La determinación fue dada a conocer a través de un correo electrónico a sus proveedores y afecta a un millón y medio de niños sujetos al programa. Diputada Natalia Castillo lamentó la decisión en medio del retroceso en los niveles de alimentación y el aumento de la desnutrición en medio de la pandemia.
Empresas concesionarias y gremios de trabajadores acusan al servicio de evadir su responsabilidad ante la falta de productos y retrasos del beneficio
