Justicia acoge recurso de protección por campaña que criminaliza a pacientes con VIH

El pasado 7 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, en primera instancia, un recurso de protección del periodista y activista de la diversidad sexual Víctor Hugo Robles, interpuesto en contra del ministro de Salud Emilio Santelices, acusando a la autoridad pública de criminalizar a las personas que viven con VIH/SIDA a través de lo que llamó “campaña VIH del terror”.

Patrocinado por el abogado especialista en derecho a la salud, Esteban Arévalo, el activista comunitario en VIH/SIDA conocido como “El Che de los Gays”, apeló en subsidio a la Corte Suprema de Justicia, que acogió la acción de protección constitucional ordenando a la Corte de Apelaciones tramitarlo.

“Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la resolución apelada del siete de enero de dos mil diecinueve, y en su lugar se declara que el recurso de protección deducido es admisible, debiendo dársele la tramitación. Regístrese y devuélvase”, señaló la Tercera Sala de la Corte Suprema, integrada entre otros por las ministras María Eugenia Sandoval y Gloria Ana Chevesich.

La acción legal señala que el día 30 de diciembre de 2018, el Ministerio de Salud hizo público un video, que forma parte de una campaña en el marco de la problemática VIH/SIDA que presenta nuestro país. Dicho registro causó de inmediato centenares de reacciones en usuarios de las redes sociales, tanto de personas viviendo con VIH como el recurrente así como de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, criticando de diversas formas el tono “discriminatorio” del video y su mensaje “policiaco”, lo cual fue ampliamente recogido por la prensa nacional.

“No obstante no ser la acción constitucional de protección una acción popular”, agrega la acción legal, “se hace presente que este video emitido y difundido por el recurrido, además de afectar directamente al recurrente quien es una persona viviendo con VIH; ha causado indignación, revuelo y críticas transversales en la opinión pública, incluido el Colegio Médico”.

Víctor Hugo Robles valoró la determinación de la Corte Suprema porque “obliga al Ministerio de Salud a informar sobre las (sin) razones de la elaboración de una campaña cuestionada por las organizaciones sociales, corporaciones médicas y parlamentarios comprometidos en la materia”.

Del mismo modo, afirmó: “Permitirá mayor participación de las organizaciones sociales y cuidado en los mensajes preventivos que se envían a la población, garantizando el respeto a los Derechos Humanos de las personas que vivimos con VIH/SIDA en Chile”.

“La discriminación y criminalización por parte del Estado de Chile es ilegal y éticamente reprochable, porque son precisamente los funcionarios e instituciones públicas las obligadas de respetar la Ley de Sida que establece la no discriminación a las personas que vivimos con VIH/SIDA”, remarcó el activista.

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