiciando en el Parlamento la anulación de la Ley de Amnistía y lo que nosotros estamos propiciando es la anulación de la Ley de Pesca. A igual propósito, igual disposición”.