En una carta las agrupaciones cuestionaron que la conducta del uniformado fue “de la máxima gravedad” en el marco del estallido social y lo acusaron de ser “partícipe de una acción criminal concertada desde el alto mando” de Carabineros.
Con la instalación de este colectivo, el mundo social planea llevar sus propias acciones por los 50 años del golpe de Estado y se declaran en “estado de alerta” contra el manejo del Gobierno en esta conmemoración.
En una lectura sobre el momento político que vive el país, las agrupaciones defensoras de los derechos humanos en Chile instaron al presidente electo a avanzar en una agenda legislativa que se haga cargo de las deudas que se arrastran del período de transición, que libere a los presos del estallido social y que ponga fin a la militarización de la Macrozona Sur, entre otras materias.
