El ministro del Interior cuestionó el documento del organismo que critica el incremento de las políticas públicas del Gobierno, pues irían contra los derechos fundamentales. El secretario de Estado precisó que hay avances en igualdad de género, diversidad sexual y migración.
La no firma del Tratado de Escazú, del Pacto Global para la Migración Segura de la ONU, eliminar la posibilidad de legislar sobre matrimonio igualitario, “Control de Identidad a menores” y “Calle segura”, y seguir aplicando la Ley Antiterrorista en contra el pueblo mapuche, son algunas de las críticas que hacen desde el organismo a las acciones impulsadas por el Ejecutivo.
Tanto la ONU como Amnistía Internacional emplazaron a las autoridades. Asimismo, alertaron sobre los niveles de violencia registrados en La Araucanía.
La campaña, que inició en diciembre pasado, terminó este lunes, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Ejecutado Político, con una ceremonia en el memorial “Parque para la preservación de la memoria histórica” para homenajear a quienes fueron asesinados en la Caravana de la Muerte.
El defensor de uno de los condenados por el caso Luchsinger Mackay lamentó la decisión tomada este miércoles por la Corte Suprema, por la que los ministros de la Segunda Sala determinaron quitar el carácter de terrorista al delito imputado a los comuneros mapuches, pero descartaron anular el juicio, tal como lo había solicitado la defensa.
La mañana de este jueves la organización con presencia en diversos países presentó su informe sobre la Ley Antiterrorista, en el que se deja de manifiesto la violación de los derechos humanos de los imputados en los Casos “Luchsinger Mackay” e “Iglesia”. Además, culpa al Estado chileno de estigmatizar a este pueblo originario.
En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este martes, Amnistía Internacional y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos plantean renombrar 26 estrellas con los nombres de los caídos en Calama.
A propósito de los asesinatos de dirigentes ambientalistas ocurridos en Brasil, la directora de la entidad aseguró que en todo el continente la situación es igual: se hace poco por el resguardo de sus vidas y el Estado es responsable de su seguridad.
Rodrigo Mudaca, Mónica Vilches, Víctor Queipul, son algunos nombres de defensores de sus territorios que han tenido que enfrentar amenazas, juicio, persecución y violencia. Amnistía Internacional en su informe anual, denuncia la vulneración sistemática que se ha cometido en contra de quienes han luchado por reivindicar el derecho a los recursos naturales esenciales para la vida.
La directora del organismo en Chile, Ana Piquer, indicó que este tipo de fenómeno se observó particularmente durante la campaña presidencial, cuando se entregaron ideas como el movimiento de militares hacia la Araucanía. La curva de odio es ascendente, admitió, por lo que debe existir preocupación ante mensajes de estas características.
El caso de la lactante Sophia, muerta con poco más de un año de vida, volvió a instalar la discusión sobre una medida que la justicia civil chilena suprimió en 2001. La directora de la organización, Ana Piquer, advierte que “no es una solución” y sostiene que tampoco ayudar a evitar los crímenes: “No hay ningún dato ni evidencia que respalde eso”.
“Es escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos siga siendo la norma. El actual contexto de la capital de Guerrero demuestra que otro caso como Ayotzinapa podría darse en cualquier momento”, indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
