La diligencia, programada para las 08:30 horas, será encabezada por el fiscal Cristián Aguilar, quien imputará a ambos seis delitos consumados de apropiación indebida en el marco de la arista Antofagasta del caso Convenios.
La autoridad solicitó al Ministerio Público que se hiciera responsable de las costas del juicio. Además, dijo que pidió al Fiscal Nacional investigar lo que ocurre en la Fiscalía de Antofagasta con el caso ProCultura.
El Ministerio Público afirmó que existió coordinación previa entre los imputados, respaldada en chats, viajes y vínculos políticos, para defraudar fondos públicos. En ese contexto es que pidió reforzar las medidas cautelares.
El Ministerio Público pidió aplazar la revisión del desafuero, instancia clave que definirá si el gobernador queda suspendido de sus funciones y enfrenta investigación penal sin fuero.
Tras cuatro días de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía resolvió que los antecedentes no acreditan aún delitos ni peligro para la sociedad.
La causa indaga el presunto uso irregular de más de $1.600 millones en recursos públicos entregados a la fundación, mientras la Fiscalía apunta a contratos injustificados y se mantiene abierta una arista política que involucra al gobernador de la RM.
La defensa de la imputada María Teresa Abusleme renunció por discrepancias con la familia, obligando a la Defensoría Penal Pública a asumir el caso en medio de la audiencia de formalización.
La detención del psiquiatra y fundador de la ONG marca un hito en la arista del proyecto “Quédate”, donde el Ministerio Público investiga transferencias por más de $1.600 millones y presuntos abusos de poder por parte del gobernador regional.
La derecha celebró la apelación que cuestiona el fallo sobre las escuchas a Huneeus, mientras personeros oficialistas alertan que el Ministerio Público “juega con fuego” y cuestionan la intromisión de Chile Vamos en la justicia.
El experto constitucionalista cuestionó las críticas de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al máximo tribunal del país: “Suponer que la Corte Suprema está, por decirlo así, al servicio del gobierno es francamente insólito”.
El tribunal falló a favor del recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus tras la filtración de las escuchas del caso ProCultura. La defensa de la psiquiatra celebró la decisión, mientras la Fiscalía insistió en la legalidad de las diligencias.
El psiquiatra apuntó a que los proyectos investigados fueron promovidos en el gobierno del expresidente Piñera. En respuesta, la oposición acusó que los recursos de ProCultura incrementaron desproporcionadamente en este periodo gubernamental.
El exdirector ejecutivo de la fundación afirmó que en los 14 de trabajo de la organización ésta “nunca tuvo problemas de rendición de recursos”. “Los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior”, subrayó.
En el procedimiento se encontró la base de datos del servidor de correos electrónicos y nubes informáticas con antecedentes de la entidad. Además, se incautaron notebooks, celulares, pendrives, entre otros dispositivos tecnológicos.
Pese a la mejoría en las cifras del coronavirus, el Gobierno descartó modificar el horario de inicio del toque de queda. Sin embargo, esta medida aún sigue causando polémica ya que estaría asociado a medidas represivas y de control.
La donación, realizada por la Fundación ProCultura, comprende más de ocho mil fotografías capturadas entre 1870 y 1975. Los registros corresponden a zonas como Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Calle Larga, San Fernando, Chaitén y Tortel, entre otros.
A principios de junio, la Fundación ProCultura inauguró la restauración del campanario de la histórica iglesia de calle Mac-Iver. Detrás de la celebración, no obstante, existió un intenso debate, ya que, para su mejora, la Congregación a cargo debió escoger entre beneficencia o conservación patrimonial.
