Las organizaciones criticaron la categorización, “grupos de riesgo”, ya que estigmatiza al público objetivo del Prep, y omite que cualquier persona podría contraer VIH.
Ante ello, el activista Víctor Hugo Robles señaló: “La discriminación y criminalización por parte del Estado de Chile es ilegal y éticamente reprochable, porque son precisamente los funcionarios e instituciones públicas las obligadas de respetar la Ley de Sida que establece la no discriminación a las personas que vivimos con VIH/SIDA”.
