Aún faltan tres años para que concluya este gobierno, pero en las circunstancias actuales Bachelet ya exhibe todos los síntomas del “pato cojo”. Una solución política que contemple a un ministro del Interior fuerte, que efectivamente ejerza el liderazgo, y a una Presidenta dedicada a cortar las cintas de pomposas inauguraciones parece ser una salida viable. Sería la forma local y momentánea de contar con un semi-presidencialismo al estilo francés.
No hay duda que la caja abierta luego de la última denuncia del SII está dejando una lista de recriminaciones, defensas corporativas, dardos al actual gabinete y una “cocina” de acuerdos. ¿Cuál es el siguiente paso? Se preguntan muchos. El “caiga quién caiga”, las soluciones transversales de la “vieja guardia” o un mensaje más enérgico que considere “sanciones morales” o convocar a la AC. Los casos Penta, SQM y Caval están poniendo en el banquillo a la clase política.
En medio de las recientes revelaciones sobre una lista de personas –en la que figuran políticos y personas vinculadas a funcionarios públicos-, que habrían entregado boletas falsas a Soquimich, la clase política se defiende de estas acusaciones. Primero, fue el senador y flamante presidente de la DC, Jorge Pizarro quien salió al paso de estas imputaciones, y más tarde fue la misma Presidenta Bachelet quien llamó no destruir la “honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto”. Sin embargo, desde el oficialismo se alzan voces críticas frente a quienes se han visto involucrados en el caso SQM.
Mediante una declaración pública, un grupo de militantes de la Democracia Cristiana exigen que los militantes de la Falange que estén involucrados en la emisión de boletas y facturas falsas “suspendan voluntariamente, y desde ahora, el ejercicio de sus derechos militantes y entreguen al Tribunal Supremo del Partido y a las autoridades encargadas de investigar, todos los antecedentes que obren en su poder”, como es el caso del senador y recientemente electo presidente de la colectividad, Jorge Pizarro. Además, anunciaron que este lunes presentarán una petición ante el Tribunal Supremo de la DC para que inicie una investigación sobre este caso.
El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, del Partido Por la Democracia (PPD), asegura que su gestión se ha puesto a la vanguardia ante la crisis política. A su juicio medidas como enviar propuestas a la Comisión Asesora Presidencial contra la Corrupción es botón de muestra de esto. No obstante, le preocupa cómo el Gobierno y la Nueva Mayoría enfrentarán el duro reproche de la ciudadanía que las últimas encuestas han revelado. Además el parlamentario sabe que en su período enfrentará un juicio popular al Parlamento y a quienes emitieron boletas ideológicamente falsas a empresas como SQM, incluso aventurando que en los próximos días tendrían que enfrentar la salida de sus cargos de algunos legisladores.
El gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, y el vicepresidente de Finanzas de la minera no metálica, Ricardo Ramos acudieron a las dependencias de la Fiscalía a entregar sus declaraciones en torno de este caso, tal como lo hiciera el 16 de marzo pasado, el presidente de la compañía Julio Ponce Lerou. A la salida de la diligencia, de Solminihac expresó su tranquilidad con respecto del desarrollo de este proceso. Luego fue el turno del ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse, quien se retiró sin hacer declaraciones.
Durante el fin de semana, los medios tradicionales de la prensa chilena dieron cuenta de las opiniones de viejos –y también cuestionados- estandartes de la política local como Jovino Novoa y Ricardo Lagos. Es curioso que el ex subsecretario de Augusto Pinochet, y el ex presidente que a fines de los años 80 apuntó su dedo en contra del dictador, estén de acuerdo en un diagnóstico: rescatar la institucionalidad actual.
En los 25 años de post dictadura nunca antes la clase política había enfrentado un momento tan crucial como el que se vive hoy, luego que se empezara a correr el telón que cubre la estrecha relación entre el dinero y política. Algunos personeros hacen llamados a transparentar el financiamiento de las campañas electorales, mientras otros se muestran cautelosos y piden dejar que las instituciones funcionen como siempre lo han hecho.
Personeros de la Nueva Mayoría auguran “chivos expiatorios” y se muestran partidarios de una política de “caiga quien caiga”, ante la crecida de la arista SQM del Caso Penta. Los rumores han dado paso a divisiones internas y acusaciones sin nombre, que de todas maneras buscan sancionar duramente a quienes recibieron recursos ilegales para sus campañas o emitieron boletas ideológicamente falsas.
