El tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, en Sydney, declaró procedente la extradición de la ex secretaria de Manuel Contreras, acusada de siete delitos de secuestro y desaparición calificada entre 1973 y 1977.
A través de una misiva dirigida al relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, la Comisión Chilena de DD.HH. y la AFDD acusaron “intentos del gobierno chileno de dejar en libertad a los condenados por crímenes de lesa humanidad”.
El presidente Piñera no descartó aplicar el beneficio a criminales de lesa humanidad y las víctimas de la dictadura alzaron la voz. “No aceptamos que la impunidad sea el camino que quiera profundizar el gobierno en medio de esta pandemia”, advirtieron desde la AFDD.
La institución penitenciaria reconoció que emitió oficios para informar del cambio en los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero esas “directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”. Por lo mismo, anunciaron una investigación para perseguir responsabilidades administrativas.
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos valoraron el fallo de la Corte de Apelaciones de Roma que, además de ratificar las penas de Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, sumó cinco chilenos más a la lista de los condenados por la muerte y desaparición de 23 italianos en el marco del sangriento plan que lideró el dictador Augusto Pinochet.
El próximo domingo 7 de abril se realiza una nueva edición de la Maratón de Santiago, con más de 30 mil corredores de Chile y otros países. Entre ellos estarán representadas 1.201 personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, que no pueden salir a correr pero se tomarán las calles de Santiago.
Diez son las organizaciones sociales que se sumarán a las movilizaciones del 8 de marzo: la AFDD, la CUT, la Confusam, la Federación de Colegios Profesionales, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Coordinadora Nacional No+AFP, Marca AC, la Red de Investigadoras (REDI) y las federaciones de estudiantes de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica.
La presidenta de la AFDD aseguró que lo realmente importante es que ahora existe una legislación que hace más rígidos los requisitos para obtener el beneficio de libertad condicional para los violadores de derechos humanos.
El reciente fallecimiento de Ana González pone en el tapete una realidad tan común como burlesca: tras años de búsqueda de sus seres queridos, quienes perdieron a los suyos en dictadura terminan encontrando a la muerte y no a sus cercanos asesinados.
La fundadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos falleció en el Hospital San José durante la mañana de este viernes.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, solicitó la acción por parte de Carroza para determinar si las osamentas corresponden a la época de la dictadura cívico-militar.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó de forma unánime que el Ejército deberá entregar los nombres de los ex agentes de DINA y la CNI que ascendieron al grado de general entre el 2002 y 2016.
El general Humberto Oviedo pidió durante una ceremonia pública “comprender el contexto histórico” de las violaciones a los derechos humanos. Agrupaciones de víctimas entregaron carta de protesta a ministro Gómez, mientras que algunos ex uniformados criticaron declaraciones del diputado Matías Walker, recordándole al vicepresidente de la DC que su partido apoyó activamente la Junta Militar en los primeros años.
Democratización de las Fuerzas Armadas y reconocimiento constitucional de derechos económicos, sociales y culturales, fueron dos de las principales deudas y demandas que se expusieron en el panel “Derechos Humanos y Estado Chileno: Mitos y Realidades”, realizado por el Centro de Formación Memoria y Futuro el pasado jueves en el Museo de la Memoria.
La presidenta Michelle Bachelet negó la solicitud de indultos presentada por el abogado Raúl Meza para cuatro internos del penal Punta Peuco. Para el abogado de DDHH, Francisco Jara, estas solicitudes corresponden a una campaña de impunidad que busca posicionar a las víctimas como personas inhumanas.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se refirió a la condena emitida por la Corte Suprema en contra de 33 agentes de la CNI por crímenes cometidos en 1987. Si bien valoró el fallo, señaló que a treinta años de ocurridos los hechos, es más lo que han vivido en la impunidad estos violadores de los DDHH que en prisión efectiva.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos criticó la actuación del máximo tribunal del país y en particular de su presidente, Hugo Dolmetsch.
