Se trata de una partida de anticonceptivos adquirida en una farmacia comunitaria; al respecto, exigen que el Ejecutivo presente acciones legales en contra del Laboratorio “porque asumir una maternidad, usando un método anticonceptivo para la planificación familiar, no debe quedar impune”.
En el 2010, la Organización Mundial para la Salud Sexual (WAS, por su sigla en inglés) proclamó al 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual, con la finalidad de promover acciones que vayan en la línea de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. En el marco de esta jornada, que este año tiene como slogan promover la “salud sexual en un mundo digital”, académicos de la U. de Chile abordan las dificultades en materia de sexualidad durante la pandemia.
A través de un comunicado, el ISP aseguró que se “entregará la facultad al químico farmacéutico de cada establecimiento de no exigir la receta en el caso de los anticonceptivos”.
La legisladora manifestó que la exigencia de prescripción médica para que las mujeres accedan a anticonceptivos vulnera gravemente sus derechos. “Lo que ha pasado últimamente es impresentable, estamos volviendo a épocas que no queremos”, sentenció la diputada.
Tras la multa de 66 millones de pesos que el ISP le dará a los laboratorios Silesia S.A. y Andrómaco S.A, varias organizaciones feministas han alzado la voz calificando como “un chiste” la medida.
Más de cien mujeres han denunciado haber quedado embarazadas pese a haber utilizado las píldoras anticonceptivas de dos laboratorios diferentes, Silesia y Andrómaco.
Organizaciones sociales han iniciado por su cuenta formas de difundir información. También de entregar colaboración a quienes, producto de la emergencia sanitaria, han enfrentado dificultades para acceder a atenciones vinculadas a esta materia.
El Ministerio de Salud sometió a consulta pública la actualización de las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, con lo que se reabrió la polémica sobre la entrega de la píldora anticonceptiva a menores de 14 años, debate que se intensificó después del fuerte rechazo que realizó Ricardo Ezzati. Sin embargo, parlamentarios y especialistas afirman que el reglamento “es ley” y que está en línea con los estándares internacionales de derechos.
