Autoridades de la zona valoran la medida temporal en tanto favorece a los trabajadores y a la actividad industrial del Biobío. No obstante, esperan que se establezcan de forma definitivas los aranceles del 24,5% y del 35,5 % durante este Gobierno.
Esta indagatoria de la Comisión Antidistorsiones (nombre del regulador) se inició tras la denuncia, a fines de octubre, de la siderúrgica Huachipato del grupo CAP por la importación de estos insumos claves para la gran minería del cobre.
El otro escenario que estarían tanteando los controladores de ambas empresas, sería desarrollar las faenas mediante un solo puerto. No obstante desde Oceana se sostiene que aquello incurre en ilegalidad.
La directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana, Javiera Calisto, calificó la medida como un paso histórico para la protección de ecosistemas de la zona.
Soquimich, Lan Chile, Entel y Endesa fueron algunas de las empresas públicas privatizadas durante los últimos años de la dictadura, en un proceso caracterizado por la falta de transparencia que contribuyó a la concentración de poder económico actual.
